Texto y fotos: Ángeles Mariscal
Entre diciembre de 2018 y junio de 2019, el gobierno mexicano ha entregado tres tipos de visas para migrantes: de Visitante por Razones Humanitarias; de Visitante Regional; y de Trabajador Fronterizo. Sin embargo, ninguna es una salida integral, advierten activistas, que plantean que una salida sería asumir de manera seria que México es un país de destino, e instrumentar programas de regularización migratoria. Para la población migrante el norte es cada vez más un lugar simbólico, un sueño que no se alcanza porque al despertar cada mañana, siguen en el sur-sur, el sur de México, el de clima tropical, el de las casas con paredes raídas, el de salarios insuficientes, el de la incertidumbre por el miedo a la deportación latente, el de los uniformados verde olivo. Miles de migrantes se sienten atrapados en esta región de donde buscan escapar porque para ellos y ellas, el norte empieza, al menos, en la Ciudad de México, “y de ahí pal´ arriba”.
MAPASTEPEC, CHIAPAS.- José, El Cubano, entró a México en una de las caravanas migrantes que entró al país en marzo de 2019. Para entonces, el gobierno mexicano ya había dado por terminado el programa emergente de atención a migrantes con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estreno su sexenio.
Atrás habían quedado las imágenes de las largas filas de migrantes que aplaudieron la entrega de más de 30 mil “Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias”, que les sirvió como salvoconducto para entrar al país y llegar a la Frontera con Estados Unidos.
Los coletazos de cólera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante esta medida, ya habían empezado a impactar al nuevo y popular gobierno mexicano. El sueño del país de puertas abiertas terminó de golpe y sin previo aviso.
“Yo llegué porque me dijeron que estaban dando las tarjetas, pero cuando llegamos a la frontera mexicana, nos dijeron que regresáramos a nuestro país, que allá hiciéramos la solicitud. Nos empezamos a juntar en Tecún Umán (poblado de Guatemala fronterizo con México), y cuando éramos como tres mil, entramos”, cuenta.
La caravana ya no recibió la solidaridad que habían tenido las primeras, ni de las autoridades mexicanas, ni de la sociedad de este país. Sin lugares para dormir, sin comida, casi sin agua; como pudieron, caminaron durante varios días 152 kilómetros hasta llegar a este municipio.
El gobierno de México le apostó a cansarlos y cuando llegaron a este punto, les ofreció como albergue las canchas deportivas del lugar. Exhaustos, aceptaron permanecer ahí para descansar y recuperarse. Entonces les hizo una segunda oferta: regularizar su estancia migratoria para evitar la deportación. La condición fue que permanecerían en Chiapas o en alguno de los cinco estados del sur del país. Tendrían que detener su camino al norte.
Les dejó abierta la puerta de esta posibilidad, mientras cerraba el cerco en este municipio. En las semanas siguientes el albergue de Mapastepec se fue llenando de miles de migrantes que analizaban la oferta. A finales de abril, miles decidieron rechazarla, salir del albergue y avanzar. Policías antimotines los interceptaron cuando se encontraban sobre la carretera, los detuvieron, y los llevaron a la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, para iniciar los trámites de su deportación.
Lo siguiente fue la detención de las caravanas migrantes, apenas estas intentaban entrar. Y para reforzar el mensaje, la tercera semana de mayo cientos de elementos del Ejército mexicano y la Marina, se instalaron afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, y en los retenes migratorios ubicados a lo largo de la frontera.
José El Cubano y cientos de migrantes quedaron atrapados en el municipio de Mapastepec. “Ya nos iban a dar las Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias. Yo vi cinco cajas donde las tenían guardadas. Pero de pronto nos dijeron que ya no, nos dieron la (tarjeta) de Visitante Regional. Nos dijeron que con esa nos iban a dar trabajo, que nos quedáramos. Por temor de ser deportados aceptamos y nos fuimos quedando. Pero no queremos estar acá”.
Jóvenes hondureñas en la plaza central de Mapastepec-Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal
En Mapastepec la vida transcurre como en un limbo cargado del sopor que provoca 36 grados de temperatura y 70 por ciento de humedad en el ambiente. Al centro de la pequeña localidad destaca el edificio de la Presidencia municipal, el kiosko que hace las veces de plaza cívica, y algunos pequeños locales de venta de alimentos o servicios de internet.
La vida social transcurre lenta en este espacio donde lo mismo ensaya la banda de música del municipio, que sus coreografías los jóvenes de la escuela Secundaria de la localidad.
Ahí también se dan cita los enamorados, y migrantes que quedaron varados.
Es lunes por la mañana y poco a poco va llegando la población migrante. Llegan mujeres con hijos de brazos, hombres con playeras que dicen Miami o Nueva York. Algunos portan un machete, otros, pequeñas bocinas donde escuchan música. A las 9 de la mañana llega también un trabajador del gobierno federal y uno del Ayuntamiento. Empiezan a asignarles tareas que básicamente son de limpieza de calles, de carreteras, y hasta de bodegas o alcantarillas. Por 170 pesos diarios tienen que cumplir 8 horas de trabajo.
El gobierno los inscribió en el llamado Programa de Empleo Temporal. “La idea de ofrecerles trabajo es que no sigan avanzando al norte”, reconoce uno de los empleados de gobierno que pasa lista a cada migrante que esa semana va a trabajar: 86 se apuntan.
Este programa durará seis meses. Después, si los migrantes aceptan constituirse como trabajadores regionales fronterizos, podrían ser inscritos en programas como “Sembrando Vida”, para realizar labores de siembra de árboles; “o incluso existe la posibilidad de que se vayan a Cancún, cuando se empiece a construir el Tren Maya”, explica el funcionario público, intentando ser positivo.
Milton, hondureño, camisa blanca impecable, tiene en sus manos un machete y ese día fue designado para “chaporrear” (cortar) hierva en los caminos. Es mecánico especializado con título de técnico en montacargas. “Yo salí de mi país no porque estuviera muriéndome de hambre, sino porque ganaba 10 mil lempiras al mes (unos 7 mil 800 pesos mexicanos), lo mismo que ahora gano acá en México. Y no es que no quiera chaporrear, pero sé realizar trabajos especializados, y sí salí de mi país es porque buscaba una mejora, pero mi situación ahora es igual que en Honduras: el dinero es solo para irla pasando, para comprar comida y rentar un cuarto”.
Milton cuenta que logró llegar a Arriaga, unos 200 kilómetros delante de Mapastepec: “Estábamos descansando en el albergue cuando llegó una gente de gobierno de México y nos dijo que regresáramos a la frontera porque ya estaban dando las visas humanitarias, que con esas ya podíamos recorrer el país sin ser detenidos. Éramos 10, nueve se siguieron hasta el norte, pero yo les creí y me regresé. Los nueve ya llegaron a Estados Unidos. Yo me quedé aquí, en esta situación y ya sin poder avanzar porque están los militares y los retenes más duros”.
Para Yuli, Mapastepec es un “pueblo triste”. Ella viaja con sus dos hijos: Yuliana Yamilel y Jonatán Joel, de 8 y 9 años. De los 3 mil 380 pesos que gana al mes en el Programa de Empleo Temporal destinado a migrantes, mil se le van en pagar un cuarto de donde el calor nunca sale y las paredes van manchándose con la humedad del ambiente. El resto del dinero lo utiliza en comprar comida.
En este lugar -dice- no la pasan bien. “Me desespera, quisiera escapar”, suelta y se encamina al lugar que les asignan para laborar ese día. Por el momento no quiere hablar, solo pide mi número de teléfono. Alrededor de las cinco de la tarde me envía varios mensajes. Algunas son fotografías que tomó con su teléfono. En ellas se ve a varios migrantes ya de regreso de la jornada de trabajo, van caminando sobre la carretera, a pleno sol, llevan a sus hijos en brazos o caminando junto a ellos, sofocados por el cansancio y el calor.
“Por eso le digo que yo no quiero quedarme acá, pero tampoco puedo regresarme a mi país”, dice.
Me comparte dos imágenes de periódicos de Honduras, donde ella aparece abrazada a un féretro. “La pandilla secuestró a mi hermano y lo mató, a mi esposo lo mataron a balazos”.
Yuli, Milton, José y el resto de migrantes, unas 200 personas que por el momento están en Mapastepec, esperan salir del lugar. ¿A dónde?, su respuesta siempre es “pal´norte”.
Reconocen que Estados Unidos es una meta cada vez más lejana. Eso va separándolos más de su expectativa que ahora se ubica un poco más al sur, “en otros estados, como Monterrey, Ciudad de México, donde haya mejor trabajo. Yo la verdad me siento atrapado aquí. Yo necesito otro estado para poder trabajar”, insiste José.
En los municipios de Suchiate, Tapachula, Palenque, y en cada uno donde hay migrantes varados, la historia se repite. En Palenque, Yosmar, su esposa Alma y sus cinco hijos, cada tarde van a la estación a ver partir el tren de carga. Llevan botellas de agua para pasar las horas en medio del calor y la humedad, mientras observan a los migrantes que decidieron no esperar.
Todos voltean cuando el tren empieza a moverse y un joven se cuelga en la espalda a una niña de unos tres años de edad. Lo único que la sostiene es su propia fuerza porque el joven corre al ritmo del tren y utiliza las dos manos para sujetarse a una escalera ubicada al costado del vagón. Contienen la respiración cuando el joven sube y el tren arranca a más velocidad. Arriba también van mujeres en avanzado estado de embarazo, familias con niños de brazos.
“Nosotros decidimos esperar un tiempo acá, pero no pensamos quedarnos. No podemos regresar a nuestro país, pero tampoco podemos quedarnos en Palenque. Acá no tenemos nada, lo que ganamos es apenas para rentar un cuarto, para comprar comida”, explica Alma.
Considera que si avanzan, “al menos hasta la Ciudad de México”, podrían obtener mejor trabajo, buscar una casa, inscribir a sus hijos en la escuela. Por lo pronto, “ya ve como se pusieron los retenes, ya están los gendarmes y a muchos los han bajado del tren. Ahora no podemos avanzar, vamos a esperar, pero no vamos a quedarnos”, insiste.
Sin embargo, moverse ahora del lugar en el que se encuentran, es colocarse a un paso de la deportación.
Un limbo legal
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, el gobierno mexicano entregó 33 mil 212 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias; 43,666 Tarjetas de Visitante Regional; y 5,065 Tarjetas de Trabajador Fronterizo. La Ley de Migración especifica la normatividad y condiciones en las que pueden ser entregadas, así como temporalidad en su vigencia.
Según esta ley, la Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias solo se entregan a víctimas o testigos de algún delito grave cometido en territorio nacional; a niña, niño o adolescente que se encuentre sujeto a un procedimiento de sustracción y restitución internacional; o a quienes su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido. Tiene temporalidad de un año, puede ser renovada, y no restringe la movilidad del migrante por el país.
La mayor parte de las que se entregaron fueron durante las primeras caravanas que entraron a México, a finales de 2018. Los migrantes las usaron para llegar a la frontera norte del país.
Las Tarjetas de Visitante Regional, según la Ley de Migración, permite el ingreso al país por tiempo limitado, y únicamente a la frontera sur. Autoriza a quien la obtenga el tránsito hasta por siete días a poblaciones de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Tiene una vigencia de 5 años, pero quien la obtenga no debe permanecer en México por más de una semana. Al término de ese periodo tiene que salir y, si lo desea, volver a entrar por ese mismo periodo, de manera consecutiva.
La Tarjeta de Trabajador Fronterizo está destinada a habitantes de Guatemala y Belice; sin embargo, el gobierno extendió la misma —sin marco legal que por el momento respalde la decisión— a quienes habitan en Honduras y El Salvador. Para obtenerla, el migrante debe presentar por escrito y de manera previa, una oferta de empleo, una constancia del empleador en la que se indique el salario que pagará, la ocupación, la temporalidad y el lugar de trabajo.
Para hacer frente a la emergencia generada por las amenazas arancelarias del presidente Donal Trump, que exigió a México contener la migración, las tarjetas de Visitante Regional y Trabajador Fronterizo se han entregado de manera discrecional a los migrantes, como un gancho para mantenerlos en el sur de México, particularmente en el estado de Chiapas.
Salvador Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, dice que estas medidas forman parte del muro de contención del sureste mexicano, porque no se puede detener y deportar a todas las personas migrantes que cruza México. Sin embargo, explica que no son parte de una política migratoria integral de asilo, sino medidas improvisadas que, básicamente, provocan que las personas migrantes queden varadas en este territorio.
Militar de la Guardia Nacional custodia módulo del Instituto Nacional de Migración en Comitán-Chiapas. Foto. Ángeles Mariscal.
“Ahora solo se están aplicando medidas improvisadas para cumplir los objetivos de Trump, las autoridades mexicanas están actuando sin tener un mínimo diagnóstico, ni mirada integral de la situación. Quieren que los migrantes se queden acá pero sin pensar en los derechos de las personas que no necesariamente se quieren quedar”, dice.
Lacruz detalla que todas las formas de regulación migratoria y derecho al asilo tienen normas que se están confundiendo al interior de las mismas instituciones, que las utilizan según les convenga, y “la población migrante, en su desesperación, acepta lo que les den, incluyendo esas Tarjetas de Visitantes Regionales”.
Refiere que, aún cuando un migrante de los que están varados en Chiapas la tenga, legalmente ya quedó invalidada porque no ha salido del país y vuelto a entrar cada siete días.
“Esas tarjetas están pensadas para las personas que no desean quedarse en México y sólo vienen pocos días. Dárselas a personas que vienen porque están huyendo de sus países y no pueden regresar en el corto o mediano plazo no es una medida legal que les permita estabilizarse. El gobierno de México está desvirtuando su propia ley”.
A corto plazo lo que les está generando es confusión y precariedad, señala el coordinador del centro humanitario. “Pero dentro de poco estarán en un limbo legal, de algún modo atrapados en los plazos en los que la ley prevé son temporales, y estarán bajo riesgos permanente de detención y deportación”, insiste.
Más que aplazar el problema, refiere Lacruz, una salida sería asumir de manera seria que México es un país de destino, e instrumentar programas de regularización migratoria a través de decretos que flexibilicen la ley y aliviar esta situación que están creando.
“México cada vez se está convirtiendo en un país de destino. Las instituciones tienen que responder con políticas acordes a esa realidad, que integre a las personas migrantes a la sociedad, con igualdad de derechos y condiciones a los servicios sociales”.
Mientras eso sucede, en el sur, los migrantes siguen atrapados, cantando y retando a la “muralla de Trump”.