Las amenazas para el pueblo wixárika provienen de diferentes frentes: el Estado mexicano, los empresarios, los ganaderos y el crimen organizado. Para enfrentarlas, las comunidades han usado todas las vías posibles: legal, política, cultural y educativa. Desde 2000 han enviado a sus jóvenes a estudiar a universidades privadas para tener las armas de sus adversarios. La apuesta no siempre ha dado buenos resultados
MEZQUITIC, JALISCO.- “Si fuera por el gobierno o las empresas, ya hubiera desaparecido el régimen comunero”, suelta convencido Ubaldo Valdez Castañeda, un hombre que ha estado en la resistencia desde que nació. Antes que él, fueron su madre y sus tíos quienes pelearon para mantener y resguardar la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán.
Los wixárikas son uno de los pueblos que más han peleado para mantener pura su tradición cultural, usos y costumbres. Asentados en la Sierra Madre Occidental en las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños (Waut+a y Kuruxi Manuwe), entre los municipios de Mezquitic y Bolaños, al norte de Jalisco, y La Yesca y El Nayar, en Nayarit, los miembros de estos pueblos han confiado en sus autoridades tradicionales las decisiones, basadas en la unidad, seguros de que “solamente así se va a poder lograr algo”.
Y lo han logrado: en 2013, con el Frente Salvemos Wirikuta y tras una serie de manifestaciones, apoyo internacional, conciertos masivos y acciones legales obtuvieron un amparo para frenar los proyectos mineros que pretendían explotar la zona sagrada de Wirikuta, lugar donde -según su cosmovisión- se creó el mundo, y donde el sol salió por primera vez.
En 2017, tras 40 años de conflicto con ganaderos y luego de un litigio de una década ante tribunales agrarios, consiguieron las primeras dos ejecuciones forzosas para la restitución de 184 y 63 hectáreas en Huajimic, Nayarit, que estaban posesión irregular de ganaderos y la particular Enriqueta Montoya Ultreras. Ese mismo año, después de 17 años de gestión, lograron que su centro ceremonial en la isla de los Alacranes fuera declarado como sitio sagrado patrimonio cultural de interés estatal.
“Hay que resistir contra los diferentes embates en este mundo tan cambiante en el que estamos. Tenemos que resistir contra el gobierno, contra los diferentes actores externos de la comunidad, luchando, organizándonos, tomando decisiones”, dice Valdez Castañeda, quien tiene claro que la unidad ha sido clave en esas victorias: “Si hiciéramos una lucha aislada no se hace visible nuestra lucha”.
La apuesta: formar cuadros
Al territorio wixárika sólo se llega después de más de seis horas de trayecto por carreteras y brechas que conducen a casas de abobe habitadas por hombres, mujeres y niños que visten ropa de manta con bordados coloridos, en los que destaca el venado azul. Rico en recursos naturales, por décadas ha sido asediado por los intereses capitalistas y de grupos del narcotráfico, lo que ha implicado para los pueblos hacer frente al hostigamiento, persecución, desplazamiento, agresiones físicas y procesos amañados desde las oficinas de gobierno.
Las amenazas no son pocas: la empresa minera canadiense First Majestic pretende concretar la explotación de oro en el sitio sagrado de Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí; ganaderos y particulares les despojaron e invadieron más de 10 mil hectáreas en Huajimic, La Yesca, Nayarit; persiste la destrucción del sitio sagrado en la Isla de los Alacranes (Xapawiyemeta), en el Lago de Chapala, pese a que está protegido; la amenaza de destrucción de su sitio sagrado Tatei-Niwetsika por la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces en el rio San Pedro Mezquital, en Nayarit; el acoso de grupos del narcotráfico para apropiarse de sus tierras y el hostigamiento oficial durante las peregrinaciones y ceremonias por el uso del peyote.
Para hacer frente a todas esas amenazas, los wirárikas decidieron hace tiempo que el núcleo de su lucha sería la unión de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlán, San Andrés Cohamiata y Bancos de San Hipólito.
Así, a través de sus propios métodos, coordinados desde su Asamblea, han definido las estrategias para defender su territorio.
La Asamblea está conformada por toda la estructura de gobierno tradicional y agraria (gobernadores tradicionales, comisarios tradicionales, presidente de cultura, consejos de mayores, comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia). Es la base principal de la comunidad.
Hace dos décadas, la Asamblea determinó elegir a cinco miembros de cada comunidad para enviarlos a la ciudad a estudiar. Los requisitos eran saber leer y escribir.
Así, desde el año 2000, más de 50 jóvenes de esas comunidades han sido elegidos para estudiar Derecho, Derechos Humanos, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, Topografía y bachillerato.
Su estancia fuera de la comunidad ha sido solventada a través de convenios, el apoyo que obtienen a través de becas en escuelas privadas como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y públicas como la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual institucionalizó el programa de “Becas de inclusión universitaria” para alumnos de pueblos indígenas.
Durante ese año, un grupo de estudiantes con el apoyo de la rectoría del Iteso creó en Guadalajara la Unión de Estudiantes Wixaritari (UJEW) como un espacio de orientación y apoyo para los jóvenes wixaritari que llegan a la ciudad a continuar sus estudios. Ahí se les brindaba alojamiento y alimentación, además se hacían labores de gestión de recursos para el sostenimiento de la organización y los miembros y se preservaba la identidad cultural.
Santos de la Cruz Carrillo fue uno de los elegidos para estudiar derecho en una escuela privada en la zona metropolitana de Jalisco, a donde migró en 2002. Durante su estancia fue apoyado por la UJEW, donde al poco tiempo se convirtió en un activo importante y colaboró en la gestión de recursos.
Tras graduarse como abogado, regresó a Bancos de San Hipólito, Durango, desde ese momento la comunidad le reconoció su compromiso, lo que lo ha llevado a ser nombrado representante legal, representante agrario, comisariado de Bienes Comunales y actualmente coordinador del Consejo Regional Wixárika. Su lucha por la defensa de Wirikuta y la recuperación de tierras invadidas ha sido de las más destacadas y visibles.
Un año antes, Claudio de la Rosa Váldez, de Taymarita, Mexquitic, Jalisco, llegó a la ciudad para estudiar Ciencias de la Educación en la misma universidad. Al terminar sus estudios, se integró como voluntario de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas donde se concentró en la creación del Bachillerato Intercultural de Santa Catarina Cuexcomatitlán, el cual se concretó y le mereció un reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía. Actualmente Claudio es autoridad, con el nombramiento de Secretario de la Comunidad.
También Agustín Vázquez Torres, de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, fue enviado a estudiar y se graduó como abogado con especialidad en Derechos Humanos por una universidad privada. Al terminar su preparación profesional regresó a la comunidad y la Asamblea lo nombró promotor comunitario y de los derechos indígenas.
Sin embargo, en mayo de 2017, unos meses después de graduarse y cuando estaba incrustándose en las tareas comunitarias reforzando la lucha wixárika desde la visión de la defensa de los derechos indígenas, fue asesinado por un comando armado junto con su hermano Miguel Vázquez Torres, defensor del territorio que logró una histórica restitución de tierras.
“No vamos a parar, cuando nos atacan nos refuerzan más”, dice Santos de la Cruz.
Miguel Vázquez Torres, fue asesinado meses después de esta entrevista
Sentencia de muerte
La tierra fértil de la enorme sierra norte de Jalisco donde grandes encinos y pinos ocultan las brechas y veredas que conectan ese estado con Nayarit y Zacatecas, camufla los campos de amapola, base para la heroína que se exporta a Estados Unidos.
En la década de los años 90, Los Zetas se apoderaron de esa zona para la siembra y trasiego de mariguana, situación que cambió en 2001 cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, se internó en la serranía para esconderse y la lucha por el territorio intensificó la violencia. Fue hasta 2010, cuando con apoyo de grupos aliados de Jalisco, logró desplazar a Los Zetas de la zona y con el dominio total empezó a sembrar amapola y extraer la goma de opio. Años más tarde, la asociación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación posibilitó la expansión de este grupo criminal a otras zonas serranas con la oposición de las comunidades indígenas que, entre amenazas, fueron testigos de cómo estos grupos criminales invadieron la sierra para operar sin restricciones.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional reflejan la magnitud del dominio que tienen los grupos del narcotráfico en la franja fronteriza serrana entre Jalisco y Nayarit. Según el Monitoreo de Cultivos de Amapola, presentado en junio de 2016, estos dos estados figuran entre los ocho con mayor incidencia en siembra de amapola en el país y es una de las tres grandes regiones en el crecimiento de cultivos ilícitos. Además, existe un patrón de cultivos de mariguana y amapola con alta densidad en el norte de Jalisco y al sur en su frontera con Michoacán.
Estas actividades fueron denunciadas en diversas ocasiones por Miguel Vázquez Torres, ex presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan de Bolaños, quien se oponía al trasiego de droga en las comunidades indígenas e impulsó la recuperación de sus tierras.
Para la comunidad, el dominio que tienen grupos del crimen organizado en la zona norte de Jalisco, donde se asientan los wixárikas, así como en las tierras recuperadas en la frontera con Nayarit, está relacionado con el asesinato de sus líderes, las amenazas constantes y la complicidad de las autoridades.
“Amenazas siempre nos llueven a las comunidades, a veces no entendemos la delincuencia organizada, qué gente hay, si son policías, no entendemos porque llegan a las comunidades nada más a tratar de intimidar, basculear gente y en la noche ¿cómo nos damos cuenta si son policías o no?”, cuestiona Santos de la Cruz.
Valdez Castañeda coincide en que es un tema muy delicado: “En los últimos años los cárteles mexicanos se han empeñado en buscar nuevos territorios para sus intereses y como las comunidades estamos tan cerradas, pues son territorios vírgenes que hasta ven como conquista. Nadie lo dice, pero eso está pasando — dice — . Para nosotros es nuevo, y sumamente delicado, estamos razonando cómo lo vamos a enfrentar, para empezar tenemos que hacer conciencia con los propios comuneros para que no se involucren en esos actos ilícitos”.
En enero de 2017, la comunidad wixárika de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños anunció la creación de una policía comunitaria para defender a la población de grupos criminales.
Tres meses antes, Vázquez Torres encabezó la ejecución de la sentencia de restitución de 184 hectáreas en Huajimic, Nayarit, en medio de amenazas por parte de los ganaderos de la zona y la presunta presencia de personas armadas.
Pero la lucha legal por recuperar 10 mil hectáreas de tierras ancestrales en esa zona y su rechazo al trasiego de droga en sus comunidades, fueron su sentencia de muerte: la noche del 20 de mayo de 2017 fue asesinado, junto con su hermano Agustín, por hombres armados que ingresaron a la comunidad en camionetas todoterreno. Las investigaciones señalan como responsables a miembros de grupos del narcotráfico y apuntan a la presunta complicidad de autoridades de Bolaños.
La fuerza de la madre tierra
Tres días después del doble asesinato de Miguel y Agustín Vázquez Torres, se alimentó a Tatewari (abuelo fuego) y las fogatas prendieron en el sitio sagrado de Wirikuta, donde solo se llega luego de caminar por la sierra durante dos horas, entre cactáceas que al esconderse el sol simulan miles de personas. Ahí se renovaron las velas de la vida y las autoridades se liberaron espiritualmente de los compromisos asumidos para la defensa de Tatei Yurienaka (madre tierra).
En las primeras ocho horas del 24 de mayo, bajo las constelaciones con Tatewari y el hermano Venado Azul de testigos, el Consejo Regional Wixárika sacrificó un becerro de 150 kilos y su corazón fue entregado a las deidades cuando Tayau (padre sol) se asomaba de nuevo.
Las autoridades wixárikas ofrendaron híkuri (peyote) recolectado en su peregrinar de 24 horas hacia el sitio sagrado, cantaron, encendieron las velas de la vida, se comunicaron con los dioses, escucharon su parecer a través del Mara’akame y exigieron justicia para sus hermanos.
Luego, ante Tayau y Tatei Wexica Wimari (madre águila) los compromisos de fortalecer la unidad, la defensa de los lugares sagrados y de no permitir la imposición de ningún megaproyecto, se refrendaron con la entrega de las velas bañadas de la sangre que brotó del cuello del becerro al ser sacrificado en honor a los dioses.
“Exigimos que se investiguen y se esclarezcan los hechos por parte de las autoridades competentes para que este doble homicidio no quede impune, por el contrario se castigue a los autores materiales e intelectuales”, dijo Sofía Mijarez, coordinadora de la Mesa de Comunicación del Consejo Regional Wixárika (CRW).
Con el becerro ofrendado a los dioses, refrendaron el compromiso
de no permitir la imposición de los megaproyectos
Quizá sea difícil para un fuereño entender todo el significado de la ceremonia y de esa demanda de justicia ante la tierra. Pero los wirárikas lo tienen muy claro: “En las comunidades wixáritari le tenemos tanto cariño a la madre tierra que la lucha la hacemos por la vía legal, la vía política y la vía cultural. Es una lucha que se unifica en una Asamblea, que es el espacio de consulta, de análisis, de decisión. Para nosotros es democracia. Hablar de la madre tierra es hablar en otro nivel”, explica Valdez.
Participación de mujeres
Sofía Mijarez (Aukwe en wixaritari), originaria de San Andrés Cohamiata, fue una de las elegidas por la comunidad para estudiar derecho, sin embargo, en ese momento ella cursaba la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Durante más de un año, estudió las dos licenciaturas al mismo tiempo, pero después la carga escolar la obligó a abandonar derecho con el permiso de la comunidad.
En 2015, se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Iteso. Días después retornó a su comunidad y tomó protesta ante la Asamblea para ser nombrada Coordinadora de la Mesa de Comunicación. Ese nombramiento la llevó a convertirse en la primera mujer en formar parte del CRW.
“Hemos salido como 50 de la comunidad, pero no todos terminaron porque es muy difícil mantenerse en la ciudad”, relata.
“Cuando recién me nombraron fue como ayudante de la mesa de comunicación y me sentí bien porque las autoridades pensaron en mi sin yo saber o decirles algo, yo sentí que estaba bien, porque lo decidieron las autoridades. Después me nombraron como coordinadora y aunque es pesado me siento afortunada de cumplir con la comunidad y los lugares sagrados. Mi trabajo está comprometido con la comunidad, sobre todo por lo que significa la defensa de los sitios sagrados. No se ve mucho la participación pública de las mujeres y es difícil, es un reto, aunque para mí se compensa porque las autoridades son mayores y tienen experiencia y aportan su conocimiento y nosotros les aportamos”.
La comunidad, dice Sofía, apoya en los estudios de sus elegidos con casa y alimento, pero aún así, varios no pudieron sostenerse en la ciudad; de los que sí concluyeron, unos regresaron a la comunidad y los demás se quedaron en la ciudad como traductores o intérpretes. “El estudio nos ha ayudado para poder devolver a la comunidad, pero es una cuestión de conciencia, porque no todos regresan”.
Los “peligros” de la occidentalización
Ubaldo Valdéz Castañeda (Niuweme en wixaritari) ha ocupado diversos cargos como autoridad. Desde su perspectiva, la formación de cuadros profesionales para fortalecer a la comunidad, como estrategia, no ha dado todos los frutos esperados, debido a que antes de que retornen a sus comunidades el gobierno estatal actúa y los capta para integrarlos como intérpretes o traductores.
Tal fue el caso de Dianna Guadalupe Montoya Eligio, de San Andrés Cohamiata y Maurilio Moreno Montoya, de Tuxpan de Bolaños, quienes migraron a la ciudad para estudiar derecho y tras graduarse decidieron no retornar a su comunidad pues se integraron a la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para desempeñar los cargos de “Traductor de lengua wixárika”.
Esto, dice, puede ser “un arma de doble filo” pues dejan de servir a su pueblo y su cosmovisión se occidentaliza.
“De los jóvenes que se van a estudiar creo solo el 1 por ciento tiene la conciencia comunitaria”, lamenta el comunero, quien ve como un riesgo en el desarraigo de la gente. “Los profesionistas nos volvemos peligrosos en nuestra comunidad, porque aprendemos una cultura diferente y uno ya no quieren regresar a la comunidad. Nada más está el romanticismo de la cultura wixárika, pero en la conciencia ya no es el wixárika que salió de ahí. Estos cuadros sí son buenos, pero a la vez son peligrosos”.
"No vamos a parar, cuando nos atacan
nos refuerzan más”: Santos de la Cruz
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