Chihuahua: El éxodo indígena

En la sierra Tarahumara los grupos del crimen organizado tienen una batalla por el control del territorio. Las víctimas son miles de familias indígenas que han sido obligadas a dejar sus tierras, su forma de vida y su libertad, para sobrevivir. Mientras, el estado se mantiene callado y cómplice del despojo.

La disputa entre diferentes grupos delictivos se ha incrementado desde hace cinco años por las tierras de la Sierra Tarahumara. En consecuencia, miles de indígenas se han tenido que desplazar forzosa y silenciosamente hacia otros municipios del estado.

La región serrana de Chihuahua está casi controlada por grupos delictivos que de manera cotidiana, en su lucha por el territorio para sembrar amapola, provocan el terror. Los cultivos de maíz, frijol, incluso marihuana, son intercambiados cada vez más, por los de amapola, denunciaron Isela González Díaz, directora de la asociación civil Alianza Sierra Madre y rarámuris desplazados.

La voracidad llega hasta despojar a las comunidades indígenas del agua para consumo humano y agrícola.

En esta batalla por el territorio que cruzan los distintos carteles de la droga -se sabe, se escucha, que los principales expulsores son integrantes del cártel de Sinaloa que cada vez está más fragmentado en la región- ante la inacción o indiferencia de las autoridades, las etnias se convirtieron en las principales víctimas del despojo y desplazamiento. Han emigrado, impotentes, a las principales ciudades del estado para trabajar como peones, viviendo en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a alimento, y hacinamiento. Han sido obligados a dejar su tierra, su historia y su libertad en medio de la indolencia del Estado.

La situación de violencia y el control del territorio por un cártel dividido, fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, luego de que en municipios como Guadalupe y Calvo y Urique, se registraron fuertes enfrentamientos.

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El éxodo comenzó hace dos años, en 2014, cuando ya no fue posible resistir. Fue silencioso y en secreto por seguridad y por ello –además de la negación del problema por parte de las autoridades- ha sido difícil contabilizar a las víctimas.

Solo algunos sectores sociales y eclesiásticos atendieron el llamado de auxilio. Apenas el gobierno actual de Javier Corral comenzó a mencionar el desplazamiento forzado en su discurso oficial. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró entre 2011 y 2015 281 mil 418 desplazados a nivel nacional, el 4 por ciento de ellos en Chihuahua, aunque se desconoce la cifra que representa la sierra Tarahumara.

En mazo del año pasado, los funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez, tuvieron que reconocer por lo menos el caso de la comunidad de El Manzano, del municipio de Uruachi, de donde huyeron 60 integrantes de la familia del gobernador indígena.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ésta obligó al gobierno a otorgar medidas cautelares a las víctimas.

Pero se trató de un caso aislado. La mayoría de familias indígenas desplazadas no cuenta con apoyo de organizaciones civiles y se encuentran refugiados en asentamientos irregulares y en la periferia de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero y del centro sur del estado, trabajando en huertas y en la pizca. Otros tratan de encontrar trabajo en la construcción.

Los municipios que más indígenas ha expulsado por esa causa son Urique, Batopilas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Chínipas, Morelos, Maguarichi, Guachochi y Bocoyna, principalmente. Todos ellos registran los más altos en rezago social, de acuerdo con el informe Territorio tarahumara, presentado en diciembre de 2016 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante el Senado por las organizaciones Contec, Alianza Sierra Madre y Tierra Nativa.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) clasificó esos municipios en el nivel de extrema pobreza por los rezagos que presentan: el 90.6 por ciento de la población no cuenta con servicio de salud; 78.9 por ciento no tiene agua potable; 96.6% por ciento carece de drenaje; 91.6 por ciento carece de energía eléctrica y más del 50 por ciento es analfabeta. 

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Pese al horror que generan los carteles muchas familias aún resisten las invasiones de sus tierras y no abandonan su territorio, pero son obligados a sembrar marihuana y amapola, a cuidar ganado robado y sus hijos son enganchados u obligados a trabajar en cultivos de enervantes.

Cruz Sánchez, ex gobernador indígena de El Manzano, ha colocado el tema de la desplazamiento forzado en diferentes foros gubernamentales y de organizaciones civiles. El hombre a quien le han asesinado dos hijos y uno más resultó herido al defender su territorio, aseguró que tienen puestas sus esperanzas en el gobierno de Javier Corral Jurado, quien ha reconocido la grave violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y les ha prometido combatir la problemática.

El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Estrada, opinó que el éxodo de los tarahumaras lo emprenden en soledad, dejando todo y sin esperanza, pero no sólo huyen por la violencia, sino por una suma de factores que los han hecho vulnerables en su propia tierra, en la Sierra Tarahumara.