En los últimos 5 años, una docena de defensores ambientales han sido judicializados por oponerse a la construcción de un acueducto, dos centrales termoeléctricas y un gasoducto que cruza los territorios nahuas del volcán de Popocatepetl por donde pasarán diariamente  9 mil 61 millones de litros de gas metano. La construcción y operación se entregó a un consorcio hispano-italiano, que junto con la Comisión Federal de Electricidad, realizó las obras sin informar ni consultar a las comunidades y con contratos capciosos de renta de los terrenos . Las empresas involucradas, que han firmado compromisos internacionales de derechos humanos, evaden su responsabilidad sobre las 750 mil personas que serán afectadas

 

Investigación y redacción: Aranzazú Ayala, Daniela Rea, Estrella Pedroza, Lydiette Carrión y Majo Siscar
Fotografía: Ana Cristina Ramos
Video: Mónica González y Marlene Martínez
Infografías: Arturo Contreras Camero
 

PUEBLA, PUEBLA.- Quien quiera saber cuánto cuesta defender los derechos humanos ante el gobierno y una empresa transnacional que vaya y le pregunte a Juan Carlos Flores. Este abogado pasó nueve meses y medio encarcelado por representar al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (FPDAT), que agrupa a comunidades originarias de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos, cuyo trazo  atraviesa un área de alto riesgo en las faldas del volcán Popocatépetl.

 

Flores fue capturado el 7 de abril de 2014 en la puerta principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, cuando salía de presentar una queja por la detención arbitraria, un día antes, de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, en el municipio de Atlixco. En un país y un momento donde el sistema penal no contemplaba la presunción de inocencia, Flores fue encarcelado acusado de motín, despojo y extorsión, hasta que un juez federal consideró que no había claridad de que él hubiese participado en los delitos que se le imputaban.

 

La acusación por la que fue detenido se remontaba a 2012, cuando el pueblo de Acuexcomac cerró 10 pozos comunitarios que dan agua a la ciudad de Puebla en protesta por el desabastecimiento de las zonas rurales y dónde el abogado ni siquiera estuvo presente, según constató la justicia. La detención de Enedina Rosas también llegó de sorpresa. En un testimonio recabado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Rosas cuenta que por más que preguntaba los motivos, no le respondieron hasta que estuvo en la cárcel: “Llegó la licenciada y ya me dijo que porque me opuse al paso del Gasoducto Cuautla-Morelos y que le había yo robado celulares al trabajador”. 

 

Rosas estuvo presa 11 meses, seis entre rejas y cinco en prisión domiciliaria debido a una enfermedad pulmonar crónica. Finalmente, el 25 de marzo de 2015 quedó en libertad sin cargos. Contra Juan Carlos Flores, en cambio, se mantiene una causa penal por privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de energía eléctrica. “Todas las órdenes de aprehensión se basan en testimonios de trabajadores de CFE o de la empresa constructora. Los amparos que interpusimos en contra de las detenciones fueron suspendidos. Eso nos deja indefensos, con la posibilidad de ser detenidos en cualquier momento”, explica ahora el abogado.

 

El encarcelamiento de Flores y Rosas son parte de una serie de detenciones a una docena de opositores a un proyecto de desarrollo, entre ellos están ejidatarios de entre 53 y 70 años que participaron en un plantón en el Ayuntamiento de Jantetelco y dirigentes como Abraham Cordero, acusado de quemar maquinaria junto con otras cinco personas que, como él, fueron liberadas días después.

 

Las detenciones han desmovilizado la oposición al Proyecto Integral Morelos, una megaobra de 1,600 millones de dólares de inversión público-privada que ya acumula seis años de protestas. El plan incluye la construcción de dos plantas termoeléctricas de 620 megavatios, un acueducto y un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 061 millones de litros de gas metano al día, desde la planta de Pemex en Tlaxcala, hasta la termoeléctrica, para hacerla funcionar. La CFE adjudicó la construcción de la primera Central Termoeléctrica y el acueducto a la empresa española Abengoa, a punto de la quiebra desde 2015. El gasoducto se adjudicó a un consorcio hispano-italiano formado por las españolas Elecnor y Enagás y la italiana Bonatti. Y por oponerse a su paso, Flores y Rosas fueron encarcelados.

 

 

Los engaños de CFE

 

Los pobladores de Santa María Zacatepec y San Lucas Atzala tenían muy fresco en la memoria la explosión de un oleoducto que en diciembre del 2010 había matado a 29 personas en el vecino San Martín Texmelucan, así que la respuesta inmediata a la noticia del proyecto fue el miedo.

 

Razones no les faltaban. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió en 2011 que existía un “peligro significativo” en instalar un gasoducto en una zona de actividad volcánica, ya que 101 kilómetros del ducto pasan dentro de la zona de peligro moderado y menor para flujos de lava; 160 km pasan por la zona de peligro moderado y menor para la caída de materiales volcánicos, y 57 pasan por la zona de derrumbes gigantes que, de ocurrir, destruirían por completo el ducto.

 

La CFE en cambio alega que los riesgos son limitados porque al ser gas natural, no se acumula en suelo ni agua, y al ser más ligero que el aire, se fuga rápidamente a la atmósfera. Las medidas de seguridad que dice la ficha técnica del proyecto son que estaría a 2 metros bajo tierra, que tendría señalizaciones cada 500 metros para evitar daños, así como recorridos periódicos.

 

Los habitantes entrevistados en cinco municipios del Valle coinciden en que la CFE echó a andar el proyecto con engaños, sin informar ni consultar a las comunidades afectadas, pese a que en el apartado “B” del artículo segundo de la Constitución Mexicana se establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.

 

Esta denuncia se multiplica en los casos de megaproyectos. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) recopiló 80 casos a lo largo del país donde la iniciativa privada participa, directa o indirectamente, en vulneraciones a derechos humanos y en todos los casos se ignoró el derecho a la consulta. De estos 80 mismos, en 50, se identificaron amenazas o agresiones en contra de defensores.

 

El caso del PIM Morelos fue uno de los más extremos, porque además de las agresiones, al menos 12 opositores fueron detenidos. Además, la CFE firmó contratos entre particulares de servidumbre de paso con los dueños de los terrenos que requiere el gasoducto. Esta figura es legal y fue una forma de evadir los juicios de expropiación, que retrasarían el proceso. Según la región y qué tanto peleó cada propietario, se pagaron desde 40 hasta 150 pesos por metro cuadrado. El contrato estipula una renta por 30 años, con la posibilidad de prorrogarse otros 30 años. Si alguien se niega a la prórroga, el proceso puede llegar a un juicio de expropiación. En el contrato quedaron ambiguas las cláusulas sobre los derechos de los propietarios de terrenos. Por ejemplo, señala que “no podrá transitar maquinaria pesada, ni se permitirá efectuar excavaciones de cualquier profundidad” y “no podrá plantar ningún tipo de árboles de raíz profunda o sembradíos de raíz profunda que puedan dañar la tubería”. Pero a los propietarios, campesinos en su mayoría, se les informó que podrían seguir sembrando.

 

Tal y como fueron entendiendo las complejidades creció la oposición al gasoducto. Ahora, no sólo lo rechazan por temor a una explosión, sino porque consideran que su instalación será la puerta de entrada para otros procesos de desarrollo en la zona: la instalación de más industrias y por lo tanto, el saqueo y contaminación de sus tierras de cultivo y, sobre todo, del agua.

 

 El delito de defender la tierra

 

La defensa del agua

 

Jorge Zapata luce el bigote de su abuelo y el mismo sombrero de campesino. Es nieto del héroe revolucionario Emiliano Zapata y sigue viviendo en el mismo ejido donde nació el prócer: Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos.

 

Ayala tiene vocación agrícola, aunque la cercanía a Cuautla lo amenaza de una pronta urbanización. El río Cuautla, alimentado por escurrimientos del volcán y de la planta tratadora riega 36 ejidos y pequeñas propiedades. En 2013, cuando la termoeléctrica estaba prácticamente construida en la localidad vecina de Huexca, 11 ejidos de Ayala interpusieron un amparo contra el acueducto. La demanda fue sobreseída (no procedió) en septiembre de 2014. “Nos dijeron que no había interés jurídico en el asunto. Y que no se había agotado el principio de definitividad. Es algo que pasa mucho en los megaproyectos. Que primero tienes que meter una demanda administrativa. Muchos de los amparos, muchos de los manifiestos de impacto ambiental, los sobreseen”, explica Juan Carlos Flores, quien acompaña el proceso legal. 

 

El ejido Anenecuilco llevó su propia lucha legal. En 2013, los ejidatarios se enteraron de que la obra afectaría el agua para 26 ejidos, ingresos de más de 6 mil 340 ejidatarios, pequeños propietarios, y sus familias. “Su plan era llevarse el agua del río Cuautla. Pero nosotros tenemos la concesión de la planta tratadora y del río Cuautla”, explica Jorge Zapata, acariciándose el mostacho.

 

Ese mismo 2013, después de que el ejido ganara tres juicios de suspensión de la obra un juez determinó que la construcción no implicaba una “afectación directa” a los derechos agrarios del agua de Anenecuilco. En 2015, el gobierno de Morelos, la CFE, Conagua y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, firmaron un convenio para que la termoeléctrica use agua de la planta tratadora y no del río, pero eso no resuelve el problema, porque el agua tratada se usa también para el riego. Y en época de secas, el agua ya escasea en la zona. El ejido mantiene vigente otro juicio de amparo contra esta decisión (128/213). La batalla legal tiene detenida la obra, a sólo 100 metros de su conclusión.

 

“La Constitución es bien clara, el agua es para la producción de alimentos y el uso doméstico y solamente en caso que sobre, se puede pensar en un proyecto industrial. Definitivamente nos estamos jugando la vida de nosotros y de las futuras generaciones”, dice Zapata.

  

La desinformación

 

Después de años de movilizaciones, marchas, amparos, quejas y denuncias públicas, presos políticos, detenciones arbitrarias, amenazas y dudas en la legalidad de la obra, el proyecto avanza. Aunque el acueducto todavía no se termina, la tubería de gas está enterrada bajo los suelos de Puebla, a menos de 25 kilómetros del cráter de uno de los volcanes activos más grandes del continente y está en funcionamiento desde junio de 2015, según revelan informes internos de la Comisión Reguladora de Energía.

 

Las empresas también dicen que el gasoducto está en marcha. En cambio, las personas que entrevistó este equipo de trabajo (incluyendo los líderes) no habían sido informadas de ello y negaron que estuviera en operación. La desinformación es una manera de operar.

 

Sin embargo, a mediados de mayo de este año, una nueva jugada se dio a favor de los opositores al Proyecto: un juez amparó a cuatro comunidades nahuas del municipio de Atlixco que sufrieron persecución política por el gobierno estatal y ordenó la suspensión del gasoducto hasta que se realice una consulta indígena sobre su construcción.

 

El amparo fue recurrido por CFE, Semarnat y el consorcio constructor Gasoducto de Morelos. Para Patricia Montaño, abogada de las comunidades, la decisión judicial abre dos escenarios posibles: el primero, que los recursos de revisión que presentaron las autoridades y la empresa sean desechados y se obligue a hacer la consulta. Esto sería un triunfo para los pueblos, aunque según la abogada llega tarde. “Después de un clima tan hostil, de represión, las comunidades ven un ambiente de temor para participar en la consulta, porque además es una vía institucional, no acuerdo a sus formas, que debió ser utilizada desde el inicio para defenderse desde el megaproyecto. La consulta es un proceso bastante largo que no ha tenido precedentes en el estado y en las comunidades", explica.

 

El escenario adverso para las comunidades, en cambio, sería que las autoridades ganen el recurso de revisión, con lo que el proyecto tendría vía libre para operar sin consulta. “Hay argumentos técnicos contra el proyecto", alega Montaño, por lo que queda un largo proceso en los tribunales.

 

 

LÍNEA DE TIEMPO:  La batalla legal

  

Empresas que no responden ante sus compromisos sociales

 

La protesta de distintas comunidades contra el Proyecto Integral Morelos y las detenciones en contra de los opositores llegaron a oídos internacionales. Varios representantes de la ONU se hicieron eco: el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst. Y los miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. A ambas instancias les pidieron intervenir porque tanto Abengoa, la empresa responsable de la Central Termoeléctrica y el acueducto. como la también española Enagás, que lidera el consorcio Gasoducto Morelos junto a Elecnor y Bonatti, han suscrito el Pacto Mundial de Liderazgos Empresariales, un acuerdo de 10 puntos sobre civisimo y responsabilidad social y ambiental entre la iniciativa privada y la  sociedad, impulsado por la ONU. Con este tipo de compromisos, las empresas publicitan sus buenas prácticas con las poblaciones indígenas y con la sustentabilidad medioambiental en otros países.

 

En cambio, ya en 2014 el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos –considerado el principal programa a nivel mundial en la materia– invitó a las cuatro empresas a responder a las acusaciones que los opositores hacían en su contra: imposición del proyecto sin consulta previa, ubicar un gasoducto en zonas de riesgo volcánico y criminalizar la disidencia.

 

En febrero de 2015, Abengoa respondió: alegó que su participación se limitaba a la construcción de la termoeléctrica y el acueducto, pero no al gasoducto, que era la causa de las protestas. Y reiteró que su modelo de negocios se guía por principios de responsabilidad con las comunidades locales, con quienes impulsaba el diálogo abierto. Obvió que sin gasoducto la termoeléctrica no funciona.

Las otras empresas no respondieron.

 

Ante el silencio, Juan Carlos Flores como abogado del Frente de Pueblos acudió la Red Española del Pacto Mundial de la ONU. En ella, Enagás incluso colaboró para crear el manual de derechos humanos que aplica toda la red.

 

En el primer correo electrónico, el 13 de marzo de 2016, Flores pedía su intervención con Abengoa y Enagás, pues, acusaba, el proyecto en el que las empresas participaban, no fue consultado y consensuado con las comunidades, se impuso con la fuerza pública, está ubicado en zona de riesgo volcánico y atestiguaba falta de transparencia y, en el caso de Abengoa, actos de corrupción.

 

La comunicación abrió una secuencia de respuestas y réplicas que evidencian las evasivas de las compañías españolas respecto a su participación en proyectos cuestionados por comunidades y al cumplimiento de las recomendaciones de Cenapred por el riesgo volcánico.

 

Enagás echó la responsabilidad a la CFE y a la Secretaría de Medio Ambiente y en el mismo sentido respondió Abengoa. “Los proyectos mencionados son promovidos por ellos, nosotros sólo nos encargamos de su construcción, y no somos los responsables de la obtención de permisos”, alegó Abengoa ante el Pacto Mundial. Enagás agregaba que “el diseño del gasoducto contempla las recomendaciones emitidas por Cenapred tras el análisis sobre la ubicación propuesta para el gasoducto y los fenómenos a los que estaría sujetos”.

 

El 1 de septiembre de 2016, Juan Carlos Flores respondió a través del Pacto Mundial. “Vemos que la respuesta de Enagás es evasiva a sus responsabilidades y falsa, pues no cuentan con la autorización del Cenapred, organismo que es el encargado de vigilar la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas de seguridad que se deben seguir en las poblaciones en zona de influencia, y cumplir con esas recomendaciones de seguridad es una obligación que la empresa tiene, incluso firmado en su contrato de concesión. Verás que al firmar el contrato Elecnor, y después Enagás, se comprometieron como un condicional del contrato a cumplir con las recomendaciones del Cenapred".

 

El Cenapred emitió dos documentos, el primero en 2011, donde, dado lo riesgoso del proyecto, hace diez recomendaciones a la CFE y firma el consorcio Gasoducto Morelos –que engloba a Enagás, Elecnor y Bonatti–. En el segundo, en 2012, advierte que la CFE no ha implementado sus recomendaciones.(LINK)

 

El problema es que en el laberinto legal mexicano, se diluye la responsabilidad. Algunos documentos refieren que el visto bueno debería provenir de otras instancias. “El Cenapred dice que no es una instancia para emitir permiso. Pero no por ello no están obligados a decir si cumpliste con las recomendaciones o no”, explica ahora Flores.

 

En medio de esta disputa dialéctica, en junio de 2016, el Cenapred emitió un tercer documento en el que insiste en que no ha validado la construcción y funcionamiento del gasoducto en zona de riesgo volcánico y que su opinión técnica es necesaria para determinar la viabilidad del proyecto, y una obligación para la empresa según el contrato firmado por la CFE y el compromiso legal adquirido con la Comisión Reguladora de Energía.

 

Juan Carlos Flores continuó enviando escritos dirigidos a Vanesa Rodríguez del Pacto Mundial, para saber qué procedía, pero se quedó sin respuesta. Estas reporteras contactamos a  Rodríguez  para pedir una entrevista sobre cómo el Pacto Mundial monitorea y asegura el cumplimiento a sus principios de las empresas adheridas, pero nos remitió a una lista de “medidas de integridad” como política global. Después, alegó que “el procedimiento se basa en el diálogo entre las partes para trazar un camino de mejora. Pero los casos concretos se tratan con confidencialidad”.

 

Desde el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que recopila el trabajo facilitado por el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, la investigadora para México Karen Hudlet subraya que en algunos casos “las empresas tienen un papel activo en la vulneración de los derechos, como en el Proyecto Integral Morelos”, mientras que en otros identifican “complicidad entre el Estado y la empresa”, y, que si no es así “la empresa se beneficia del clima de abusos que desincentiva las acciones en contra de sus proyectos”.

 

Para este reportaje, buscamos hablar en su matriz de origen en España e Italia con todas las empresas implicadas, pero ninguna quiso dar su versión. Solo Enagás se excusó diciendo que ellos ya operan la Central Termoeléctrica tal y como lo exige su cliente, la CFE. Enagás es la única de estas cuatro empresas que cotiza en el índice bursátil español, ya que Abengoa fue expulsada por su suspensión de pagos. En su último balance de cuentas Enagás alega que el “100% de los acuerdos significativos con proveedores incluyen cláusulas con preocupaciones en materia de Derechos Humanos” y que en México, en particular, ha implantado un “modelo de prevención de delitos” en 2016. No dice nada de las afectaciones a la vida cotidiana de la gente que vive donde realizan obras.