La multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) construyó la presa El Zapotillo, en Jalisco, que podría inundar tres pueblos milenarios. Los pobladores lograron detener, en 2013, la ampliación de 25 metros del proyecto, luego de obtener una suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Cuatro años después la empresa –que fue adquirida recientemente por el magnate mexicano Carlos Slim y en 2016 obtuvo la principal concesión del aeropuerto de la Ciudad de México– sigue cobrando indemnización y mantenimiento por una obra multimillonaria que está detenida y en litigio

Investigación y redacción: Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Majo Siscar
Foto: Héctor Guerrero
Video: Jade Ramírez Cuevas Villanueva
Infografías: Arturo Contreras Camero

 

TEMACAPULÍN, JALISCO.- Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde en Los Altos de Jalisco, creando una imagen absurda de lo que se ha convertido en uno de los proyecto transexenales más invalidados en términos jurídicos, técnicos y políticos: una represa que nunca ha tenido agua.

 

La cuenca del Río Verde nace en el estado vecino de Aguascalientes y riega la región de Los Altos, el granero de Jalisco, que genera el 22% del PIB del estado. En 1997, el ex presidente Ernesto Zedillo decretó la exportación de casi 120 millones de metros cúbicos de su cuenca a la del río Turbio, al corredor industrial de León, Guanajuato, a unos 140 kilómetros de aquí. Este decreto se materializó quince años después en esta mole de cemento seca que ha desencadenado una de las luchas más histriónicas de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes –con hijos ausentes– de tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría 4,500 hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón.

 

Como docenas de familias, María Félix cosecha en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos, donde florece su patio en una casa amplia de adobe y donde forjó ese carácter que la lleva a enfrentarse a cualquier funcionario que se le ponga enfrente, sin importar el rango. “A mí me mataría que me mandaran aquí”, reclamó la mujer a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando le mostraron el poblado prefabricado donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.

 

María Félix y el resto de integrantes del Comité Salvemos Temaca –que agrupa a los pobladores afectados– tienen el respaldo de una parte importante de la sociedad jalisciense, que rechaza el trasvase por afectación ambiental que implica, las violaciones a los derechos humanos y el déficit hídrico.

 

En medio de una disputa legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la represa seca sigue impactando las finanzas públicas de los mexicanos en beneficio de un consorcio empresarial mexico-español. Además, tiene paralizada la construcción de un acueducto –obra cedida a otra multinacional española– que llevaría el agua de esta región agrícola para el desarrollo industrial de la ciudad de León. 

 

La historia de esta batalla comenzó en 2006, cuando la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) autorizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la construcción de un embalse con una cortina de 80 metros de altura, una superficie de 2 mil hectáreas y un almacenamiento de 411.6 millones de metros cúbicos. 

 

Temacapulín, Acasio y Parmalejo, tres poblados del municipio de Cañadas de Obregón que quedaban en el camino de la obra, serían inundados. Ninguno de los pueblos fue consultado, pese a que así se estipula en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales ratificados por México.

 

Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado: 105 metros de altura, un área de embalse de 3 mil 800 hectáreas y un almacenamiento de 911 metros cúbicos. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades y tierras de cultivo, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, incumpliendo la normativa.

 

Las obras se adjudican a un consorcio donde la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes –del controvertido Carlos Hank Rhon– y la otra mitad, una constructora voraz: la española Fomento de Construcciones y Contratas.

 

FCC es una de las 50 constructoras más grandes del mundo y la empresa que más contratos públicos recibe del Gobierno español. Forma parte de las 35 empresas que integran el IBEX, el índice bursátil de su país. Como tal ha ratificado compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos como el Pacto Mundial de la ONU sobre responsabilidad empresarial; en su código de ética, que es público, se compromete a no infringir los más altos estándares en la materia. Sin embargo, en el Zapotillo, concursó para una obra que, antes de ser adjudicada, ya tenía denuncias de vulneración de varios derechos. Y durante la construcción fue acusada de vulnerar otros. 

 

LÍNEA DE TIEMPO: Una década de resistencia

 

Sostenibilidad vs colonialismo económico

 

Temacapulín es un pueblo enclavado entre cuatro cerros, conocido por sus aguas termales. En el centro del asentamiento urbano está la iglesia lateranense de 257 años de existencia y tiene vestigios prehispánicos que se remontan al siglo VI. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) certificó que al menos 70 por ciento del pueblo es monumento histórico, que se perdería al ser inundado. 

 

En la basílica de la Virgen de los Remedios oficiaba ocasionalmente o en fechas importantes, el ex sacerdote Gabriel Espinoza, quien durante el conflicto pasó de ser guía espiritual a vocero del Comité Salvemos Temaca. Espinoza renunció al sacerdocio en 2015, orillado por las presiones políticas dentro del Arzobispado. De él es la frase: “Agua para todos y agua para siempre”, que no es un lema nacido de una simple ocurrencia. Surgió en 2010 en medio de las mesas de diálogo que sostuvo la comunidad con la Secretaría de Gobernación, a cambio de liberar el bloqueo que mantuvo la construcción detenida en la presa sobre el Río Verde, tras el primer fallo judicial que ordenó su suspensión.

 

Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental, y no la que se licitó. La sentencia del máximo tribunal detuvo la construcción de la presa, y el gobierno tuvo que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por suspensión de obra durante 2014. Pero ahí no acabó el problema.

 

Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones” según la Conagua, pero no hay avances ni retrocesos en la construcción. Según las cláusulas del contrato de construcción, el gobierno mexicano seguiría indemnizando mensualmente a FCC y Grupo Hermes por un monto de 19 millones de pesos mensuales. Según las cuentas públicas de FCC la obra de El Zapotillo sigue activa y supone para la empresa 164 millones de euros, un 28 por ciento más de lo que se le adjudicó en su momento.

 

Se solicitó la versión de Conagua para este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos ninguna respuesta.

 

Así, mientras una represa detenida sigue impactando las finanzas públicas, el gobierno de Guanajuato y Conagua, siguen peleando una cortina de 105 metros. Es decir, la inminente inundación de tierras agrícolas, comunidades y vestigios arqueológicos. Conagua, por su parte, insiste en que la presa es necesaria para preservar los acuíferos subterráneos de la región y que la obra beneficiará a 1.5 millones de habitantes de los dos estados.

 

En entrevista, la ingeniera ambiental Alessia Kachadourian, asegura que las mediciones para determinar la viabilidad de la obra, la inundación de pueblos y el trasvase a León, se desprenden de la NOM 011, una métrica obsoleta que “usan para contabilizar metros cúbicos de cuerpos fluviales superficiales, no subterráneos”. En este sentido, dice, la presa no asegura los 119 millones 837 mil metros cúbicos que exige Guanajuato y que le prometió el decreto presidencial de Zedillo.

 

José Gómez Reyna, ingeniero y rector del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, enfatiza: “el modelo de embalses sobre ríos y trasvases de una cuenca a otra está caduco. No es el mejor modelo de abastecimiento de agua (…) Es una aberración enviar caudales de una cuenca a otra, es decir de la Lerma-Santiago a la de Guanajuato, y antes de proceder con tales cambios, como indica la UNESCO, aun si fuera técnica e hidráulicamente viable, se tienen que tomar en cuenta consideraciones sociales y ambientales”.

 

Arturo Gleason, asesor en captación de agua y saneamiento, va más lejos: “No estamos haciendo gran cosa más que la proposición del gobierno de lograr obras megafaraónicas, costosas, con una vida útil corta, y no estamos apostando a cambiar a la gente, la cultura, a fomentar en los niños y los jóvenes cuidar la poca agua que nos queda. El mismo río Santiago –que nutre a Guadalajara y es uno de los más contaminados del país– está casi muerto. Ese es otro desafío: cómo limpiar el agua”

 

Para Gabriel Espinoza, el religioso-activista, la cuestión se reduce a los beneficios económicos que dejan estas obras: “Sólo les interesa el agua siempre y cuando ellos vayan a adquirir grandes ganancias, pero Temacapulín ha demostrado que podemos ser autogestivos y defendernos de empresas extranjeras, mexicanas y gobiernos corruptos”, dice sin titubear.

 

 

 Los Judas del Zapotillo

 

Lobby empresarial

 

FCC fue fundada por la aristocracia española hace un siglo y cuando ganó el proyecto de El Zapotillo y hasta 2016 la accionista mayoritaria era todavía Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalber, quien ocupa la fortuna 488 del mundo según la revista Forbes. Pero en 2014, el magnate mexicano Carlos Slim entró en FCC y desde julio de 2016 es el máximo accionista, con 61 por ciento de las acciones de la empresa. Ese mismo año, FCC y Grupo Carso (otra empresa de Slim) consiguieron su primer proyecto juntos. Y en febrero pasado, el consorcio liderado por las mexicanas ICA y Carso, junto a las españolas FCC y Acciona, firmaron el contrato para construir el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 3.900 millones de euros, el proyecto más grande de la administración Peña Nieto.

 

En España, FCC ya se ha visto envuelta en escándalos por corrupción, tráfico de influencias, fraude y malas prácticas laborales; sin embargo sigue siendo la empresa que más contratos públicos recibe por parte de las diferentes administraciones españolas. De hecho, los dos directores de la filial de Construcción de FCC que participaron en el Zapotillo han sido imputados en España por fraude en contratos públicos. El último, Miguel Jurado, fue detenido en enero de 2016 por malversar fondos de la empresa pública española de gestión de agua en el mediterráneo, Acuamed, cuando esta estaba bajo la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y Medio Ambiente. Arias Cañete es ahora el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y junto a y su colega Maros Sefcovic, vicepresidente de la Unión Europea de la Energía, han sido acusados de privilegiar a las empresas privadas antes del interés público también en la máxima institución continental.

 

En Temacapulín, María Félix no sabe de las redes de amiguismo que el nobel de economía Joseph Stiglitz resume como “capitalismo de cuates”, pero sí tiene claro que para ella no es una cuestión de dinero sino de identidad y dignidad. “Siempre nos hablan de una mejora pero la verdad yo no le veo ninguna mejora, nos dicen de la reubicación ‘ahí va a estar la casa’, ¿Pero a la casa qué? ¿Le vamos a morder o qué la vamos hacer ahí? En cambio, donde nosotros vivimos estamos luchando por nuestra tradición, por nuestra vida, por lo que tenemos ahí. Nos enseñan el cielo y las estrellas, pero nosotros las tenemos en Temacapulín”, dice frente a las casas de concreto construidas, también ilegalmente por la Comisión Estatal del Agua, en el predio Talicoyunque donde los pretenden desplazar.

 

Estas reporteras buscaron entrevistar a FCC en México y en España desde 2010. Aquel año la negativa se extendió hasta las oficinas en Madrid, bajo el argumento de “absoluta falsedad” que FCC violara derechos. “El gobierno mexicano los viola, no nosotros”, dijeron los voceros. Y una y otra vez, su respuesta fue que “el Código ético de FCC obliga a la compañía a tener en cuenta aspectos no financieros (sociales, medioambientales, etc.) en los proyectos de inversión o actuación por los que se decide”.

 

Pero el consorcio empresarial que conforma junto a Grupo Hermes para construir el embalse ha promovido decenas recursos de revisión y quejas ante el juez contra los amparos promovidos por la asociación de afectados Salvemos Temaca.

 

En las últimas semanas, FCC rechazó una última solicitud de entrevista para la publicación de este reportaje y alegó que “la obra del Zapotillo la lleva ya el Grupo Hermes Infraestructura” y que “ya estamos desvinculados de este proyecto”. Sin embargo, en las cuentas anuales del corporativo español, se confirma que FCC mantiene el 50% de dos empresas ad-hoc: Administración y Servicios Grupo Zapotillo, S.A. de C.V y Constructores del Zapotillo, S.A. de C.V., cuyo valor neto de libros de cartera crece en 2014 y 2015 aún y con la obra detenida. Durante el 2016 se reduce escasamente este valor, computado en euros, coincidiendo con la depreciación del peso mexicano.

 

Erika González, de Ecologistas en Acción de España, y también investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, asevera que el comportamiento de FCC y otras empresas españolas que tiene concesiones en México no es aislado. “No respetan la legalidad del país a dónde van, ni el derecho internacional, ni hay extraterritorialidad en la legislación española. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sí tiene estructura en el Banco Mundial para demandar a las multinacionales en el país de origen, pero tampoco está a la altura de las denuncias y, en caso de resolver una sanción, no pasa de una reprimenda moral”, asegura.

 

Esto se agrava porque España está llevando el liderazgo en la UE con México para garantizar el respeto a los derechos humanos de las empresas. Karen Hudlet, Investigadora y Representante para México del Centro Internacional de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica que se reunieron con representantes españoles del Pacto Mundial de la ONU para empresas y derechos humanos para presentarles la situación crítica de empresas como FCC que están cumpliendo los principios rectores del Pacto, pero la incidencia “no va más allá de la buena voluntad”.

 

 

 ¿Quién controla FCC?

 

Un conflicto que escaló internacionalmente

 

La ONU ha intercedido en el conflicto desde 2012 a través del relator del derecho a la Alimentación, Olivier De Schubert, quién visitó la comunidad y probó la variedad de cosechas de temporada de las que se nutre y sostiene Temacapulín. En el informe de su visita documentó denuncias de amenazas, dijo que no se cumplió el derecho a la información y la consulta de la población afectada y que no hay garantías de una reubicación digna y el acceso a medios de subsistencia.

 

Además, en junio pasado, el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, presentó su informe sobre la visita que hizo a México en 2016 y mostró su preocupación por la "falta de consulta con personas y comunidades afectadas por los grandes proyectos de desarrollo” a lo largo de todo el país y que en este caso tiene que ver con la presa detenida.

 

Ante la inoperatividad de las obras, el gobierno de Jalisco contrató al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una evaluación de la producción de la cuenca del Río Verde y las demandas de trasvase, con el fin de desbloquear el conflicto. La UNOPS cobró 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) al erario jalisciense y abrió la veda a recuperar la idea de una cortina de 105 metros aún y cuando eso sea la sentencia de muerte para tres pueblos originarios. Apenas el 29 de junio pasado presentó su Informe Final y entre sus cinco opciones de viabilidad solo una respetaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de una cortina a 80 metros de altura. El gobernador Aristósteles Sandoval, que en campaña había prometido salvar Temaca, se apresuró a tomar partido y eligió la opción cinco de una cortina a 105 metros. “Salvar Temacapulin ya no es asequible, no podemos cumplirles, no hay otra solución posible”, dijo en el evento, mientras Gabriel Espinoza le gritaba a pulmón vivo: “¡Mentira!”. 

 

Sin embargo, no se trata de un estudio vinculante y abrirá otra batalla legal y política si se quiere hacer efectivo. Mientras tanto, las empresas siguen ingresando su cuota mensual por detención de obras al erario público y esos gastos extras, como los 90 millones de pesos, podrían haber asegurado la canasta básica de todos los afectados por la presa durante nueve años.

 

 

Lo que dicen y lo que no hacen las empresas