Guerrero: Cuando huyes, dejas de existir
Una comunidad de la Costa Chica de Guerrero se vio obligada a huir para salvar su vida. En cinco años han perdido su territorio y a 38 vecinos que han sido asesinados por resistir a los tala montes vinculados al crimen organizado. En un pequeño solar al pie de la carretera, intentan reconstruir sus vidas
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Habitantes de la comunidad la unión salen a buscar agua para llevar a sus viviendas .
Momento 1.
Era casi la media noche del 14 de Marzo de 2011. El día había sido largo y difícil para más de 40 familias que caminaban a un costado de la carretera. La noche sería absolutamente negra de no ser por el esporádico parpadeo rojo y azul de una patrulla que los escoltaba. Caminaban con el cansancio a cuestas porque les urgía llegar a una pequeña cañada llamada La Unión, donde vivirían los próximos cinco años.
Atrás quedó su hogar en la comunidad Los Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Dejaron todo para salvar su vida, menos el miedo que los obligó a salir. Dejaron sus casas, sus pertenencias, sus bosques. Fueron obligados por el crimen organizado, que consideró que estas familias estorbaban para traficar con la madera.
En particular, los criminales tuvieron en la mira a don Rubén Santana, quien era líder de los comuneros y quien intentó enfrentar a los tala montes de los cárteles. De verdad que lo intentó. Rubén Santana, puso denuncias y quejas ante diversos organismos defensores y autoridades estatales, pero de nada sirvió. Aguantó en el poblado cuando ya 28 familias habían abandonado sus tierras bajo la amenaza del crimen organizado. Resistió hasta que lo mataron. El 15 de febrero de 2011, 20 hombres armados acabaron con su vida.
Un mes después, la comunidad entendió que las amenazas eran en serio, que quizá era mejor huir. Y así, avanzaron como la noche sobre los caminos de la Costa Chica de Guerrero ese 14 de marzo del 2011.
Mujer desplazada tejiendo palma
Momento 2.
Juventina Villa Mojica, viuda de Rubén, heredó de su esposo la lucha y asumió el liderazgo de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Mientras las familias abandonaban la comunidad de Los Guajes de Ayala, ella se mantuvo ahí denunciando los desplazamientos y amenazas que continuaban. El 25 de Septiembre del año 2012 Juventina acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante el primer visitador declaró:
“Tengo fundado temor y preocupación de lo que me pueda pasar a mi y a mis hijos”. Así lo confirma el expediente UVG/275/2012. Y vaya que tenía temor fundado, más de 10 familiares habían sido asesinados por resistir al desplazamiento de sus bosques. Pero con todo y eso, Juventina siguió la resistencia y consiguió el apoyo para que el resto de las familias de su comunidad saliera resguardada.
El 12 de Noviembre de 2012 Juventina preparaba una caravana con las 20 familias que quedaban para seguir a las que se habían desplazado a la cañada La Unión aquél marzo del 2011.
Cuando estaban listos para salir, tuvo la necesidad de ir a realizar una llamada. Subió a una cuatrimoto con sus dos hijos a la cima del cerro para encontrar señal, iba escoltada por 10 policías estatales. Pero arriba un grupo de 40 personas armadas la estaban esperando, la mataron a ella y a su hijo Reynaldo Santana de 17 años; su hija de 7 años logró escapar. Los policías que estaban ahí para protegerla, abandonaron la zona al momento de la agresión.
Paisaje de la región montañosa del estado de Guerrero uno de las zonas de mayor peligro en el país.
Momento 3.
Hoy, en la cañada La Unión, viven unas 20 familias que aún no pueden volver a su hogar. Desde el año 2011 cuando comenzó el desplazamiento y se asentaron en este lugar, los desplazados han ido y venido, buscando un espacio para reconstruir su vida. En algún momento llegaron a haber 85 familias que a la fecha se han ido diseminando en otras regiones del estado.
María del Carmen Santana es hermana de Rubén. Ella formó parte de la caravana que en marzo del 2011 caminó de día, noche y madrugada hasta llegar a este lugar. Entonces no era un hogar, era apenas un claro al pie de la carretera, unas cuantas sombras bajo los árboles.
María y el resto de las familias que aquí viven son cuidadas por la policía comunitaria y una patrulla de la policía estatal. Sus casas son de madera y algunos metieron ya cemento gracias a apoyo del gobierno del estado. Decir “un apoyo” es un decir, pues a cambio de eso, el gobierno les pidió que ya no se llamen “desplazados” sino “reubicados”.
Los habitantes de La Unión trabajan de lo que sea posible para sobrevivir. Un día son albañiles, otro día ayudan en comercios locales de las poblaciones cercanas a descargar camiones o a fumigar plantíos. Otros, como Nubia, acarrean botes de agua para fumigar y le pagan 100 pesos por 8 horas de trabajo.
“Yo nunca lloro, pero ayer lloré porque mi hijo no va tener padrino para su fin de curso”, dice Nubia.
A estas familias desplazadas no sólo les falta su hogar, su tierra. Les faltan los 38 vecinos que han sido asesinados y los 3 que han sido desaparecidos por el crimen organizado que tala sus bosques, desde el año 2009 al 2014. Incluidos Rubén y Jacinta.
Hoy las muertes siguen impunes.
