La lucha de Júba Wajiín contra la Ley Minera

Los indígenas me´phaa de San Miguel del Progreso, en La Montaña de Guerrero dijeron no a la destrucción que dejarían las minas en su territorio y llevaron la resistencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la mano de Tlachinollan, pusieron contra las cuerdas la Ley Minera, que facilita a las empresas la ocupación de tierras. No modificaron la ley, pero cancelaron toda posibilidad de que una mina se instale en su San Miguel

 

MALINALTEPEC, GUERRERO.- Al terminar el rosario en la iglesia, Valerio Mauro Amado Solano vuelve a casa para ofrendarles a los principales del pueblo el caldo de gallina y las tortillas de maíz que se cocieron en el fuego sagrado. Esta ofrenda busca proteger a los abogados de Tlachinollan y tener procesos judiciales sensatos. Los habitantes San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, confiaron la defensa de su territorio en las instituciones y en su cosmovisión me´phaa.

Es 21 de junio de 2017, día en que los habitantes de esta comunidad, también llamada Júba Wajiín, cumplen con la creencia de sus antepasados: rezan para proteger al pueblo, incluidos los malos, para que cambien de parecer.

En esta mesa quedó la lista de nombres que el “tata” Donato leyó en la cocina. Lo mismo estaba Abel Barrera Hernández, el director de Tlachinollan; Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Enrique Peña Nieto. Ningún nombre sobra si se trata de cerrarle el paso a las empresas mineras. Sobre todo si Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, dos territorios de más de 40 mil hectáreas repleta de minerales, en los que reposa parte de San Miguel, están otra vez a la merced de los empresarios.

Las mujeres participan en las tareas de la cocina: sirven el caldo, envuelven tortillas, lavan trastes o reparten dulces de pan. A todas las invitó doña Guadalupe, la esposa de don Valerio, para sacar el compromiso de la ofrenda.

Don Valerio hace varias reverencias cuando le entrega la comida al “tata” Donato, su hermano mayor y el principal más longevo en la cocina. Así cierra un día de compromisos: la ofrenda de los rezos, el rosario como rezandero del pueblo; y la sesión del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la comunidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, en su faceta de presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso.

Por la noche ve el documental El mineral o la vida, que le regalaron los abogados de Tlachinollan, donde se explica el plan de las empresas mineras de terminar con el corazón hidrológico de la región Costa Chica-Montaña. Valerio tiene más de 60 años, pero su energía aparenta la edad de un joven.

“Nací y crecí aquí y nunca me imaginé que íbamos a tener problemas por la minería. Que nos quisieran sacar de nuestra propia tierra”, dice Pedro Flores, un compañero de lucha de don Valerio, durante un recorrido entre las comunidades. Por eso a él y los otros pobladores, les interesa conocer los daños e intereses detrás de la mina.

La biodiversidad y el agua de la región Costa Chica-Montaña se concentran en las 157 mil 896 hectáreas donde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero impulsó la Reserva de la Biósfera, un supuesto proyecto de conservación del ambiente que concentraba todo el territorio que en el 2016 llegaron a concesionar las empresas mineras.

En el camino hay un cerro grande y cubierto de bosque que cubre en sombra casi todo el pueblo de San Miguel del Progreso. Es el Tepilzahuac o el San Marcos mayor, uno de sus lugares sagrados.

Los habitantes de este pueblo me´phaa dejan en este cerro la petición de lluvias, las oraciones por rayos de sol, los ruegos por buenas siembras, las bienvenidas y despedidas de los años.

En las veredas que circundan la región hay matas de plátano, árboles de papaya y mango, sembradíos de maíz y plantas de café. Aquí cobra sentido lo que después dice Víctor Albino Agustín, el presidente del Consejo de Vigilancia de San Miguel: “nosotros tenemos tres climas. Allá abajo tenemos caliente, acá templado, y allá arriba frío. O sea, tenemos una tierra sagrada”.

La resistencia legal

Sí. La tierra de San Miguel es sagrada. Pero el valor que tiene para quienes la habitan y para quienes quieren comprarla no es el mismo. Unos quieren cuidarla para vivir aquí, otros quieren explotarla. 

Miguel Mijangos, de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), explica por qué la tierra de San Miguel es motivo de deseo: “el problema es que abajo está el oro y la plata”.

Los primeros en darse cuenta de que el suelo de San Miguel es rico en oro y plata fueron integrantes de Tlachinollan, cuando en 2009 descubrieron que la Secretaría de Economía había otorgado 38 concesiones mineras en el territorio de Costa Chica-Montaña.

En un recorrido de campo en Zitlaltepec, comunidad de Metlatónoc, ubicaron la mina de San Javier en desuso, propiedad de la familia guerrerense Larequi Radilla, dedicada al transporte. Entonces también Paraje Montero, otro núcleo agrario de Malinaltepec, tenía firmado un convenio de exploración hasta 2014 con la empresa Camsim Minas.

Los hallazgos los empujaron a las brigadas de información en las comunidades sobre los efectos de la minería.

Tlachinollan tenía la experiencia con Carrizalillo, una comunidad de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero afectada por la instalación de una mina. En 2007 los abogados emprendieron una lucha y lograron un mejor pago anual de la canadiense Luismin (después absorbida por Goldcorp) para los ejidatarios por la renta de sus tierras: 13 mil 500 pesos por hectárea. Los ejidatarios reciben ahora un pago siete veces mayor, nunca tan alto como el nivel de la devastación de su ambiente.

San Miguel del Progreso es una de las tres primeras comunidades en rechazar la minería después de recibir la información de Tlachinollan: el 13 de septiembre de 2013 inscribieron su acta de rechazo en el Registro Agrario Nacional. Ahí comenzó la resistencia legal. “Si no hubiera sido por la información que nos dieron los licenciados de Tlachinollan… Son los que nos vinieron a informar, nos explicaron que sin darnos cuenta ya estábamos concesionados”, dice don Valerio esa tarde de junio.

Tlachinollan y San Miguel lograron revelar, a través de solicitudes de información, que la Secretaría de Economía concesionó más de 40 mil hectáreas en dos predios de su territorio: Corazón de Tinieblas, con el número 237861, y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, con la serie 232560.

El primero abarca una extensión de 37 mil 531 hectáreas de verde bosque y cafetales a nombre de la minera británica Hochschild Mining, y el segundo concedía 3 mil 394 hectáreas a la empresa mexicana Zalamera, de acuerdo al mapa creado por la organización.

En los antecedentes de la Hochschild Mining figuran trabajos mineros en el Perú, con reporte de accidentes de empleados por falta de equipo en las minas que explota, como en la subterránea de Arcata, Arequipa. El trabajo de Zalamera se centra sólo en la exploración de los terrenos.

Con esta información y cuatro años de trabajo comunitario, los abogados de Tlachinollan y los habitantes de San Miguel presentan el 15 de julio de 2013 una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito con dos peticiones: la cancelación de las dos concesiones y una revisión a los artículos de la Ley Minera.

Siete meses después, el juez Jorge Eduardo Espinosa Luna resolcvó el amparo de manera parcial en favor de San Miguel del Progreso: anuló las concesiones mineras otorgadas a Hochschild y Zalamera porque no se garantizó a la comunidad su derecho a audiencia, pero omitió la revisión de la Ley Minera.

Los argumentos del juez para no revisar esta Ley los sostuvo en que los abogados de Tachinollan sustentan su tesis en omisiones legislativas, que en la Ley de Amparo resulta un recurso improcedente.

Maribel González Pedro, la abogada de Tlachinollan que llevó el caso, dice que nunca plantearon el amparo más allá de que los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

Con esos artículos le asigna la ley un estatus de prioridad a la actividad minera, acredita a las empresas mineras concesiones hasta por 50 años y les garantiza derechos para expropiar tierras.

La cancelación de las concesiones tampoco procede de manera inmediata porque la Secretaría de Economía impugnó la resolución.

La resistencia llega a la Corte

Debido a que el juez decidió no revisar los criterios de la Ley Minera, Tlachinollan buscó que lo hacieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2015 consiguió que la ministra Olga Sánchez Cordero adoptara el caso e iniciara un juicio de revisión, lo que garantizaba un estudio de la inconveniente de la ley.

La intención de la organización era una modificación a la Ley Minera, donde quedara explícito los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier ingreso a su territorio.

Pero la Secretaría de Economía pidió a la SCJN el 9 de septiembre de 2015 sobreseer este juicio de revisión, porque las dos concesiones en las tierras de San Miguel del Progreso estaban canceladas desde julio y septiembre pasado. El primer amparo a favor de la comunidad así lo dictó.

La percepción de la abogada Maribel González es que la dependencia de gobierno evitó a toda costa la revisión del marco normativo minero vigente, ante la posibilidad de que se asentaran criterios legítimos de los pueblos y comunidades indígenas del país sobre su derecho a la consulta para cualquier ingreso a su territorio. Con la modificación a la Ley Minera no sólo San Miguel podría decir no a las mineras, también cualquier pueblo indígena.

A la par, la Secretaría de Economía dejó al descubierto la predilección por la actividad minera: el 24 de noviembre de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de estas dos concesiones y otra vez la liberación del terreno.

Es decir, que a los 30 días siguientes Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de nueva cuenta estarían a disposición de las mineras en las ventanillas de la Dirección General de Regulación Minera.

Al final, la Corte acató la petición de la Secretaría y sobreseyó el caso el 25 de mayo de 2016. Dicho en otras palabras, terminó con el trámite de revisión y así la posibilidad, esta vez, de alguna modificación a la Ley Minera.

Después de saber la decisión de la Corte, Tlachinollan acuerdó con la comunidad buscar un segundo amparo ante el Juzgado Primero de Distrito contra la declaratoria de la libertad de las tierras, porque el gobierno federal no se detendría ahí. Este segundo amparo, presentado el 11 de diciembre de 2015, buscaba dejar sin efectos la decisión de la Secretaría de Economía de volver a poner a disposición de las mineras los dos predios liberados.

Tlachinollan y los habitantes de San Miguel no consiguieron modificaciones a la Ley Minera, pero tampoco dejaron ninguna posibilidad de invasión.

Mientras tanto, el caso avanzaba en otro sentido: las empresas desistían de 22 de las 44 concesiones en la región Costa Chica-Montaña, equivalente a 32 mil 616 hectáreas aún concesionadas. Y es que en 2016, según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la región de la Costa Chica-Montaña acumulaba 44 concesiones mineras, equivalente a 142 mil 430 hectáreas.

Hasta aquí San Miguel del Progreso se erige como la primera comunidad indígena en sentar la revisión de la Ley Minera en el ámbito judicial que, aun cuando no lo consigue, deja el antecedente para que cualquier pueblo del país que rechaza la minería siga este camino e insista en su modificación. Cualquier otra comunidad puede volver a pedir la Revisión de la Ley Minera. 

Pero la lucha sigue. Una de las concesiones vigentes es Toro Rojo, un predio que incluye al San Marcos mayor, el cerro sagrado de San Miguel, y extensiones de otros pueblos de la Montaña.

La resisencia me´phaa

Con los rezos en casa de don Valerio, los principales del pueblo encargaron a sus antiguos buena conciencia para el juez que debía resolver este segundo amparo.

En esta lucha los habitantes de la zona han aprendido mucho. Don Valerio, por ejemplo, habla con mucha soltura de los conflictos mineros en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y  hasta conoce el caso de El Zapotillo, Jalisco, que explica en una frase: ricos embotelladores intenta llevarse el agua hacia Guanajuato sin considerar al pueblo. O don Víctor, quien está convencido que el cianuro utilizado en las minas a cielo abierto, como Carrizalillo, “es lo que más afecta a todos, a animales y a todo”.

Para el rezandero Alberto, la minería “todo lo destruye”.

En San Miguel destruiría árboles tropicales, neblina, flores, lluvia, pinos altos, el frío y el calor, café, tierra fértil, nubes cargadas de agua, maíz, pájaros, árboles curativos, cielo azul y sol brillante. Un paraíso de 4 mil 449 hectáreas (extensión del núcleo agrario, que forma parte del interés de las mineras) y 3 mil 800 personas. Quién podría cambiarlo por un infierno.

“Tiene mucho poder este rezo”, dice don Alberto sobre el ritual de invocar a las almas para pedir por el bien de su gente.

Desde la esquina de la mesa, sentado en dirección al fogón de la cocina, el “tata” Donato dice frases en me’phaa. Alrededor de él hay más hombres que mujeres. Son autoridades y principales del pueblo que las repiten. Se trata de plegarias con los nombres de la lista de los abogados, ministros y autoridades del país.

Siete días después de aquella tarde en la comunidad me’phaa Júba Wajiín, la jueza Estela Platero Salado les concedío el segundo amparo contra las facultades de la Ley Minera. Dicho de otra manera, canceló la posibilidad de que cualquier empresa minera pida concesiones en sus dos predios, si no hay antes una consulta a sus habitantes.