En la UNAM desde hace unos años, han ganado visibilidad manifestaciones en las que estudiantes señalan públicamente a hombres que las han agredido. ¿No sería mejor limitarse a los cauces institucionales? Después de todo, desde 2016, la UNAM tiene un protocolo de actuación en casos de violencia de género. Las mujeres agredidas explican qué ocurrió cuando denunciaron
10 de octubre de 2017
Investigación y textos: Lydiette Carrión y Celia Guerrero
Fotos: Erika Lozano, Diana Esbrí, Celia Guerrero y María Fernanda Muñoz
Quienes estuvieron ahí, relatan que lo que más privó fue el azoro. Era el 25 de mayo de 2018 y la última clase del semestre de una materia de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hablaba la profesora y faltaba poco para que terminara. De pronto se escuchó un barullo en el pasillo. Eran mujeres. Mujeres jóvenes. Estudiantes. Encapuchadas. Gritaron consignas y entraron al salón. Los alumnos –y la profesora– se quedaron helados. Una de las encapuchadas leyó un comunicado; acusaba a uno de los jóvenes que se encontraba tomando clase de haber abusado sexualmente de una compañera durante una fiesta. El caso ya era conocido al interior de Ciencias Políticas, ya había sido ventilado en un “tendedero” de denuncias en la facultad.
Después de leer el texto que la profesora más tarde calificaría de desgarrador, las denunciantes se fueron.
Todos en el salón quedaron pasmados. La profesora, sin saber muy bien qué hacer, atinó a invitar a la reflexión. En Ciencias Políticas, las estudiantes ya habían colocado “tendederos” en los que escribían el nombre de compañeros o profesores que las han acosado o agredido. Ya habían escracheado a un profesor. Pero entrar a un salón en plena clase para señalar a un compañero era nuevo. Así que la profesora, sin llevar la atención al joven (que permaneció con la cabeza baja un buen rato y después se animó a dar su versión), atinó a preguntar qué opinaban, desde las ciencias sociales, en general.
Desde la práctica de escraches y tendederos, un cuestionamiento ha sido recurrente, no sólo en este, sino en infinidad de casos: Antes de señalar públicamente, ¿hay denuncia de los hechos ante las autoridades? ¿Se vale señalar por acoso, abuso o incluso violación a un profesor o alumno antes de hacer denuncia formal? ¿No sería mejor limitarse a los cauces institucionales? Después de todo, desde 2016, la UNAM tiene un protocolo de actuación en casos de violencia de género.
El 28 de marzo de 2016, Gabriela Nava, una estudiante de Ciencias de la Comunicación en la FES Acatlán, se dirigía a su escuela en un microbús retacado de otros estudiantes más. Iba de pie, distraída, con los audífonos puestos. Poco antes de llegar a su destino, otra estudiante la alertó de que un joven la iba grabando con el celular por debajo de la falda.
Gabriela lo encaró. Y al bajar los tres justo frente a la entrada de la FES, ella lo grabó con su celular y pidió ayuda a unos trabajadores de la UNAM, quienes dejaron ir al acosador; alegaron que los hechos se dieron afuera de las instalaciones.
Ese mismo día, la joven fue al área jurídica de la FES, donde el trato fue pésimo: “Me dijeron: ‘así como tú lo tienes en video, él te tiene en video’. En fin, hicieron todo mal”.
Unos días después, Gabriela hizo público su caso en redes sociales. La respuesta social fue abrumadora, tanto a favor como en contra. Como otras mujeres que han denunciado públicamente el acoso sexual, la joven recibió amenazas y burlas. Pero también apoyo e información. Se enteró de que el acosador era trabajador sindicalizado de la UNAM y laboraba en un campus de Odontología de Iztacala (pegado a la FES Acatlán). De la identidad de él “me enteré por mis propios medios”, contó. Y también se enteró de que él ya había acosado a otra mujer en Iztacala; tenía una denuncia por intento de violación. “Incluso me pasaron los números del expediente.” Pero en aquella ocasión las autoridades de la UNAM se limitaron a cambiarlo de plantel. Y ahora, el tipo grababa debajo de las faldas de las estudiantes.
Con la identidad del agresor, Gabriela levantó una denuncia ante el ministerio público; y en la FES presentó la denuncia y el video. Le dijeron que con eso, ellos tomarían el caso a partir de la Ley Federal del Trabajo. “Pero él renunció antes. Y como él renunció, la UNAM ya no tenía nada que hacer”.
En el ministerio público, las cosas tampoco avanzaron. “Fui como unas 10 veces. Las primeras veces, pasaba ocho horas ahí. Ese semestre, mis profesores me dieron chance de faltar a las clases, pero la denuncia no llegó a ningún lado. Me pedían cosas como: ‘oye, ¿tienes la placa del camión en el que iban?’, o ‘¿tienes el nombre del conductor del micro?’… Puras estupideces que sólo eran para quitarme tiempo. Yo tuve que investigar el domicilio del tipo, y los judiciales dijeron que el domicilio estaba equivocado. Además porque no es delito de querella, sólo se le hace la notificación [de que se presente a declarar], pero si no lo hace, no pasa nada”.
Gabriela no se quedó conforme. Se puso en contacto con la abogada feminista Michelle Salas (fue ella quien llevó el caso del Campo Algodonero hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos). “Fuimos con la Abogada General de la UNAM. Pedimos el protocolo”.
Desde tiempo atrás, la UNAM ya trabajaba en una herramienta para combatir la violencia de género en la UNAM, pero para ser aprobado, “tuvo que pasar por una serie de estructuras muy conservadoras en la UNAM”, resume Michelle Salas, y concluye: el resultado “fue un bodrio”.
El 26 de agosto de 2016, y en el marco de la adhesión de la UNAM a la campaña de la ONU #HeForShe, la UNAM anunció con bombo y platillo su Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género.
A grandes rasgos, el Protocolo establece lo siguiente: La UNAM conocerá de actos de violencia de género ocurridos en sus instalaciones o en otros espacios, siempre y cuando intervengan integrantes de su comunidad, y cuyas acciones vulneren la normatividad, el orden, la disciplina, los principios o valores de los universitarios
La Oficina de la Abogada General será la instancia que conocerá estos casos.
Las denuncias podrán presentarse dentro de los 12 meses posteriores al acto reclamado, y cuando se trate de acciones que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de menores de edad, no habrá plazo límite.
Las quejas podrán ser expuestas por las víctimas o terceras personas que tengan conocimiento de los actos de violencia. Y cuando la víctima sea un menor de edad, se deberá dar aviso a su padre, madre, tutor o a la autoridad correspondiente.
En cada facultad y escuela habrá una experta o experto que orienten a las y los estudiantes cuando requieran interponer una denuncia.
Cuarenta y cinco días después de activado el Protocolo mencionado, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, informó a la prensa que en ese mes y medio se habían recibido más de 70 denuncias. Si se considera que la Unidad de Atención y Denuncias y los jurídicos de la UNAM procesaron en promedio unas 30 denuncias anuales entre 2003 a 2016, en 45 días recibieron más del doble que en todo un año.
González Contró destacó dos cosas: la persistencia de la violencia en el noviazgo, y el abuso sexual y violación por parte de estudiantes a sus compañeras en fiestas y reuniones. “Tenemos muchos casos de violación bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y eso es gravísimo. Una persona que está bajo los efectos de las drogas y alcohol no puede dar consentimiento. Estamos trabajando en todo esto”.
Uno de los primeros casos que empezó a cobrar relevancia mediática fue el de un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Seymur Espinoza, donde, a pesar de contar con varios testimonios y denuncias, fue expulsado de la Facultad por razones “laborales”, y sólo después de haber sido escracheado.
“Para empezar, los escraches tienen una historia. El escrache no es un berrinche ni un comportamiento de enfado, sino que es una acción política muy consciente por parte de las estudiantes”, explica Sandra Escutia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras.
“En mi facultad, los escraches empezaron con los tendederos. La primera sorpresa de los acosadores fue encontrar sus nombres en los tenderos. Eso propició cambios, pero no en los varones, sino en las compañeras. ¿A quién sirve la denuncia? En términos de reparación de daño no está funcionando, pero en términos de creación de colectivos sí”.
“Lo del escrache es una continuidad de otro tipo de acompañamientos políticos, como una forma de anunciar problemas. En ese sentido, al inicio de la conferencia de prensa dicen: no vamos a hablar en forma personal, sino de forma colectiva para protegernos, eso como forma política es muy importante”, concluye Escutia.
A Seymur lo corrieron en abril o mayo de 2017. Y en agosto de ese mismo año, una joven de entonces 18 años a quien llamaremos Ariel, entró al primer semestre de la carrera de Ciencias Políticas, ahí mismo en la FCPS. Pero en vez de recordar este nuevo ingreso con alegría e ilusión, ahora piensa en esos tiempos con amargura. A causa de un profesor.
Este profesor la incomodaba, se dirigía directamente a ella en clase, y todos sus compañeros se percataban de que él “quería algo” con ella. Para septiembre, Ariel comenzó a recibir mensajes de Whatsapp. Aunque Ariel nunca le dio su número, él se las ingenió para conseguirlo. Al principio le preguntaba por qué no iba a clase; y, después del temblor del 19 de septiembre, le avisaba de cambio de salón. Pero cada vez fue más insistente y personal.
Para inicios de noviembre, Ariel lo bloqueó de Whatsapp. Pero el hostigamiento no paró. El profesor hizo alusiones sobre lo que Ariel tendría que hacer para aprobar el semestre. Ella lograba ponerlo a raya, pero, ¿por qué debe ser responsabilidad de una estudiante de nuevo ingreso detener el acoso de un profesor? Ella asistía con miedo a la facultad, se lo encontraba casi siempre cuando llegaba. Él estaba esperándola. Y, al salir de clases, ya de noche, tenía miedo de que la siguiera.
A Ariel no le gustan mucho los asuntos de escraches ni manifestaciones ni activismo. Es más bien de temperamento tranquilo. No le encanta la idea del tendedero, no participa en ninguna colectiva feminista. Pero en marzo de 2018 colocó el nombre del profesor en el tendedero de denuncias. Y no fue la única alumna que lo acusó de acosador.
Un mes después, en abril –antes de salir de vacaciones de Semana Santa–, Ariel decidió denunciarlo a las autoridades de la UNAM. No acudió a las autoridades de su facultad, fue directamente a la Unidad de Atención y Denuncias, acompañada de su mamá.
Una abogada de nombre Rosaura tomó el caso, y la escuchó. Consideraron que sí que había hechos suficientes para emprender un proceso contra el profesor.
La abogada la ayudaría a llenar una denuncia formal para el interior de la universidad. Pero cuando Ariel dictaba los hechos, la abogada le sugería cosas. Por ejemplo, si la joven narraba que el profesor la hacía sentir mal o se le acercaba demasiado, la abogada sugería que agregara: “intentó besarme”. Ariel le aclaró que no habían ocurrido así: “si debo hacer un careo con él, no puedo sostener una mentira”, le explicó.
La abogada se hartó y, visiblemente molesta, le sugirió entonces que ella, Ariel, redactara las cosas como fueron y luego se lo enviara por correo electrónico. La joven accedió y un par de días más tarde mandó su escrito. Pasaron las semanas y no recibía respuesta de su abogada. Le escribió en varias ocasiones para saber el estado de su denuncia; aquélla jamás le contestó. Y Ariel, desalentada y deprimida, dejó las cosas por la paz. Se limitó a cambiarse de turno escolar.
Ariel también pidió apoyo psicológico y emocional a la UNAM. Le agendaron cita con una psicóloga. Pero cuando llegó, se encontró con que sería atendida por otra estudiante dos, o a lo sumo tres años más grande que ella.
“¿Cómo me iba a abrir y contar todo lo que me había pasado a una chavita, igual que yo, que se ve que no había terminado de estudiar?”.
Ariel nunca más regresó a terapia. Nunca más intentó denunciar. Su acosador sigue dando clases.
En enero de 2018, en la UNAM hubo otra denuncia pública. En esta ocasión, una joven identificada como Jossymar denunció en su muro de Facebook a Héctor, un profesor y estudiante de doctorado del Colegio de Geografía en la Facultad de filosofía y Letras. La denunciante y el acusado se conocían desde años atrás.
Jossymar narró más o menos lo siguiente: a mediados de diciembre de 2017, ella, Héctor y otros colegas se reunieron en un bar. Tras un par de horas, Héctor les propuso a todos ir a su departamento. Departieron un rato más, y luego se quedaron a dormir. Jossymar se quedó dormida en un sillón en la sala, cuando de pronto la despertó una sensación de “humedad” en la cara. Abrió los ojos, Héctor la estaba besando. Ella lo empujó y volvió a dormir, pero se despertó por segunda vez: Héctor estaba abusando sexualmente de ella. Ella logró quitárselo de encima. Él se levantó y corrió a su cuarto donde se encontraba su novia.
A Jossymar le fue difícil asimilar lo que había ocurrido, ya que al conocerlo por tanto tiempo lo consideraba su amigo. Pero él no paraba de enviarle mensajes de Whatsapp para pedirle que no divulgara lo sucedido.
Tras varias semanas ella decidió hacerlo público en su cuenta de Facebook.
Héctor entonces levantó una denuncia en la escuela por difamación. Sin embargo, el doctorante ya era conocido por este tipo de hechos. Al menos otra joven de nombre Fernanda se animó a denunciar, no sólo ante la comunidad de su Facultad de Filosofía, sino ante las autoridades universitarias. Advirtió en redes sociales que sufrió acoso, hostigamiento y violencia psicológica y sexual por parte del mismo individuo, desde marzo de 2015 a septiembre de 2017.
Fernanda intentó interponer una denuncia al respecto desde 2017, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, narraría después, fue desalentada por las propias autoridades.
Frente a la denuncia de Jossymar, Fernanda decidió reactivar la suya.
Tras varios meses de proceso, el 28 de junio de ese mismo año, Fernanda supo que su solicitud no había sido aceptada. Las autoridades informaron que el Tribunal Universitario desestimó el caso
Héctor había quedado impune.
Layla Sánchez Kuri, profesora de la FCPS, se ha pronunciado públicamente defendiendo el escrache y los tendederos como la única salida actual frente a la violencia de género en la universidad. Las jóvenes acusan públicamente “se enfrentan a una estigmatización. Por eso muchas no quieren decir nada. Van con la autoridad, y no resuelve nada. Entonces van con las compañeras, que sí están trabajando”.
–Pero, entonces, ¿no sirve denunciar?
–La universidad siempre te va a decir que no tienen una facultad de tipo jurídico o judicial para detener un violador. Que tiene que ir a hacer la denuncia a un ministerio público. Cuando a lo mejor no hay una, sino, dos, tres víctimas.
–La universidad podría correr al agresor.
–Podría. Pero siempre te van a decir que la víctima tiene que demostrar.
–Perdón, pero el protocolo establece que se va a dar valor preponderante al testimonio de la víctima
–Eso dice. Pero del dicho al hecho… si hay una vaca sagrada, se sobrepone a eso a cualquier documento. ¿Cómo le vas a ir a decir al súper doctor investigador nivel 400 del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) que es un acosador o un violador. No se atreven, no lo hacen.
Algo así ocurrió en el caso de Dora, estudiante de doctorado en Geografía.
En abril de 2018 –apenas unas semanas después del paro conjunto entre las colectivas feministas de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas–, Azul, estudiante de Ciencias Políticas, recibió el resolutivo del Tribunal Universitario de la denuncia que hizo contra un compañero: Sergio.
Como ocurre a muchas denunciantes, el costo emocional y social que pagó Azul por denunciar fue altísimo: la mayoría de sus amigos prefirieron creerle a él; ella perdió semestres enteros de escuela, entre la denuncia, el acoso de él y la depresión. Finalmente el Tribunal emitió una sentencia favorable a Azul; reconoció que Sergio efectivamente la había acosado sexualmente y decretó que perdería sus derechos como universitario un año. Pero esto jamás se materializó.
El 30 de agosto de 2018, por los pasillos de la Facultad de Economía de la UNAM se escuchó un tambor. El ruido fue un llamado de atención para la comunidad por parte de un grupo de alumnas, todas mujeres. Muchas de ellas ni siquiera llevaban el rostro cubierto, nunca antes habían participado en una acción parecida. Reunidas en la explanada, comenzaron a leer la carta que después terminaría pegada por los pasillos: señalaban al director de la facultad, Eduardo Vega, de proteger a Pedro, un egresado y exfuncionario acusado de violar a, por lo menos, cuatro alumnas.
La mayoría de los estudiantes en el lugar se acercaron a escuchar al grupo de mujeres, receptivos. Luego los invitaron a clausurar simbólicamente la dirección y pegaron carteles por las paredes. Era la primera vez que organizaban un acto público para dar a conocer la problemática de violencia de género dentro de esta facultad.
Este grupo de mujeres, llamado Red Independiente de Apoyo Contra la Violencia de Género en el Ambiente Universitario, fue creado principalmente por alumnas de Economía, a partir de la denuncia pública de Lorena Hernández.
Lorena, originaria de Guadalajara, dio a conocer su caso a través de redes sociales el 9 agosto. En principio, Lorena denunció violación ante la Fiscalía de Central de Investigación de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, un año antes, en agosto de 2017. Sin embargo, la autoridad inició la investigación por abuso sexual.
Que Lorena viviera fuera de la ciudad complicó el seguimiento de su asunto, pero aun así ella iba cada que podía a la PGJ, donde le informaban que la investigación no tenía avances. Hasta que un día simplemente le dijeron que habían “perdido” su carpeta.
El actual representante legal de Lorena, Luis Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explica que en realidad lo que sucedió fue que la PGJ envió la carpeta de investigación a reserva hasta que no se encuentren nuevos datos o pruebas. Esta, explica, es una práctica común en la PGJ: si los denunciantes no tienen una defensa, suelen enviar las carpetas a archivo, aun de los delitos más graves.
Después de la inacción de la PGJ, Lorena presentó una queja contra Burrola en la UNAM, pensaba que si él era empleado de la universidad y esa misma institución tiene un protocolo de atención a casos de violencia de género, seguramente la investigación sería más efectiva que la de la PGJ. Pero no fue así.
Después de la publicación de Lorena en redes sociales, otras mujeres sumaron sus testimonios y acudieron a presentar su denuncia con la abogada de la facultad, Claudia Sánchez Acevedo, el 9 de agosto.
Pedro Burrola era funcionario de confianza, dependiente de la dirección de Economía, fungía como Secretario de Asuntos Escolares. Es decir, él era un enlace entre los alumnos y la dirección. Con la denuncia de Lorena y sus acompañantes, este personaje acumuló cuatro acusaciones de violencia sexual contra alumnas. Al enterarse del proceso, Burrola renunció el 14 de agosto.
Habían pasado dos días hábiles y un fin de semana de la denuncia de Lorena y las otras alumnas, pero la renuncia de Burrola sucedió días antes de que el Tribunal Universitario recibiera el caso. El procedimiento de atascó entre la oficina de la abogada Sánchez Acevedo y la del director Eduardo Vega, quienes nunca enviaron el documento de denuncia a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) de la UNAM. Así cerraron la posibilidad de juzgar a Burrola como servidor público.
“Yo te creo compañera” anuncia la cuenta de tuiter creada por alumnas de la Facultad de Economía, @FEsorora, desde la que comenzaron a difundir un correo electrónico en el que invitan a otras estudiantes víctimas de violencia dentro o fuera del espacio universitario, por parte de compañeros, profesores o trabajadores, a compartir sus historias.
La cuenta es gestionada por integrantes de la Red Independiente de Apoyo Contra la Violencia de Género en el Ambiente Universitario, quienes la crearon con la idea de acompañar y ayudar a otras alumnas que quieren denunciar, a las que buscan apoyo psicológico, o a las que simplemente solo necesitan de una escucha o un abrazo.
“Nosotras no somos ni psicólogas ni abogadas pero existe el canal [la cuenta de tuiter] para que te acerques a alguien que escuche. No te voy a poder escuchar como un psicólogo pero puedo ayudar a contactar a alguien”.
Al inicio, la cuenta @FEsorora hizo el llamado a las alumnas de la Facultad de Economía. Con las semanas, han comenzado a recibir mensajes de alumnas de Filosofía, de Ciencias Políticas, e incluso de otras universidades en otras ciudades y estados.
Ello sólo les demuestra que la violencia, sobretodo sexual, contra alumnas en el país está desbordada. “Es un problema que está atravesando la sociedad, no es privativo de la UNAM”.
La Facultad de Economía tenía una particularidad que la distinguía de otras: hasta antes de la Red, no existía un grupo o organización estudiantil en torno a la violencia de género.
Además, explican dos de sus integrantes, Economía tiene una segunda característica por la que el tema de las agresiones a alumnas es poco discutido: el ambiente es primordialmente masculino, tanto estudiantes como directivos y profesores son en su mayoría hombres.
“Nuestra facultad en los últimos años no ha tenido buenos procesos de organización respecto a ningún tema, menos a cuestiones de género […]. Hay una necesidad muy grande de construir lazos que nos hagan sentir seguras”, cuentan sobre las razones que las llevaron a formar la Red.
En las actividades de la Red está difusión las denuncias de violencia contra las alumnas de Economía, pero también difunden información para prevenirla y para enfrentarla legal y psicológicamente. Con el caso de Lorena, optaron por acudir a las instancias universitarias, pensando que el protocolo debía funcionar. También con la convicción de que debe quedar un registro, por lo menos estadístico, de la violencia que se vive en la universidad. Aunque consideran que hay mucho por mejorar en la institución.
“La primera noticia que yo tuve [del protocolo] fue cuando hablé con una de las chicas que también fue a poner su denuncia contra Pedro… Ella sentía que la actitud de la abogada era muy buena y sí era alguien con perspectiva de género que tenía un interés en las víctimas. Y finalmente fue alguien que nos volteó la jugada. Su acción estaba muy limitada por lo que decidiera hacer o no el director de la facultad”.
Una de las primeras acciones de la Red fue crear una página en Facebook para difundir cómo funciona el protocolo y lo que sucedía en torno al caso de Lorena. El sitio fue denunciado días después de su aparición y fue suspendido.
La Red consideran que el protocolo tiene muchas trabas, como por ejemplo, que tu denuncia no sea válida si dejas pasar más de 12 meses después de la agresión. Pero en el caso de Lorena es claro que el filtro del director de la facultad fue el mayor de los obstáculos.
Fue por ello que tuvieron que asistir directamente a la UNAD para intentar levantar la denuncia, pero la respuesta ha sido: “como ya no es funcionario de la universidad, ya no podemos hacer nada”.
Sin embargo, explica el abogado de Lorena, Luis Salas, la legislación universitaria establece las razones por las cuales no se inicia o continúa con un procedimiento de denuncia administrativa y ninguna de las cuatro causales es la renuncia. Y las alumnas piden que se investigue si su estatus aún es de pasante porque, en ese caso, la denuncia sí procedería por continuar siendo miembro de la universidad.
Salas dice que han solicitado a la Facultad de Economía la información para conocer si Burrola aún es alumno, pero no se las han entregado. Esto significa la violación del artículo 19 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa, lo cual podría incluso acarrear sanciones para el director, Eduardo Vega. Mientras la UNAD no tenga esa información, no pueden aplicar el protocolo.
Esta omisión, secretismo y aparente protección de la facultad a un ex empleado ha sido señalada por las integrantes de la Red, quienes incluso acusan a la dirección de estar acelerando el proceso de titulación de Pedro Burrola.
Este problema podría repetirse en cada una de las facultades. Las direcciones de éstas responden a Rectoría y, en un segundo momento, a la Junta de Gobierno, por lo que la UNAD no puede obligarlas a entregar esa información, explica Salas. Mientras esto no se resuelva, muchos procesos de denuncia podrían no ser iniciados.
Hasta el momento de esta publicación, Eduardo Vega, director de la facultad, no se ha pronunciado respecto a las denuncias en contra de Burrola o las acusaciones que lo involucran. La oficina de la Abogada General d ella UNAM, Mónica González, tampoco contestó a la solicitud de entrevista de Pie de Página.
Burrola ya no es empleado de la UNAM, pero podría solicitar trabajo nuevamente, de no iniciarse este proceso de investigación, añade Salas.
“Tienen de su parte el haber normalizado la violencia”, lamentan las integrantes de la Red, pero explican que su objetivo no es el “linchamiento” social o laboral, sino el apoyo a otras compañeras de su comunidad.
“Lo que queremos es hacer contrapeso a todo el discurso e imagen de que no se le cree a la víctima y se defiende a los agresores… No. Existimos chicas que siempre te vamos a creer a ti, que te vamos a respaldar hasta donde podamos”. “Es una forma de autodefensa. Si la escuela no nos va a respaldar, si el sistema de justicia no nos va a respaldar, sólo nos queda nosotras”.
A pesar de las deficiencias probadas del Protocolo en la UNAM, casi todas las entrevistadas coinciden en que es un comienzo. No se trata de tirar el protocolo a la basura, sino de transformarlo y aplicarlo efectivamente.
Y es que, en otras instituciones, la ausencia de Protocolo deja aún más en la indefensión a las estudiantes. Tal es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde uno de los casos incluso ha sido retomado por las expertas que se encuentran discutiendo la posible activación de la Alerta de Género en la Ciudad de México.
Sobre esta revisión, sobre el movimiento feminista al interior de las universidades, queda mucho por observar. Tan sólo en las movilizaciones y paros que los estudiantes han realizado en septiembre de 2018, las estudiantes organizadas en colectivas feministas impulsaron una asamblea feminista interuniversitaria. Un hecho inédito en la historia del movimiento estudiantil. Su principal demanda sigue siendo abatir la violencia de género, el acoso, la impunidad.
¿Cuál es el papel que corresponde a la institución en esto? Quizá, como la maestra que reflexionó con sus alumnos tras el escrache a un compañero, lo primero sea comprender qué está pasando, y qué orilla a un grupo de mujeres a golpear tambores y acusar a un hombre de agresor.
