La resistencia desde la fe

Rompieron el paradigma que pondera a la pobreza como una virtud, que exige “dar la otra mejilla”, y pide esperar a la “justicia divina”. Son laicos y religiosos de la iglesia católica, son en su mayoría indígenas, y su fe ha sido vínculo y motor para transformar su sociedad, defender su tierra y detener a la industria extractiva

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA, CHIAPAS.- El sonido grave de una caracola precede el caminar de una larga fila de hombres y mujeres que recorren las veredas, al paso lento que marca el sonido del tambor y el pito. Entre dos van cargando una bandera de México, y tras ella caminan quienes llevan estandartes de la virgen de Guadalupe, de San José y de los santos de distintas parroquias. Más grandes aún, son las pancartas con las leyendas “No a la extracción de petróleo”, “Rechazo a la implementación de la construcción hidroeléctrica en el Valle del Tulijá”, “No a la extracción de hidrocarburos”, “No queremos minería en nuestro territorio”, “Respeto a la Madre Tierra”.

En distintos poblados de Chiapas, esta ceremonia es presidida por diáconos indígenas y sacerdotes de la iglesia católica, quienes “a Dios Padre y a la Madre Tierra” por la vida que provee a los hombres y las mujeres. La escena se repite cada vez con mayor frecuencia. En Palenque, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua, Chilón, Oxchuc, Ocosingo, Las Margaritas, Chapultenango, Rayón, Ixtapanajoya y decenas de otros municipios de las zonas indígenas de Chiapas, donde aseguran que la pobreza, la enfermedad y la muerte no son voluntad de Dios y que “no hay fe sin justicia”.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas realizó, en enero de 2014, el Congreso de la Madre Tierra, donde religiosos y feligreses organizados en lo que nombran Pueblo Creyente, trazaron líneas de acción para cuidar la tierra y rechazar los cada vez más insistentes proyectos empresariales y gubernamentales de extracción de bienes naturales.

Sin saberlo, se adelantaron a la llamada “encíclica verde” que el Papa Francisco emitió en mayo de 2015 donde hace una severa crítica al sistema de desarrollo capitalista basado en la sobre explotación de recursos y acumulación de riqueza y mandata a los fieles a cuidar y defender lo que llama “la casa común”. Nueve meses después, en febrero de 2016, durante su visita a Chiapas, el Papa alabó a los pueblos indígenas por su relación con la naturaleza “a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”. Hizo referencia al despojo y contaminación tierras, ocasionados –señaló- por personas “mareadas por el poder, el dinero y las leyes del mercado”.

“Defiéndete”

“¿Cómo mirar a Dios y sentirme digno, si dejo que mancillen mi casa?”, se pregunta Diego Santiz Hernández, coordinador de la liturgia de la parroquia San Juan Evangelista, de San Juan Cancúc.

A Diego se le ve en las reuniones contra minas y represas, en oficinas gestionando escuelas para su comunidad, y entre los coordinadores del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), organismo que se creó en 2013 al amparo de la Diócesis de San Cristóbal, ante el anuncio gubernamental de que por ese territorio pasaría la autopista de cobro entre San Cristóbal y Palenque.

“Se empezaron a dividir las comunidades porque algunos dijeron que sí iban a vender sus tierras y otros que no. La pregunta que se empezó a hacer es ¿para qué les sirve a las comunidades esa carretera? Vimos que no había ningún beneficio, que iba a destruir algunos lugares que para nosotros son sagrados. Nos organizamos en el Modevite y meses después el gobierno tuvo que cancelar el proyecto”, recuerda.

Su historia de resistencia había empezado años antes: entre el 2000 y 2002, cuando se organizó con el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales del Estado de Chiapas (COMPITCH), porque inversionistas farmacéuticos amparados con instituciones de investigación, llegaron a sus comunidades para implementar el proyecto Bioprospección, Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Altos de Chiapas, conocido como ICBG Maya.

“Llegaron a preguntar sobre las plantas, para qué servía y daban un dinerito para que recolectaran –cuenta-. Cuando ya las traían, les daban 50 o 100 pesos de recompensa. Dijeron que era bien para las comunidades porque después traerían libros y algunos medicamentos. Era un engaño, lo que querían era patentar las propiedades de las plantas para después venderlas. Estas colectas que estaban haciendo le llaman biopiratería y bioprospección”.

Diego Santiz y el COMPITCH lograron detener este proyecto, al evidenciar que no había ninguna legislación que protegiera y regulara el acceso a los recursos genéticos y biodiversidad de los territorios indígenas.

Luego vino otra embestida: “En 2002 llegaron los de la CFE abriendo caminos. Empezaron a construir una casa de máquinas, ya iban a empezar a construir una presa sobre el río Chacté”. Y de nuevo, el pueblo se organizó y frenó la hidroeléctrica.

La formación que le dio haber participado en los movimientos contra los proyectos de bioprospección y la represa, construyó en Diego, su familia y otros pobladores de su región, una conciencia sobre la riqueza en sus tierras. Así, formaron la organización Chik-najik-yan (Nace Otro, en tseltal) y empezaron a realizar campañas de sensibilización sobre el impacto que el Plan Puebla Panamá –hoy nombrado Proyecto Mesoamérica-, traería en sus comunidades. Diego aprovechaba las ceremonias religiosas y las reuniones de las comunidades para divulgar su mensaje.

“Las autoridades de gobierno me empezaron a decir que eso ya no era religión, que era política, que estaba mal y que dividía comunidades. Yo sabía que eso no era así porque desde la llegada de Tatik Samuel (Samuel Ruiz, obispo de la Diócesis de San Cristóbal entre 1959-1999) nos enseñó todas estas injusticias que se han hecho a los indígenas no estaban bien”.

A consecuencia de su activismo, en 2004 Diego Santiz fue encarcelado varias semanas. Al salir, las autoridades ejidales le retiraron sus derechos en la comunidad. A sus hijos y familiares les negaron la posibilidad de asistir a la escuela y a asambleas comunitarias. Diego y su familia fundó otro poblado, Oniltic, y ahí gestionaron nuevas escuelas y defensa del territorio.

No pudieron arrebatarle su cargo como coordinador de la liturgia de la parroquia. “Si está pasando algo, hay que tomar de la palabra de Dios cómo lo vamos a hacer (solucionar). Dios no vino para decir ´quédate así nada más´, sino ´defiéndete´”.

Fe y política

Abelardo Cruz Jiménez es fundador del poblado Amador Hernández, en el corazón de la selva Lacandona. En la década de 1970 él, sus padres y otras familias huyeron a este lugar alejado a más de ocho horas de camino desde la capital, y donde apenas hace un par de años abrieron una vía de acceso desde la carretera más cercana.

Abelardo acudió al Primer Congreso Indígena de Chiapas que convocó Samuel Ruiz en 1974, cuando sembró la semilla de lucha.

“Fuimos entendiendo que la pobreza, la enfermedad y la muerte que padecíamos, no era voluntad de Dios (…) La idea era unir la fe y la política hasta llegar a algo como ´fe-política´ en una sola palabra, ya que para nosotros no son dos cosas, sino una realidad”, rememoran en el libro 25 años del Pueblo Creyente.

“La fe tiene fuerza en la medida en que se convierte en una acción hacia la transformación de la sociedad”, señala Jorge Santiago Santiago, quien formó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Como promotor del Congreso de la Madre Tierra, que se realizó tres años después de la muerte de Samuel Ruiz, ve en la “defensa del territorio la batalla final frente a los mecanismos de apropiación del territorio y despojo”.

Arturo Estrada Acosta es sacerdote jesuita y director de la Misión de Bachajón, puerta de entrada a la zona tseltal de las cañadas, en donde tienen una de sus fortalezas más amplias el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Él refiere que la fe de la Diócesis de San Cristóbal, “es una fe concreta. No hay fe sin justicia. La lucha, la defensa, la construcción de alternativas van de la mano de esa fe (...) Se trabaja en construir alternativas económicas, políticas y sociales que se contrapone al proyecto capitalista”.

“Hoy sabemos que tenemos un límite, y el límite es ecológico. Sabemos que tenemos que construir una ´vida buena´ desde el respeto a la naturaleza, a la tierra. Los indígenas saben eso desde hace mucho tiempo, porque ellos no han perdido el contacto con la tierra”.

 

La presión contra esta forma de ver el trabajo de la Diócesis, que encabezó Samuel Ruíz, fue permanente y alcanzó su nivel más alto en los meses previos y posteriores al alzamiento zapatista de 1994. Con el objetivo de poner una cuña al trabajo de Samuel Ruiz, el Vaticano nombró en 1995 al dominico Raúl Vera López como obispo coadjutor en la Diócesis, quien no tardó en asumir como propia la posición de Samuel Ruiz, lo que le valió su remoción en 1999.

En el año 2000 Samuel Ruiz fue obligado a abandonar la Diócesis y en su lugar fue nombrado obispo Felipe Arizmendi Esquivel, quien dice que la Diócesis “ha realizado una evangelización integral, progresista y hasta revolucionaria, aunque a algunos le suene escabrosa esa palabra, esa es la verdad. Una revolución no significa una vía armada. Se trata en este caso de una Iglesia liberadora que nos invita a que defendamos la vida de las personas y los pueblos”.

Los ahorros para la resistencia

En noviembre de 2016 el movimiento contra la industria extractiva que coordina el Modevite recorrió en una peregrinación 11 municipios de Chiapas. La organización duró un año y la intención era extender las protestas contra los megaproyectos.

“Dijimos que es una lucha en todo el territorio y que hay que hacer saber a las autoridades que ha avanzado la explotación, pero también la resistencia de los pueblos. En cada parroquia empezaron a platicar y se decidió hacer una movilización más grande, una como la que se hizo en 2014, cuando 16 mil personas nos reunimos cada uno en su parroquia, para protestar y así logramos detener la construcción de la autopista a Palenque”, recuerda Marcelo.

Para las manifestaciones en el municipio de Tumbalá, cada familia de la comunidad entregó frijol, arroz, tortillas, café, azúcar y leños para la mantener el fuego. Otras más prepararon pan. Alimentar a esta peregrinación exigió a las familias ahorrar durante varios meses.

“Nosotros decimos que si no somos capaces de alimentar a los hermanos y hermanas durante las movilizaciones, entonces no estamos preparados para la resistencia”, señala Graciela, una de las mujeres de esta comunidad. “Nuestra fortaleza es la capacidad que pueda tener cada pueblo para organizarse y para mantenerlo materialmente”. Ella ahorró la venta de los huevos de sus gallinas y la cosecha de su café.

Durante cada reunión, cada encuentro, cada marcha o peregrinación, la comunidad donde se lleva a cabo se organiza para alimentar y hospedar quienes asisten. A veces basta una taza de café y un poco de pan, otras un poco de frijol y tortillas. En Tumbalá, los feligreses también aportaron música para amenizar la comida.

Los zoques del norte

En el 2016 el pueblo zoque -ubicado en el norte de Chiapas- supo que 84 mil 500 hectáreas de su territorio estaban en proceso de licitación para construir 12 pozos para extraer hidrocarburos. Entonces conformaron el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra (Zodevite). Para su lucha pidieron el acompañamiento del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de San Cristóbal. En pocos meses recogieron los principios de su propia cosmovisión indígena y la trayectoria organizativa que ya traían los pueblos vecinos apoyados por los religiosos.

A la organización comunitaria le sumaron la documentación y seguimiento puntual a la consulta que el gobierno federal está obligada a hacer a los pueblos indígenas y así evidenciaron las fallas que la institución tuvo en este proceso de consulta. Promovieron una marcha-peregrinación semejante a las que realiza el pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal, y un día antes de que se realizara, el 21 de junio, la Secretaría de Energía (SENER) anunció que la sacaba del proceso de licitación.

El pueblo zoque sabe que esta suspensión es provisional, pero tiene claro que su fortaleza es su identidad indígena y su organización.

María Sánchez Álvarez, habitante de la comunidad Los Sánchez, del municipio de Chapultenango, es una activa promotora de este proceso. “Como indígenas vemos diferente la vida y el territorio. Para nosotros no es un producto comercial, no lo vemos como ganancia ni como empresa, sino como una fuente de vida no solo para nosotros sino para toda la gente que se beneficia del aire y de la vida de nuestros bosques, que toma el agua y los alimentos que produce nuestra tierra”.

María Sánchez reconoce esta cosmovisión como un común denominador de los pueblos indígenas de la región, ellos no se asumen como propietarios de la tierra, sino como sus cuidadores y defensores. “Nosotros no pensamos que los recursos naturales sean una oportunidad de hacernos ricos, sino es una oportunidad de seguir viviendo. Como pueblos indígenas, como dueños verdaderos de estas tierras, nosotros la compartimos con gusto, pero no de esa manera, no para enriquecerse”.

El costo de organizarse ha sido alto. Silvia Juárez, habitante de Tecpatán, lugar donde desde 2016 se construye la ampliación de la hidroeléctrica Chicoasén, fue encarcelada al inicio de las protestas contra este proyecto y contra la apertura de pozos de hidrocarburos.

La acusaron de secuestrar a funcionarios públicos que buscaban la aprobación de las comunidades para ambos proyectos. Le iniciaron un proceso por los delitos de motín, daños y secuestro. El día que las autoridades dijeron se había dado el secuestro, Silvia no se encontraba en la comunidad. Este es un patrón que se repite a lo largo de los procesos para imponer megaproyectos en todo el país. Ella tuvo que pasar 35 días presa y le amenazaron con detenerla de nuevo si volvía a su comunidad. Igual que en el caso de Diego Santiz y de muchos otros activistas, la cárcel y el destierro no bastó para detenerla y apenas al salir de la prisión, continuó con las protestas.

“Yo quiero dejar algo bueno para mis hijos. No quiero que un dia me muera y no haya hecho algo para cuidar su futuro. Cuando me llevaron a la prisión les dije: no tengan pena que su mamá esté en la cárcel, no es una pena alzar la voz”.

 

PODCATS: La lucha del pueblo zoque

 

Vivir a contracorriente y entre amenazas se ha vuelto común en estas tierras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares para el sacerdote Marcelo Pérez, tras las amenazas constantes en su contra. ¿Cómo creer que la autoridad que promueve los proyectos contra los que te opones, pueda darte seguridad? El sacerdote decidió confiar su vida en los catequistas que las comunidades nombraron como sus cuidadores y quienes por turnos hacen las veces de “guardaespaldas”.

Ricardo, uno de ellos, divide su tiempo entre el cuidado del sacerdote, la atención a sus hijos y su preparación como catequista. Aspira a ser uno de los diáconos indígenas que se han formado en la Diócesis, y mientras literalmente no pierde de vista al religioso, escucha atento los planteamientos que se hacen en las comunidades.

Xochil Leyva Solano, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha acompañado y analizado desde hace varias décadas los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades indígenas de Chiapas. Para ella, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas está cosechando la siembra que plantó Samuel Ruiz hace ya medio siglo. Sabe que los pueblos indígenas lograron penetrar las entrañas de la Iglesia católica para impulsar una “iglesia.

liberadora”.

“Cuando pensamos que las trasnacionales iban con todo, ganando los territorios, cuando pensábamos que los pueblos estaban domesticados nuevamente en una fase del capitalismo, salen y gritan nuevamente”.

Para continuar haciendo frente al actual modelo de desarrollo capitalista y el extractivismo que viene aparejado, la investigadora considera que el siguiente proceso que se está construyendo son los movimientos autonomistas, como el Consejo Indígena de Gobierno fundado en mayo pasado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN.

 

 

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