Yucatán, mayas luchan contra molinos y cerdos

SAN CRISANTO, YUCATÁN.- Las paredes de la oficina ejidal son una galería de reconocimientos a la conservación ambiental: el Equator Prize, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2010; el de la Ruta Solidaria del Chocolate (una regatta de veleros trasatlántica), por el esfuerzo de turismo solidario, en 2009; el Arbor Day Award, en 2006; el más reciente, el Energy Globe National Award, en 2015. También está el Premio al Mérito Ecológico que da la Secretaria de Medio Ambiente mexicana (Semarnat) a grupos y organizaciones que realicen acciones, proyectos o programas “con gran impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable de México”.

Aunque no es temporada vacacional, las actividades en la oficina comienzan antes de que amanezca, con un café. Las autoridades nos explican los diferentes proyectos que han llenado de premios sus paredes durante dos décadas: los recorridos por el manglar recuperado por el ejido (construyeron 11 mil metros lineales de canal), las cabañas ecológicas junto al mar, la producción de sal y la plantación de 3 mil árboles de coco a la semana.

El amanecer en esta orilla del caribe es alucinante: hacia un lado la noche con luna brilla sobre el mar; hacia el otro, el sol rojo tiñe las olas de un rosa intenso. Las cabañas están a un par de kilómetros de cualquier civilización.

Hacia adentro del ejido, el recorrido por el manglar dura unos 90 minutos. Los mosquitos aquí son capaces de traspasar la mezclilla para chupar la sangre, pero cualquier ataque parece insignificante ante la plenitud que dejan los espejos del agua traslúcida. Es un paraíso en el norte del estado de Yucatán, a dos horas de camino de la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos, el hábitat natural del flamingo mexicano.

Pero ni la quietud paradisiaca, ni los premios, ni lo bien organizados que están en esta comunidad, ni el éxito de su proyecto productivo son suficientes para impedir la llegada del monstruo que todo lo engulle: el “desarrollo”, que ha llegado a esta región en forma de parques eólicos.

El antropólogo Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, nos muestra en un mapa la ubicación de los 9 parques eólicos y 6 solares que se han autorizado en Yucatán en los últimos años.

Nadie está en contra de la energía renovable, dice el investigador. Lo que no parece tener sentido es que “acabes con miles de hectáreas de selva para instalar un parque solar”, o que “pongas unos aerogeneradores gigantes donde vuelan los flamingos”.

Lo que no parece tener sentido, coincide Xavier Moya, coordinador del programa Reducción de Riesgos de Desastres del PNUD–México, es que sobre un proyecto exitoso de desarrollo comunitario se impongan megaproyectos de desarrollo que no van a dejar ningún beneficio en la comunidad.

Yucatán ha sido un paraíso ajeno a la guerra que vive el resto del país, en buena medida porque no tiene minas, ni petróleo, ni nada que pudiera ser de interés para la industria extractiva. Su violencia se reduce a la pobreza que dejó en varias regiones del estado el declive de la industria henequenera y la falta de interés de la élite política en los pueblos mayas.

Pero esa tranquilidad se acabó cuando llegaron las nuevas formas del “capitalismo verde” que, en palabras de Silvia Ribeiro, directora para latinoamérica del Grupo ETC, usa la devastación ambiental y la necesidad de generar energías renovables como una “excusa de moda” para invadir territorios indígenas y campesinos, apropiarse de sus bosques para vender bonos de carbono, instalar grandes parques eólicos y solares, y desarrollar lo que llaman “intensificación agropecuaria sustentable”.

¿Qué significa esto? Que los mismos que han provocado el problema ahora venden las soluciones. Y los gobiernos se las compran a precios muy altos.

El patron es más o menos el mismo: las empresas llegan a una comunidad y convencen a ejidatarios individuales de vender o rentar su tierra; primero les ofrecen beneficios sociales: que van a tener escuelas, un buen trabajo en la empresa, que van a dejar de pagar por la energía. Aprovechan las necesidades de la gente y usan palabras que son extrañas a los pueblos, como eólicas o fotovoltáicas. Luego, les ofrecen dinero, y como ultimo recurso vienen las presiones y amenazas; los ejidatarios que se niegan son cercados por las áreas que se van cediendo a las empresas.

Es lo que le ha pasado a Severiano Gutiérrez Celis, comisario ejidal de Sinanché, que ha sido hostigado y perseguido por oponerse a las eólicas. Gutiérrez Celis nos cuenta que él no sabía nada del tema hasta que fue a un taller con el Equipo Indignación.Su ejido, a diferencia de San Crisanto, no tiene un proyecto productivo, por lo que la comunidad está dividida, pues hay quienes ven en la oferta de la empresa una oportunidad de salir de la pobreza.

En buena medida, la suerte de San Crisanto está ligada a la de Sinanché.

Y no son los únicos. A unos 160 kilómetros al sur de San Crisanto, por ejemplo, la empresa Sun Power promueve la construcción de dos parques solares en los municipios de Muna, Ticul y Sacalum. Es uno de los proyectos que surgieron de la subasta de energía eléctrica a largo plazo de 2016 (derivada de la reforma energética de 2013) e incluye la instalación —en una superficie de 767 hectáreas de tierras privadas y ejidales— de un millón 227 mil 200 paneles fotovoltaicos, una subestación eléctrica elevadora, una línea eléctrica de transmisión, una red de caminos, un de conducción de energía y un edificio de operaciones.

El problema es que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, solo para el proyecto más grande (Ticul A), se desmontarán 455 hectáreas de “vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia”.

“El tema de las energías renovables es un tema que nadie se imagina que va a afectar al pueblo, sobre todo estando en las zonas henequeneras muertas, que nadie trabaja”, dice Cristina Muñoz, del equipo Indignación.

“Yo no me puedo oponer nunca a la energía eólica, a lo que me opongo es al modelo económico que eso representa. Es decir, el pueblo debería de tener su generador, su aerogenerador sus páneles solares y que todo el pueblo tenga la luz gratis, pero nada de eso ocurre”.

 

 

Hasta el momento, en Yucatán están detenidos 6 de los 9 proyectos aprobados por la Secretaria de Energía. Hay otros 9 particulares que siguen funcionando. Foto: Ximena Natera