A las 5.30 de la mañana del lunes 18 de abril de 2011, Jorge Otilio Cantú salió de casa camino al trabajo. Aunque se había licenciado en medicina, el joven trabajaba en un call center cada día, desde bien temprano, para practicar su inglés. Luego, a la salida, acudía al consultorio de su padre, el doctor Otilio Cantú y le ayudaba. Aquel día no era, parece, distinto de otros. La novedad en la vida de Otilio era que tenía dos semanas de casado.

Esa noche, al salir del trabajo, Jorge Otilio circulaba por la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey, cuando dos camionetas de la policía estatal se colocaron detrás. Luego, abrieron fuego. Jorge Otilio perdió el control de su camioneta y paró. Una de las camionetas de la estatal chocó con la del joven, aunque no demasiado fuerte. A continuación, los policías, que en realidad eran soldados en funciones de agentes estatales, bajaron de los vehículos, se acercaron y le volvieron a disparar, esta vez ya de cerca, en la cara, a menos de un metro, según pudo comprobar la investigación de la CNDH.

La versión oficial que la Secretaría de la Defensa Nacional dio a la CNDH cuenta que el joven murió en un fuego cruzado, cuando los soldados respondían a una agresión. Pero acuerdo a la investigación de la CNDH no hay pruebas de que se produjera tal persecución. En un video que le sirvió de prueba, encontró que no existió tal, sino que dos camionetas de la estatal seguían a Jorge Otilio por la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas. Tampoco encontró indicio de que les hubieran disparado.

En la camioneta del joven Cantú, los peritos de la CNDH contaron 29 impactos de bala, todos de atrás hacia delante, de fuera hacia dentro.
Enérgico, el doctor Cantú repasa los últimos cinco años, el proceso contra los militares y la reciente decisión de un juez federal de condenarlos. A cada rato salía la rabia, la incomprensión que le acecha desde lo ocurrido.

“¿Por qué lo hicieron, para qué lo hicieron? Qué saña tan terrible de esos señores, sicarios del Ejército como muchos otros sicarios del Ejército. ¡Pero es lo que les enseñan a estos señores! Les enseñan a matar, entonces salen a la calle y matan, y matan así. Porque ellos están pensando que están defendiendo a la patria de algo, pero lo único que están haciendo es matar. Mexicanos contra mexicanos”, dice en su casa, ubicada en Monterrey.


Borrar evidencia, alterar los hechos

Jorge Otilio Cantú fue asesinado, pero ahí no terminó todo. Al menos en tres ocasiones se intentó alterar la narrativa en que ocurrieron los hechos.

Primero, un arma y 3 cartuchos percutidos de 9 mm fueron colocados por uno de los soldados dentro de la camioneta de Jorge, según se resume en la sentencia condenatoria del proceso penal 158/2012. Esa sentencia recoge los dichos de uno de los soldados quien dijo que el arma la encontró tirada en el lugar y la colocó sobre el asiento del copiloto, cerca del cuerpo, “para que quedara debidamente asegurada y no se extraviara”.

Después, la versión oficial de la Sedena fue que había muerto en un fuego cruzado, según le informó a la CNDH en la investigación del caso.

Por último, los peritos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León determinaron que Jorge Otilio había muerto por disparos de bala en tórax y abdomen y en su peritaje omitieron los seis disparos que recibió en la cara. Esto eliminaría el hecho de que una vez detenido el vehículo, el joven recibió seis disparos en el rostro a menos de un metro de distancia. El doctor Cantú presionó a la autoridad judicial para que se incluyeran esos disparos, pues él mismo los vio en el cuerpo de su hijo, cuando estaba en el Semefo.

“Cuando vi el acta de defunción y vi ‘muerte de arma de fuego en tórax y abdomen’, lo primero que digo es bueno, ¿y lo del rostro, por qué no lo pusieron? Alguien les dijo, ‘eso no lo pongas’. Y eso no es por los soldados, es por la cadena mando. Acaba de decir el general Cienfuegos que [la cadena de mando] es desde el soldado hasta el general. Entonces, ¿quién les dijo que hicieran todo eso? Hay arbitrariedades desde el principio. La cadena de mandos es que está corrompida”.

Reynaldo Camacho era el capitán al mando de las cuatro unidades de militares adscritos a la agencia estatal, implicados en la muerte de Jorge Otilio. En sus declaraciones a la CNDH, los soldados dijeron que dos de las camionetas se perdieron durante la supuesta refriega, una de ellas la del capitán.

En este caso, como ocurre también en Tlatlaya, el Ejército y la justicia civil han obviado la cadena de mando. Los presos, condenados por homicidio, son elementos de tropa, con apenas formación.

“[Los soldados] ellos siempre declaraban en el juzgado: ‘yo no tengo nada que decir, todo fue como dije en la primera declaración, la declaración que Reynaldo Camacho firmó’”, recuerda el doctor Cantú. “Ese señor (el capitán) no está procesado, ni está en la cárcel. A lo mejor ya pasó a coronel. Ese señor está perdido. He tratado de ir a preguntarle por qué firmó algo que no vio. Si él se perdió, ¿por qué firmó un parte en que los soldados dicen algo que él no vio? Según el, llegó cuando ya había terminado la refriega”.
“¿Quién les dijo que hicieran todo eso? La cadena de mandos está corrompida”.
Además de los cinco soldados condenados por homicidio, la justicia civil castigó a dos militares a cuatro años de prisión por alterar el lugar de los hechos a cuatro años de prisión. El capitán al mando no fue procesado.

En la sentencia condenatoria 158/2012 se explica que los soldados involucrados tienen entre 21 y 33, la mitad con estudios de primaria (uno de ellos incompleta), otro con secundaria, otro con preparatoria y sólo uno con educación técnica universitaria. Los sueldos promedio que recibían era de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos quincenales.

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