Oswaldo Zavala
College of Staten Island & The Graduate Center
City University of New York (CUNY)

El 21 de enero de 1976, Michel Foucault condujo la tercera sesión de su curso “Defender la sociedad” en el Collège de France. Su línea de investigación proponía ese año un giro radical en la investigación de las lógicas de poder en el gobierno, las “instituciones disciplinarias” (las escuelas, el ejército, las prisiones) y la cuestión fundamental de la soberanía estatal. Según Foucault, la noción de soberanía sólo puede entenderse al dar por sentado un tipo de “unidad del poder” que permite explicar el ciclo de dominación entre sujetos dentro en un marco de legitimidad y legalidad.

Con su nuevo proyecto de investigación, Foucault articuló una “teoría de la dominación” analizando a “los operadores de dominación de las relaciones de poder”. Menos como el intento de fundar las razones que llevan a los individuos a someterse a relaciones de poder, Foucault buscaba entonces “mostrar cómo los fabrican las relaciones de sometimiento concretas” (50). Resistiéndose a conceptualizar el poder como el privilegio centralizado en la soberanía estatal del presidente o un primer ministro, por ejemplo, Foucault decidió examinar la manera en que las relaciones de poder producen a los mismos individuos que dominan.

Para fisurar la noción de soberanía, Foucault elije la práctica de la guerra como la tecnología central de dominación en la sociedad contemporánea, es decir, como el punto extremo de las relaciones de poder en la modernidad. Invirtiendo el célebre dictum del barón Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, Foucault propone comprender en cambio que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Con esta afirmación Foucault describe una constante en la supuesta paz de las democracias modernas: la guerra como el fundamento de todas las relaciones de poder, de todas las instituciones, de todos los marcos jurídicos, de todo rincón de supuesta viabilidad de la sociedad civil. Anota Foucault:

La ley no es pacificación, puesto que debajo de ella la guerra continúa causando estragos en todos los mecanismos de poder, aun los más regulares. La guerra es el motor de las instituciones y el orden: la paz hace sordamente la guerra hasta en el más mínimo de sus engranajes. En otras palabras, hay que descifrar la guerra debajo de la paz: aquélla es la cifra misma de ésta. Así pues, estamos en guerra unos contra otros; un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continua y permanentemente, y sitúa a cada uno en un campo o en el otro. No hay sujeto neutral. Siempre se es, forzosamente, el adversario de alguien. (56)

Tras la lectura de los seis testimonios reunidos en la investigación periodística Cadena de mando, el pensamiento de Foucault adquiere una inmediatez dramática. Las voces de los soldados entrevistados aparecen inmersas en un complejo sistema policial-militar que ha echado andar por el territorio nacional una estrategia de guerra homicida que ha trastocado profundamente las relaciones de dominación entre la sociedad civil y sus instituciones de gobierno. Este trabajo, lejos de confirmar la supuesta “guerra contra del narco” que emprendió en su momento el presidente Felipe Calderón, muestra un país asediado por las propias fuerzas del orden. Ni Los Zetas, ni el Cártel de Sinaloa, ni La Línea: una y otra vez aparecen las órdenes directas de altos mandos del Ejército Mexicano, la incitación a la violencia como primera reacción, el desprecio a la vida y la ausencia de compasión como código ético.

El mapa que ilustra el lugar de cada uno de los 3 mil 520 “enfrentamientos” entre militares y civiles estremece por la extensión generalizada de su violencia. Allí, donde se nos dijo que “cárteles de la droga” protagonizaron una guerra sin límites —Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán—, se registró una constante de horror para la sociedad civil: su ejército los atacó, los vejó, los asesinó. Más allá de una “guerra entre cárteles”, Cadena de mando registra una guerra, implacable, brutal, continua, pero desde instituciones del estado en contra de sectores de la sociedad civil, con frecuencia los más vulnerables, los desprotegidos, los marginales, a quienes se les siembran armas, se les acusa de ser “narcos”, se les victimiza, en fin, una segunda vez después del asesinato.

El testimonio de José, un soldado que patrulló las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo resume no sin estremecimiento:

“…el mando te dice ‘no hay pedo, mátenlos, que no quede nada vivo, ustedes mátenlos, yo los pago’, porque haciendo memoria en el Ejército sí me tocó recibir esa orden, que no queden vivos, los muertos no hablan. Esa era la norma número uno, los muertos no hablan, los muertos no declaran. Esa es la uno.”

Esta investigación periodística relocaliza a las instituciones militares como la condición de posibilidad de la violencia atribuida al narcotráfico entre 2006 y 2014. Entre las presidencias de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto median importantes diferencias en sus estrategias para el supuesto combate al crimen organizado, pero los altos índices de homicidios, violaciones a los derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, abusos de autoridad y flagrantes desacatos a toda norma civil y militar, sí revelan una misma tendencia disciplinaria excesiva e ilegal que esta década ha transformado numerosas regiones del país en zonas de guerra.

Las cifras son irrefutables: entre 2006 y 2014, 19 civiles han muerto por cada militar en los “enfrentamientos” que supuestamente deberían librarnos de la amenaza del crimen organizado. Esto es, 4 mil 046 civiles y 209 soldados. Otros 494 civiles resultaron heridos. Según el índice de letalidad establecido internacionalmente, el del supuesto combate al crimen organizado es desproporcionado, preocupante, inaceptable.

Ahora bien, los testimonios son cruciales porque revelan la perversa lógica sistematizada por el poder militar. Desde el entrenamiento se induce al soldado a aceptar una división esencial entre las fuerzas del estado y la sociedad civil en general, criminalizada de antemano aún antes de que comience la acción misma del patrullaje. Dice Alberto, uno de los soldados entrevistados:

“Nos capacitan para una guerra, no para andar en fraccionamientos, haciéndole de policía”.

Entrenamiento precario, basado en prejuicios y generalidades, dejan claro a los jóvenes soldados que su estrategia de acción es la violencia y su objetivo la aniquilación del supuesto “enemigo” de la sociedad.

Israel, soldado desde los 18 años, dice:

“Pensábamos, ‘si esto es una guerra, desgraciadamente va a haber muertos’. Desde que dices guerra, sabes que va a haber muertos. Realmente era algo verdadero, nunca he visto una guerra donde no haya muertos”.

Es significativo el lenguaje que utilizan los mandos militares para preparar a los soldados. El jurista alemán Carl Schmitt explica que la división esencial de lo político se basa en la distinción básica entre el amigo y el enemigo. En toda movilización colectiva, identificar correctamente a quienes comparten las ideas de un grupo y quienes se oponen a ellas, define todo espacio político de un modo general. Es importante, sin embargo, comprender que en la definición del enemigo el soldado no tiene injerencia alguna. La distinción de lo político es las más de las veces la prerrogativa de la élite gobernante. El soldado no decide la división entre el amigo y el enemigo, sino que actúa de acuerdo a ese previo posicionamiento de enemistad. Ante sus ojos, la guerra aparece como un fenómeno despolitizado, pues como advierte Schmitt, “la guerra no es el objetivo ni el propósito ni siquiera el contenido propio de la política” (34) porque en la conflagración lo político está, en efecto, acabado. Lo político existía mientras se dirimían diferencias entre actores políticos, pero la “guerra contra las drogas” ya no es proceso vivo, sino un acto político terminado cuyo único objetivo es la total aniquilación del supuesto enemigo.

La “guerra contra las drogas” de Calderón fue en gran medida el resultado de la dócil adopción del discurso securitario propulsado por la hegemonía estadounidense desde la década de 1980, con la administración del presidente Ronald Reagan que definió al narco como una supuesta amenaza a la seguridad nacional. Bajo el discurso securitario, y con la ayuda de mil 600 millones de dólares (distribuidos en los tres años de la “Iniciativa Mérida”) Calderón movilizó a miles de soldados y policías federales a las ciudades con mayor tráfico de drogas. Así se impuso en México la falaz emergencia de los cárteles de la droga como el enemigo en común no sólo del gobierno sino de la sociedad civil en general. Al naturalizar esa designación de enemistad impuesta por el discurso oficial, la opinión pública ha terminado por aceptar el horror de la estrategia de estado, según registra Cadena de mando: más de 150 mil homicidios, 30 mil desaparecidos y 280 mil desplazados.

La investigación de Cadena de mando reproduce el siniestro discurso que construyó la vaga imagen del “enemigo” del soldado común, indistinguible del resto de la sociedad civil. José, otro de los entrevistados, intenta explicar esa definición del enemigo que recibió en su entrenamiento:

“Tu enemigo es el sicario, es el narco. Te enseñan lenguaje corporal para saber identificarlos, te dicen algunas señas. Al principio (los narcos) traían camionetas o carros  con potencia de arranque, de ocho cilindros. Después todo eso cambió para despistarnos, ya andaban en motos, en coches de cuatro cilindros. Después nos la cambiaron, andaban una pareja con un niño, ya era bien difícil identificar a la maña. Antes ocupaban al típico pelón, tatuado, rapado, después nos la cambiaron con playeritas polo, bien cortaditos del pelo, los que eran sicarios de élite”.

Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional que recogen los periodistas de Cadena de mando, se ha movilizado desde 2006 a la fecha un promedio de 44 mil soldados en 553 municipios del país, donde invariablemente han confrontado el ataque de “agresores” que, se da por sentado, supuestamente estaban armados y habrían intentado atacar a los elementos del ejército. Adiestrados a producir resultados, los soldados admiten haber plantado armas y droga para justificar los enfrentamientos, con frecuencia ataques sin provocación en los que se dispara a un grupo de civiles por el simple hecho de conducir un vehículo con vidrios polarizados y por estar ocupado por hombres que en la imaginación del soldado conllevan una amenaza inmediata.

Como enseña Giorgio Agamben, el estado de excepción es la creación de las democracias modernas y no de los estados absolutistas. En Estados Unidos, como en los países europeos, se ha borrado la distinción entre la paz y la guerra para mantener a la sociedad civil bajo un permanente sitio de emergencia que valida la gradual militarización de las policías y su cada vez mayor propensión a la violencia ante la menor excusa. Bajo la necesidad inaplazable de una respuesta que desborde la ley, todo gobierno democrático echa mano de una dimensión de ilegalidad al declarar un estado de excepción en el que se suspenden las garantías y se rebasa el marco jurídico. Explica Agamben: “necessitas legem non babet, ‘la necesidad no tiene ley’, suele ser entendido en sus dos sentidos opuestos: ‘la necesidad no reconoce ley alguna’ y ‘la necesidad crea su propia ley’” (24). Bajo tal justificación, las más de 4 mil denuncias por graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2007 y 2011 pueden parecer secundarias para las administraciones de Calderón y Peña Nieto, enfocadas, se nos dice que por necesidad, en el combate al narcotráfico.

Tras la lectura de los testimonios de Cadena de mando, debemos inferir que el concepto contemporáneo de narco que manejan las instituciones militares y policiales no es sino un objeto construido por el discurso de seguridad nacional adoptado por la clase gobernante en México a mediados de los noventa y diseminado sistemáticamente entre los distintos niveles de las fuerzas armadas del país. La idea del “narco enemigo” que ha fundado la violenta estrategia de combate al crimen organizado a nivel estatal y federal está basada en un estado de excepción permanente. Pero es esa estrategia, y no los cárteles oficialmente imaginados, la que se muestra en esta investigación como la condición de posibilidad de la violencia misma. Es imprescindible entonces comprender los alcances de los mecanismos disciplinarios ordenados por el gobierno mexicano y ejecutados con eficacia por el Ejército. No encontraremos en esa circulación del poder, como creen algunas opiniones apresuradas, un “estado fallido”, sino por el contrario, la terrible expresión de instituciones políticas y militares organizando a sus soldados para saturar de violencia y destrucción regiones enteras del país que debían haber protegido del crimen organizado.

La noción de estado se ha convertido en el significante vacío que según el sociólogo Philip Abrams justifica las acciones de instituciones políticas que exceden la legalidad y que entran en esa nebulosa de ficción oficial llamada el “estado de excepción”. Por ello es crucial, dice Abrams, desarticular la idea abstracta de estado para someter a examen a las instituciones políticas que en su nombre incurren en todo tipo de ilegalidad. Intentar explicar una atrocidad cometida por una institución de gobierno a favor de la “seguridad nacional” es el método predecible para legitimar “algo que de ser visto directamente y por sí mismo sería ilegítimo, una dominación inaceptable” (Abrams 76). Cadena de mando es un proyecto periodístico que nos permite observar directamente a las instituciones militares en su injustificable e ilegítimo asedio a la población civil en nombre de un enemigo construido en la perniciosa fantasía del discurso oficial que ha desatado la guerra permanente en la sociedad mexicana. Cadena de mando interroga a nuestras fuerzas armadas, escucha el testimonio de sus soldados, y finalmente denuncia la criminal estrategia oficial que nos define a todos nosotros, con crueldad y alevosía, como enemigos de estado.

Bibliografía

Abrams, Philip. “Notes on the Difficulty of Studying the State”. Journal of Historical Sociology. Vol. 1, Núm. 1. (Marzo  1988): 58-89.

Agamben, Giorgio. State of Exception. Trad. Kevin Attell. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

Foucault, Michel. Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2000.

Schmitt, Carl. The Concept of the Political. 1932. Trad. George Schwab. Chicago: U of Chicago P, 1996.

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