La corporación Abengoa, ahogada por los impagos en España y México, cobró 1,600 millones de pesos al gobierno mexicano sin poner aún una piedra del acueducto Zapotillo-León, del que ganó la licitación en 2011. A lo largo de 140 kilómetros, el túnel llevará agua desde los Altos de Jalisco –una de las principales zonas de producción alimentaria del país– hacia Guanajuato, la tierra del ex presidente Vicente Fox, que necesita millones de litros de agua para la fabricación de automóviles

 

Investigación y redacción: Daniela Pastrana, Ana Cristinta Ramos y Jade Ramírez Cuevas Villanueva 
Foto: Daniela Pastrana
Video: Daniela Pastrana y Ximena Natera
Infografías: Arturo Contreras Camero

SILAO, GUANAJUATO.- El Puerto Interior es un corredor industrial de interminable sucesión de logotipos de empresas, medianas y grandes, dedicadas sobre todo a proveer de autopartes a algunas de las más famosas marcas de automóviles del mundo. Está franqueado por una sede del Instituto Politécnico Nacional y coronado por una glorieta de banderas del mundo, y en los días laborales son una vertiginosa ruta para los negocios entre ejecutivos de rostros redondos y ojos rasgados que hablan sobre todo inglés y japonés.

 

El corredor de cemento, que antes fueron campos de cultivo cercanos al aeropuerto del Bajío, está afuera de la ciudad de León, dentro de los límites de Silao, un municipio catalogado por activistas de derechos humanos como el “nuevo Juárez” por su conversión de los últimos años en una ciudad maquiladora. En los últimos años, la expansión industrial de estas dos ciudades detonó, entre otras cosas, un crecimiento en el estado superior al 6% anual, muy por encima del resto del país.

 

Oficialmente se llama Puerto Interior, pero aquí le llaman Puerto Seco. Para crecer necesita millones de litros de agua que aquí no hay. Por eso, el gobierno estatal reclama el agua de Jalisco, que el gobierno federal le prometió al estado de Guanajuato desde 1997. Eso dicen los opositores al proyecto, aunque la información oficial afirma que el objetivo es garantizar el suministro de agua potable para más de 1.5 millones de habitantes las dos entidades.

 

La construcción del acueducto de 140 kilómetros, que cruzará desde Cañadas de Obregón, Jalisco, hasta la capital industrial de Guanajuato, está a cargo de la empresa Abengoa, de capital español.

 

En 2011, Abengoa ganó la licitación para capitalizar el agua contenida en la presa Zapotillo, que construye la mexico-española Fomento de Construcciones y Contratas. El contrato, por 1,600 millones de pesos fue para el trasvase del Río Verde de Jalisco a Guanajuato y la venta de agua. Pero seis años después, la construcción del acueducto no ha iniciado porque la obra origen, la presa, está frenada por la oposición de pobladores de tres que serían inundados, y por la falta de aceptación de los ganaderos y propietarios de predios por donde pasará el tubo: la región Altos Norte de Jalisco, una importante franja ganadera del país.  

 

Mientras eso se resuelve, la empresa, que se declaró insolvente en 2015, cobra los réditos de un proyecto por el que no ha puesto una sola piedra, y usa los contratos como garantía para pagar otras deudas.

 

 “El gobierno defiende una empresa en quiebra”, resume María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C.

 

Académicos protestan afuera de Abengoa 

 

El estilo Abengoa

 

Para Abengoa, cuya deuda asciende a 6.014 millones de euros, México ha resultado un negocio redondo: gana licitaciones que usa como garantía para adquirir deuda en otros países, como la que tiene con el Banco de Inglaterra, y desde 2015, financia proyectos de inversión de alto riesgo, como el del acueducto del Zapotillo-León, con los fondos de pensiones, un mecanismo bursátil creado por el gobierno mexicano para salvaguardar las jubilaciones de los trabajadores.

 

El proceso es simple: a través de una empresa llamada Prana Capital, se crearon unos unos instrumentos bursátiles, llamados CKD para financiar “desarrollo” (proyectos de industria, energía, infraestructura, incluyendo la compra de tierra para proyectos futuros); el gobierno mexicano invierte el capital de las pensiones. Estos instrumentos CKDs son administrados por la empresa Prana Capital, que es subsidiaria Artha Capital. En mayo de este año, la propia empresa anunció el acuerdo entre Prana y Abengoa para impulsar las obras del acueducto El Zapotillo.

 

El mecanismo para invertir recursos públicos de las pensiones de los trabajadores mexicanos en una empresa privada es legal y el argumento para especular con los ahorros de años de trabajo –no sólo en México, sino en el mundo– es que se necesita generar divisas para garantizar la pensión a los jubilados cuando no haya un capital productivo.

 

Lo que nadie ha explicado es por qué el gobierno mexicano decidió invertir esos bonos en una empresa quebrada. Ni por qué los escándalos derivados de la crisis financiera de Abengoa son insuficientes para finiquitar las relaciones comerciales con el consorcio, y por el contrario, dotarlo una y otra vez de recursos públicos: a lo largo del territorio nacional, Abengoa tiene 51 contratos con PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para obras concesionadas entre 2003 y 2015, según un estudio en proceso de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés).

 

La corporación tiene en México proyectos de energía convencional y renovable –plantas de ciclo combinado, subestaciones, plantas de tratamiento de agua u otra infraestructura– y participó también en la construcción del Centro Cultural Mexiquense, el proyecto Bicentenario de Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México.

 

Pero la incapacidad de fiscalización de sus finanzas para la entrega de recursos públicos no es la única debilidad del gobierno mexicano frente a los intereses de la empresa española. En septiembre de 2009, Abengoa presentó una demanda contra el gobierno de México ante el  tribunal internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la cancelación del basurero tóxico en Zimapan, Hidalgo; la planta, construida entre 2004 y 2007, iba a almacenar más de 170 mil toneladas de residuos peligrosos. A través de Befesa, su representante en el país, la empresa española se dolió de alegó que la cancelación violó el Acuerdo Internacional de Protección a las Inversiones y el gobierno mexicano tuvo que pagarle 535,302 millones de pesos como indemnización.

 

Poder considera que Abengoa se presenta como una compañía que invierte en ciencia, tecnología e investigación y que de ese modo capta recursos que le sirven para pagar deudas que ha adquirido previamente. Es decir, se endeuda con unos para pagar a otros.

 

“La empresa adquiere proyectos, por cada proyecto va a haber inversionistas que le van a meter dinero, y eso le permite mantener los altos sueldos de los directivos, comprar otros proyectos y adquirir nueva deuda; como son proyectos de inversión enorme y de largo plazo, así pueden mantenerse”, explica Patricia Legarreta, investigadora de la organización.

 

Es una forma de operar que no sólo aplica en México. Según la investigación de Poder, Abengoa es el deudor único más grande del Gobierno de Estados Unidos (recibió 2.34 mil millones de dólares en la administración de Barak Obama, a través del Federal Financing Bank). En diciembre de 2015, una semana después que la empresa española se declaró insolvente, el entonces el Senador Mike Pompeo envió una carta a los secretarios de Energía, Ernest Moniz, y del Tesoro, Jack Lew, en la que cuestiona por qué a una empresa en quiebra le dieron préstamos tan altos para desarrollar energías y qué planean hacer para recuperar la deuda.

 

“Desde el 2007 Abengoa ha recibido prestamos por más de 2.7 mil millones de dólares del Departamento de Energía para la construcción de dos plantas solares y una de biocombustibles celulósicos, sólo ha entregado la tercera (…) Para ponerlo en perspectiva, la quiebra de Abengoa expone a los contribuyentes a perder cuatro veces más que con la quiebra de Solyndra, siendo el fracaso más grande del programa de préstamos verdes del Departamento de Energía”, dice la carta de Pompeo. Pero nada de eso ha sido suficiente para que México deje de darle recursos a la multinacional.

 

LÍNEA DE TIEMPO:  Una historia de engaños  

 

La Ruta del Negocio

 

En Cañadas de Obregón, Jalisco, los pobladores de tres comunidades han dado una batalla judicial de 12 años contra el trasvase de agua en la represa El Zapotillo, y están decididos a ganar. En Silao, Guanajuato, lo que se ve es un monstruo industrial que necesita tragar millones de litros de agua para sostener el crecimiento económico que presume el gobernador y que comenzó cuando Vicente Fox Quezada fue presidente de México.

 

Aquí, los empresarios ven con gusto el aumento de inversión extranjera y evitan el tema de las consecuencias sociales de marginación y violencia que han llegado junto con el “progreso”. Además, muchos de los terrenos para estos proyectos  fueron regalados a las empresas por el gobierno del estado, que además les otorga beneficios fiscales. El caso más reciente fue documentado en junio de este año por la organización Mexicanos Contra la Corrupción: Entre 2014 y 2015 el gobierno de Guanajuato pagó 481 millones de pesos por la compra –a través de operaciones intermediarias– de 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones. Después, regaló las tierras a la trasnacional Toyota, que proyecta instalar una armadora de autos en el estado.

 

Una de las cosas que más llama la atención al llegar a los municipios de León y Silao, el corazón de la Ruta del Negocio que está señalizada en todo el trayecto desde Jalisco hasta acá, son los letreros oficiales de “Bienvenida” escritos en castellano, inglés y japonés. 

 

Los políticos en turno, comentaristas y promotores del megaproyecto de represa y acueducto, reducen el movimiento socio-ambiental opositor a una vieja disputa entre Jalisco y Guanajuato por el agua. Pero no se trata de una simple batalla, sino de del despojo de un derecho fundamental para ponerlo al servicio de empresas y necesidades industriales, dicen los activistas.

 

“Guanajuato es el estado más neoliberal del país”, resume Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

 

Iván Patiño, académico de la Universidad Iberoamericana campus León, explica que el modelo de desarrollo de Guanajuato, uno de los núcleos donde se producen autos de exportación en el país, se basa en la atracción de inversiones a costa de afectación ambiental y déficit social, por desventajosas negociaciones.

 

“Por cada unidad automotriz el proceso utiliza 280.000 litros de agua y la devolución del líquido utilizado ya es agua contaminada con metales pesados supeditada a un confinamiento especial que debe ser tratada para de nuevo ponerse en uso y consumo humano”, advierte el investigador.

 

A eso se agrega que para construir el proyecto de presa y acueducto Zapotillo-León, se ha pagado a 12 pesos (poco más de medio dólar) el metro cuadrado en tierras ejidales y ni siquiera se ha concretado el pago total. El argumento de “estamos atrayendo inversión para generación de empleo”, tiene un efecto contrario, insiste Patiño, pues sólo benefician las empresas extranjeras: inglesas, japonesas, españolas.

 

 

El progreso seco

 

Afectaciones ignoradas

 

Abengoa es una empresa premiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por “su compromiso con el medioambiente y su contribución a la generación de energía limpia”. En su código ético asume “la actuación profesional de sus empleados, directivos y consejeros a la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos, a los Convenios Internacionales aprobados por dicho organismo internacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos sociales, así como a los principios del Pacto Mundial de Liderazgo Empresarial de Naciones Unidas”, así como “el documento emanado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003”.

 

Pero de la firma al hecho hay un largo trecho. La empresa ha tenido denuncias de malas prácticas en países de Latinoamérica, como Chile y Bolivia; de este último fue expulsada, durante la Guerra del Agua, por las tarifas elevadas en las que vendía agua a las comunidades de donde la extraía. En México también ha tenido problemas. En el caso del Zapotillo-León, Abengoa se deslindó de cualquier responsabilidad frente a los representantes legales de las comunidades afectadas. En el ejido Agua de Obispo, en el municipio de San Juan de los Lagos --por donde pasará la mayor parte del acueducto- los ejidatarios cuentan que los representantes de las empresas los han presionado en varias reuniones por negarse negociar su tierra.

 

Los ganaderos decidieron cerrarse a cualquier petición de entrevistas y todo lo manejan a través de su asesor político, Juan Guillermo Márquez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable A.C. (Conredes), un hombre cercano a la cúpula empresarial y conservadora de la región. Conredes organizó marchas en defensa del agua en 2015 y 2016. Pero, a diferencia de los pueblos amenazados por la inundación de la presa, el rostro y las historias de los ejidatarios afectados por el acueducto se mantienen en reserva.

 

“No queremos a nadie en nuestros predios, estamos por la defensa del agua, no hay que dar explicaciones”, dice Paloma Macías, hija de un ejidatario y quien cuenta que, durante las negociaciones, los representantes de la empresa les advirtieron que “quieran o no, se va hacer (el acueducto)”.

 

El apoderado legal del ejido Agua de Obispo, Alejandro López, explica la negativa de varios ganaderos a dar su testimonio: “Son actores importantes económicamente y en ese corredor hay mucha gente malora, esa es la preocupación de la gente que los puedan identificar y venadear”.

 

La ganadería, agricultura y silvicultura, son las principales actividades de San Miguel El Alto, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Estos municipios producen el 23% del PIB estatal y usan aguas superficiales y subterráneas de la cuenca. Los ganaderos saben que una vez que inicie en operaciones la represa, cada metro cúbico de agua trasladado por Abengoa al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SIAPAL), tendrá un costo, y el mismo gobierno lo venderá sin distinción. Desde su perspectiva, el trasvase de la cuenca de Río Verde para abastecer de agua a la industria y agroindustria de León pone en riesgo la sostenibilidad del corredor económico en los Altos Norte y sus 800 mil habitantes, que se sostienen de envasar y producir derivados de leche, cosechar maíz, generar forraje y producción en granjas avícolas como porcícolas.

 

Da click para escuchar el testimonio de Javier Hernandez, ganadero del municipio de Jalostotitlan afectado por el acueducto..

 

Algunos iniciaron una lucha legal y obtuvieron una suspensión provisional contra la construcción del acueducto, por lo que Conagua y Abengoa modificaron el trazo de la obra. El triunfo del ejido tuvo su consecuencia: al presupuesto inicial del megaproyecto se le sumaron 34 millones de pesos.

 

* * *

 

A unos días de terminarse el 2016, aparecieron ocho tubos del acueducto en un predio del municipio Cañadas de Obregón. Tienen el logotipo de Conagua, del gobierno de Guanajuato y de Abengoa; reposan al pie de la carretera y para los habitantes de Temacapulín -la delegación que pertenece a Cañadas de Obregón y que resiste desde 2005 contra el megaproyecto de represar al Río Verde-, son una amenaza latente.

 

Por eso, acompañados de los hijos ausentes de la comunidad, apenas empezó el año se fueron a la presidencia municipal a preguntar si hay algún permiso nuevo a la empresa. El alcalde les aseguró que no,  culpó de la descarga del material a Conagua –que hace uso del derecho de vía en suelo federal– y juró  que no autorizará el cambio de uso de suelo para que la represa pueda completarse.

 

Para junio, sin embargo, la tubería del acueducto sigue en el mismo lugar, lista para ensamblar el primer trazo. La batalla es aún larga. Ni el gobierno ni la empresa ha explicado cabalmente a los pobladores de Los Altos de Jalisco cuál sería el beneficio que tendría la región con el megaproyecto, mucho menos cuáles serían las afectaciones para las comunidades. Lo que sí es evidente es que tanto la empresa, como las autoridades federales y estatales, han mentido sobre el objetivo de la obra.

 

Patricia Legarreta, la investigadora de Poder, lo resume así: “A pesar de que Abengoa y el gobierno dicen que el acueducto es para llevar agua a las comunidades y a la sociedad de León, si están financiando (el proyecto) a través de estos bonos (de fondos de pensiones) que están destinados a proyectos energéticos, entonces el agua no está pensada para consumo humano, sino para uso industrial”.

 

Abengoa Vs. México