29 de agosto de 2016
Los crímenes
JETHRO RAMSÉS: Lo detuvieron, apareció muerto y torturado 10 días después
Jethro Ramsés Sánchez fue detenido por elementos del Ejército el 1 de mayo del 2011 en la Feria de la Primavera de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Diez días después su cuerpo aparecía sin vida, con señas de tortura, en un camino vecinal del estado de Puebla, a dos horas del lugar de donde se lo habían llevado.
Ese 1 de mayo Jethro acudió a la feria con compañeros de un equipo de fútbol, a celebrar un partido. Hubo una riña que los involucraba. Jethro se acercó con otro amigo a ver qué ocurría. Llegaron policías municipales que acusaron a Jethro de ostentarse como miembro de la delincuencia organizada. Los policías llamaron a los federales para pedir apoyo. Los federales llegaron, detuvieron a Jethro y su amigo Horacio Hernández y los entregaron a los soldados, que llegaron en un convoy de 3 camionetas con 20 elementos aproximadamente. Los federales, concluiría después la CNDH, realizaron una detención arbitraria porque debieron presentarlos ante el Ministerio Público de inmediato y dejarlo asentado. Los soldados se llevaron a los jóvenes. A Jethro lo subieron a la primera camioneta, a Horacio a la segunda. Los llevaron a un cuartel de la 24a zona militar.
“Lo trasladaron a la carpintería de la unidad (lugar que con frecuencia utilizan citados oficiales para interrogar a las personas detenidas o involucradas con la delincuencia organizada, dentro del cuartel militar). En el interrogatorio participaron los tenientes Orizaba y Guerra, Legorreta Álvarez y el subteniente Aguilar Guerrero (…) por los golpes que los oficiales en mención le propinaron al civil y aunado al estado de ebriedad en que se encontraba, se comenzó a convulsionar”, dijo un soldado, cuyo nombre se omite en el expediente, ante el MP militar durante la investigación del caso.
En su declaración ante la CNDH, Horacio, el joven que iba con Jethro, recordó que una persona que vestía pantalón de mezclilla lo golpeó en la cara y los pies. También dice que se acercó otra persona con uniforme camuflado y botas, como las de los soldados; que ésta persona le vendó la cara, lo esposó y lo llevó a un vehículo, al parecer una camioneta. Luego añade que al llegar a un lugar, le ordenaron bajar y permanecer hincado. Allí comenzaron a interrogarlo sobre Jethro y la delincuencia organizada. Minutos después, escuchó que las personas que lo interrogaban cortaban cartucho a un arma. Tenía la cabeza tapada. Luego se la colocaron en la cabeza, lo pusieron de pie y lo subieron nuevamente al vehículo para trasladarlo a otro lugar. Entonces lo liberaron; ahí lo encontraron policías de Miacatlán, Morelos. Horacio les dijo que le habían asaltado. Tenía miedo de que le pasara algo si contaba lo que le acababa de pasar.
Pero a Jethro no lo liberaron y la familia emprendió la búsqueda del joven.
“Ellos, los soldados, decían que estaban buscando a gente que tuviera problemas legales o delictivos. Mi hijo estaba en el lugar equivocado. Es evidente que algo anormal habían hecho los militares porque cuando fuimos a buscar a nuestro hijo, a preguntar si lo tenían, lo negaron. Al tercer día de desaparecido estas gentes lo negaron y la policía municipal, la federal, la milicia firmaron el documento diciendo que no tenían conocimiento de Jethro cuando después se supo que sí tenían que ver”, relata el padre.
El soldado de infantería Cristhian Abisay Andrade Rodríguez, declaró al ministerio público lo que escuchó y vio ese día de la detención dentro del cuartel militar: “Comenzando a escuchar gritos muy fuertes, como de dolor, pasando media hora de que estaba gritando y de repente ya no se escucho nada, y observé que sacaron al civil, todavía caminando, lo sentaron en la parte trasera de la camioneta siglas 0821303, se veía muy cansado y comenzó a convulsionar, como un ataque, llamando al de sanidad sin que pudiera reanimarlo para después informar a los oficiales, los cuales corrieron a todo el personal de tropa subiendo al civil muerto a la camioneta 0821307 saliendo los cuatro oficiales de las instalaciones con rumbo desconocido”.
“Posteriormente se procedió a subir al detenido a la camioneta militar y después procedió a retirar al personal de la tropa, quedando únicamente los oficiales, el teniente Orizaga, el teniente Albañil y el de la voz, y que yo me quedara con él en la parte de atrás de la camioneta, de ahí salimos con rumbo desconocido (…) Empezó a manejar el teniente Albañil quien manejó por más de una hora, era un terreno boscoso y posteriormente entramos a un área fuera de la carretera y ahí fue donde llegamos a depositar el cuerpo. Cuando salimos de la carretera encontramos un terreno despejado donde depositamos el cuerpo, estuvimos apoyándonos entre los tres oficiales para excavar con una pala y un pico alumbrándonos con lámpara de mano (…) Aproximadamente excavamos un metro o un metro y medio de hondo y un metro 70 cm de largo por 60 cm de ancho donde enterramos el cuerpo, donde lo desnudamos (…) Eran como entre 3 y 430 de la mañana…”, declaró Edwin Aziel Aguilar Guerrero, subteniente de infantería.
Fueron precisamente las autoridades militares las que encontraron el cuerpo del joven en un paraje de Puebla La Ocotera-Tochimilco, diez días después de la desaparición, el 11 de mayo del 2011. En el certificado de defunción se estableció que murió por traumatismo craneoencefálico y asfixia por enterramiento. Tres meses después se logró la identificación del cuerpo, como perteneciente a Jethro.
La Sedena informó en un comunicado el 6 de julio del 2011 que dos oficiales subalternos habían sido consignados por el crimen.
“Mi hijo fue enterrado vivo”, dice su papá, “le echaron ácido muriático para tratar de deshacer el crimen… fue una muerte espantosa la que tuvo mi hijo. A mi hijo se le encontraron golpes, tenía un daño en el cráneo que fue lo que aparentemente lo mató, tenía tierra en los pulmones lo que significa que aún estaba vivo cuando lo enterraron”.
“Yo lamento esto porque ellos tienen familia, hijos, no les da vergüenza con su mujer, su madre, sus hijos lo que fueron capaces de hacerle a una persona? A mi me da pena por sus familias, obviamente que no tienen nada que ver con esto”, continúa el señor Héctor Sánchez.
“Argumentaron que no lo detuvieron. Luego argumentaron que él se había presentado como integrante de un grupo delictivo y que iba a matar a alguien. Lo detienen, no trae armas ni drogas, lo debieron llevar al MP. No lo hicieron así. El Ejército se lo llevó. Argumentaron que él iba muy ebrio y se ahogó y se murió… lo que han hecho es tratar de desvanecer el delito. El delito está totalmente claro, están tratando de meter una estrategia que está de moda, argumentar que fueron detenidos de manera ilegal para alargar el proceso en su contra… ya van 4 años de proceso judicial y me preocupa que pueda quedar impune”.
“Minutos después, escuchó que las personas que lo interrogaban cortaban cartucho a un arma”.
Actualmente hay tres soldados en proceso judicial en la vía civil, sin embargo el coronel al mando no ha sido sometido a proceso.
“Jethro era un chavo con una calidad humana normal, no era un santo, era un muchacho normal, le gustaba la fiesta, era responsable en su cuestión de trabajo, como hijo, como amigo, buscaba tener relación de gente con la que se pudiera contaminar de algo positivo”.
“Jethro era un muchacho que le gustaba salir adelante. Vendió un carrito que tenía y se fue a trabajar a Estados Unidos para aprender inglés. Regresó, se inscribió en una maestría, estaba listo para titularse, hizo proyectos… su sueño era que nuestra empresa familiar fuera algo mayor, que dejara de funcionar como taller mecánico, que fuera algo más”.
JORGE PARRAL: matar, criminalizar y desaparecer
La mañana del 24 de abril del 2010 un convoy de 14 camionetas de hombres armados llegaron hasta el puente internacional de Camargo, en Tamaulipas, levantando las armas al vuelo y gritando:
“¡Venimos por el panochón que le habló al ejército!”
Los empleados del puente se escondieron bajo las mesas de revisión y los que alcanzaron corrieron a esconderse a las oficinas. Según contaron después al ministerio público, una parte del grupo armado entró a las instalaciones y preguntó por el jefe. Jorge Parral era el responsable del puente, pero ese día era su descanso y a cargo estaba una empleada.
La mujer dijo que ella solo era responsable del turno, pero que el jefe estaba en su cuarto –una habitación acondicionada en las instalaciones del puente- y los condujo hasta allá. Los hombres armados entraron a la habitación donde Jorge descansaba en pants, lo jalaron de los brazos y se lo llevaron. También se llevaron una camioneta Cherokee blanca, propiedad de Jorge. Al arrancar los vehículos e irse del lugar, los hombres armados dispararon al aire y gritaron:
“Esto les pasa por andar pidiendo a los soldados”.
Al día siguiente, ni Jorge Parral ni Óscar García, fiscal de Aduanas, llegaron a trabajar al Puente. Jorge tenía 38 años de edad y desde el 2003 estaba contratado por Caminos y Puentes Federales, los últimos dos y medio en Camargo. Óscar también había sido secuestrado por el grupo criminal.
En esa zona, en esos tiempos, la violencia era común. A diario se escuchaban los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, una vez balacearon los transformadores y dejaron sin electricidad al municipio, incluido el puente fronterizo. Por eso, Jorge Parral escribió oficios a su jefe inmediato, José Alberto González Karam, el subdelegado de Operación de Capufe, para pedirle apoyo del Ejército y garantizar la seguridad de los usuarios y el personal. Desde Capufe le respondieron que no enviarían refuerzos, por falta de presupuesto.
Entonces los criminales llegaron por él.
Dos días después del secuestro, el 24 de abril del 2010, un convoy militar circulaba por la carretera federal de General Bravo-Reynosa cuando, según la versión de los soldados, un hombre les dijo que en un rancho cercano había movimientos extraños. Los militares se dirigieron al rancho El Puerto en General Bravo, Nuevo León y, de nuevo su versión, comenzó un enfrentamiento con hombres armados.
Los soldados avanzaron y encontraron dentro del rancho a siete personas tiradas boca abajo, tres de ellas atadas de pies y manos, quienes dijeron haber estado secuestradas. Encontraron también a otros tres hombres desarmados, a quienes les dispararon y mataron.
A uno de ellos, un el soldado le disparó en el abdomen, el muslo y la pierna izquierda, luego le dio 6 tiros en la cara, el cráneo y el tórax, tres de ellos a quemarropa, a menos de 2 centímetros de su piel. Esa persona era Jorge Parral, quien había sido secuestrada dos días antes por un comando armado.
Luego de dispararles, los soldados se acercaron a los cuerpos y a dos de ellos, uno el de Jorge Parral, les colocaron un par de armas junto a sus manos, con los cartuchos abastecidos.
Más tarde los uniformados informaron a sus superiores lo que ocurrió en el día: cómo los interceptó un hombre y les alertó del rancho, el enfrentamiento con los sicarios y la fuga de la mayoría de ellos. El Ministerio Público militar, con sede en Monterrey, decidió no ejercer acción penal contra los integrantes del 46 batallón de infantería porque, les creyó: el asesinato de las tres personas fue en defensa propia. Más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado que se difundió a nivel nacional donde señaló que durante un operativo en la frontera norte se rescataron a siete personas secuestradas, se detuvieron cuatro criminales y tres más fueron asesinados en defensa propia.
“Luego de dispararles, los soldados se acercaron a los cuerpos y les colocaron un par de armas junto a sus manos, con los cartuchos abastecidos”.
El día del enfrentamiento el ministerio público de Nuevo León llegó al rancho a realizar la inspección cadavérica y fe ministerial del enfrentamiento. Encontró, entre otras cosas, una camioneta Cheeroke color blanca con placas de Coahuila, con la puerta del piloto abierta y con daños en la carrocería por armas de fuego. Al interior de la camioneta había una credencial con fotografía perteneciente a Jorge Parral, quien se acreditaba como trabajador de Capufe, en ella estaba su tipo de sangre y el teléfono de su padre para comunicarse en caso de emergencia.
A pesar de que había su identificación en el lugar del crimen, y una denuncia por su desaparición. los cuerpos de Jorge Parral y de Óscar, fueron enviados a la fosa común.
La búsqueda de Jorge
Paralelamente, la familia de Jorge lo buscaba. “El mismo día del secuestro, que nos enteramos de lo ocurrido, viajamos desde Morelos hasta Reynosa para exigir a las autoridades que lo buscaran”, dice Jorge Parral, padre del joven. El mismo día del ataque y asesinato –sin saber la familia lo que habían hecho los militares- empujaron una denuncia ante la PGR para su localización.
Durante once meses la familia de Jorge lo buscó hasta que descubrió que la camioneta Cherokee -que los hombres armados se llevaron con él el día del secuestro- había sido decomisada en el ataque de los soldados. La familia jaló el hilo y llegó a la fosa común donde estuvo enterrado Jorge, sin nombre, mientras lo buscaban.
En la investigación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo del caso –recomendación 57/2013- concluyó que los soldados ejercieron excesivamente la fuerza contra Jorge, pues le dispararon a pesar de estar desarmado, a menos de un metro de distancia, además de que le “sembraron” armas para hacerlo pasar como un criminal.
Después de 11 meses del secuestro y asesinato de Jorge, la familia pudo enterrarlo. Lo hicieron el 27 de febrero del 2011.
Sin castigo
Por el secuestro, desaparición y asesinato de Jorge Parral y Óscar García se abrieron ocho averiguaciones previas, en las procuraduría estatal de Nuevo León, en la Militar y en la General de la República. Actualmente el caso está integrada en una, a cargo de la PGR.
“Los soldados le dispararon a pesar de estar desarmado, a menos de un metro. Le “sembraron” armas para hacerlo pasar como un criminal”.
Por su parte la Sedena intentó esconder la responsabilidad de sus soldados en el asesinato de Jorge y Óscar. Primero negó el registro de las armas utilizadas para el crimen y cuando la PGR comprobó que pertenecían a la corporación, señaló que ya no eran utilizadas y que el soldado a quien estaban asignadas no acudió a ese operativo. Además, interrogó a sus soldados casi un año después sobre el operativo del rancho, según consta en la recomendación que la CNDH hizo por el caso y que publicó el 21 de noviembre del 2013.
Una necropsia realizada por la CNDH a los cuerpos de las personas asesinadas por los soldados, demostró que ellos no habían disparado arma de fuego, pese a que tenían dos rifles en sus manos.
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Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.
“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".