Hogares
inhóspitos

[Primera entrega] El crimen de una persona indefensa

David Hidalgo y Gianella Tapullima
Videos: Giancarlo Shibayama

Una tarde de agosto del año 2000, en un barrio de clase media de Cajamarca, el centro minero más importante del Perú, un iracundo sujeto mató a golpes a la niña que trabajaba en su casa. La víctima se llamaba Luz Carmela Vásquez Sifuentes y tenía 13 años. Por las fotografías que iban a quedar en el expediente y entre las pocas pertenencias de su madre, se puede deducir que el crimen fue de una brutalidad inexplicable: el cuerpo de la niña quedó manchado por grandes y oscuros hematomas, y presentaba cortes y unas heridas punzocortantes que contradecían la explicación inicial de que la jovencísima trabajadora se había tropezado por accidente y sufrió un golpe fatal. En los días, semanas, meses y años que siguieron a esa muerte se iniciaría una secuela de versiones contradictorias, pruebas equívocas y actos dilatorios que parecían tener un solo destino: sepultar en la impunidad el asesinato de una niña pobre.

Luz Carmela Vásquez Sifuentes, más conocida como Carmelita, llevaba apenas tres meses encargada de algunas tareas en esa casa ubicada en un sector emergente de la ciudad. Había llegado por recomendación de una amiga de su madre, quien la convenció con el argumento de que así ganaría un poco de dinero para apoyar a su familia. El sueldo pactado fue de cien soles mensuales, poco más de treinta dólares. El empleador era un hombre de 34 años, contador de profesión, que ganaba un sueldo veinticinco veces mayor y declaró trabajar para una contratista de la minera Yanacocha, el principal centro de producción de oro de América Latina. Se llama Kalinin Percy Pereira Díaz y al momento del crimen vivía con su esposa, dos hijos menores de dos años cada uno –varón y mujer–, su suegra, dos cuñados y otra trabajadora del hogar que también hacía de niñera.

En la tarde del crimen, hubo un accidente doméstico que detonó la tragedia: la hija de los dueños de casa se golpeó la frente, al parecer con el borde de la cuna, y se hizo una herida abierta. Los detalles de lo que ocurrió en esas horas son confusos. La indagación policial estableció que la bebé fue llevada a una clínica cercana, y que luego el padre decidió trasladarla donde su pediatra, y que un cirujano le suturó la frente con anestesia local, y que luego todos volvieron a casa. Por el testimonio de la esposa del sospechoso a la Policía también sabemos que, mientras hacían esas gestiones, Carmelita estaba con ellos. Eran sus últimas horas con vida.

Los rastros de su historia, desperdigados a lo largo de dos décadas, describen una cadena de responsabilidades que sigue abierta hasta hoy. Este no es otro episodio aislado de un conflicto entre gente pobre y gente con recursos. El caso Carmelita es la evidencia flagrante de un clima de abusos que atraviesa el continente y que una alianza de medios periodísticos –integrada por Periodistas de a pie (México), Mutante (Colombia), Nómada (Guatemala) y coordinada por OjoPúblico- ha documentado durante los últimos meses en cuatro países de la región. El panorama de agresiones -que expondremos como parte de la investigación Hogares Inhóspitos- incluye desde trabajadoras del hogar sometidas a discriminación racial y humillaciones en Guatemala y México hasta migrantes forzadas de la guerra en Colombia que, por necesidad, llegaron a trabajar en viviendas donde padecerían un nuevo círculo de violencia, y mujeres adultas y niñas sometidas a abuso sexual, trata de personas y hasta asesinato en Perú. En una región agobiada por crisis y conflictos que generan cada día todo tipo de víctimas, hay muchas que están ocultas a puerta cerrada. Carmelita murió alrededor de las cinco de la tarde de un martes cualquiera, en la casa de una pareja de profesionales como cualquier otra.

Un lunes de abril del 2019, la señora Teófila Sifuentes se presenta en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, un edificio de ocho pisos con fachada de espejos que bien podría ser un hotel o una torre empresarial. Es el lugar donde se ha seguido la causa por el asesinato de su hija. La mamá de Carmelita está vestida con una chompa gris, el cabello cano recogido en trenza y largas líneas de expresión en la frente que se juntan como olas a punto de llegar a una orilla. A su lado va su abogado, un defensor de oficio, para pedir el expediente del proceso y obtener copia de algunos documentos. Una terrible casualidad –quizá muy mala suerte– hace que el tomo se abra de pronto en las páginas que llevan pegadas las fotos de la autopsia. Entonces a Teófila Sifuentes le sobreviene un gemido agudo, los ojos rojos, y hay que cerrar de golpe el tomo de papeles viejos para evitarle un impacto mayor. El incidente no dura mucho, pero la devuelve con violencia al momento en que todo empezó.

La tarde del crimen, diecinueve años atrás, Teófila Sifuentes descansaba en su cuarto después de haber lavado ropa ajena. Alguien llegó a buscarla para decirle que su hija se había desmayado y que estaba en el hospital. Ella salió a toda prisa para recogerla, y preguntó en la puerta de Emergencias. Allí descubrió que le habían mentido.

-Mi hija no estaba en ninguna cama. Estaba en la morgue- recuerda.

En los primeros momentos se enteró de la versión de los empleadores acerca de un desmayo y un posible golpe accidental. Teófila Sifuentes pidió ver el cuerpo de la niña, pero no fue posible: todavía debía pasar por los procedimientos legales que corresponden a toda muerte súbita.

La autopsia se realizó al día siguiente, a las 11 de la mañana, en una sala de la Morgue Central de Cajamarca. El examen fue realizado por dos médicos legistas, en presencia de un fiscal. En algún momento, por un arrebato nervioso, Teófila Sifuentes trató de entrar por la fuerza para ver a su hija, pero solo consiguió que le aplastaran los dedos con una puerta y un golpe en la rodilla que la dejaría cojeando hasta hoy. Horas después, le permitieron ver el cuerpo. Lo encontró sobre una mesa, cubierto por una sábana. Al descubrir el rostro, notó los labios morados, la lengua fuera, y se dio cuenta de que eso no pudo ser un accidente.

-Entonces, de frente yo grité que lo han pegado a mi hija y lo han muerto- dice la madre de Carmelita desde la calle, frente al brillante edificio de la Corte, donde está los papeles que confirman lo que dice.

Según esos papeles -revisados para esta investigación¬-, para ese momento ya se había producido el primero de los giros confusos del caso: el informe de la autopsia, complementado por algunas pruebas, concluyó que Carmelita había fallecido por una embolia pulmonar aguda, una neoplasia que supuestamente se originó en un tumor en un ovario y se extendió hasta sus pulmones. Una presunta muerte natural. A las pocas horas de haber recogido el cuerpo de su hija, Teófila Sifuentes mostró evidencia distinta a los periodistas que llegaron a cubrir el velorio. Un video de la época –que formaría parte de la carpeta fiscal- muestra el momento en que la madre de Carmelita hace abrir el ataúd, en plena capilla ardiente, y en seguida realiza una minuciosa descripción de moretones, raspaduras y cortes que no podían ser consecuencia de un tropiezo. Si ahora sabemos que esos signos eran evidencias de un crimen es porque, meses después, Teófila Sifuentes consiguió viajar a Lima, y pidió ayuda al Ministerio de la Mujer, y logró que le asignaran un abogado que se trasladó desde la capital hasta Cajamarca para gestionar la exhumación del cadáver.

Tal como la madre de la víctima sostenía, el nuevo informe pericial presentó resultados radicalmente distintos.

El médico patólogo Luis Sánchez fue uno de los tres peritos que revisaron los resultados de la autopsia. Sánchez, uno de los referentes de esta especialidad en Cajamarca, recuerda que en esos días hizo primero un examen de las tomas fotográficas y de video, el reporte forense y otros documentos del caso. Poco después participó en la exhumación. El nuevo examen arrojó que ciertas lesiones no habían sido consignadas en el protocolo de necropsia, y que otros elementos de la posible causa de muerte habían sido mal interpretados o ni siquiera explicados. La primera conclusión que consignaría en el informe de la pericia fue específica: “Los hallazgos descritos en la necropsia no sustentan esta causa de muerte”. La base de este dictamen fue que varios órganos internos presentaban signos característicos de asfixia. La hipótesis se confirmaba con los signos externos en el cuerpo: los hematomas visibles en el cuello y otras zonas. La explicación de los autores de la autopsia fue que se habían producido durante la manipulación del cadáver para los procedimientos forenses. Los peritos coincidieron en que ese argumento era insostenible, porque los cadáveres no tienen circulación sanguínea.

-Si nosotros golpeamos un cadáver, nunca más le va aparecer un moretón. Eso es imposible- explica Sánchez, vestido con levita blanca, ahora como jefe del Departamento de Patología y Laboratorio Clínico del Hospital Regional de Cajamarca.

No fue el único signo controversial que recuerda. Una serie de pruebas con muestra tomadas del cuerpo de Carmelita –que también fueron analizadas por respetados oncólogos de Lima- arrojó que no había evidencia de neoplasia, por lo que se descartaba el diagnóstico de un cáncer metastásico que supuestamente había empezado en un ovario y alcanzó los pulmones. Sánchez y sus colegas descartaron también que el deceso de la niña trabajadora se hubiera producido por una embolia pulmonar. Casi dos décadas después, lo explica así: las embolias pulmonares son una patología en la cual se forman coágulos, por lo general en las venas de las piernas, que se desprenden y viajan hasta los pulmones.

-Eso no se da en niñas de 13 años. Es una patología de la tercera edad- dice una mañana de sábado del 2019, sentado en una sección del hospital a la que llegan muestras por analizar de toda la región.

Las nuevas conclusiones obligaron a que el tribunal ordenara un debate pericial para determinar cuál de los diagnósticos era el correcto. La discusión realizó una mañana de julio, en una sala de audiencias del juzgado penal que llevaba la causa. Cinco médicos expusieron sus observaciones ante la jueza y la fiscal. En medio de la discusión, que fue descartando uno a uno los detalles del primer diagnóstico sobre la muerte natural, el autor del protocolo original dijo haberse equivocado al describir ciertos signos con términos médicos que podían hacer la diferencia entre una lesión producida en vida de otra ocurrida tras el deceso de una persona. Cuando la jueza preguntó cuál era entonces la causa definitiva de la muerte, el forense admitió que se trató de una asfixia mecánica por muerte violenta. En el acta del debate se consigna una interpretación más precisa en la que coincidieron tres de los médicos: “una muerte violenta producto de una asfixia mecánica por mano ajena”.

- No hubo ninguna discordancia- recuerda el doctor Sánchez- Por eso firmamos el acta.

Con la nueva información, la fiscalía formalizó la denuncia contra Pereira por el homicidio de Carmelita. La imputación dijo que el crimen se había cometido a raíz del accidente con la niña que debía cuidar.

El imaginario colectivo de Cajamarca está salpicado de episodios en que personas humildes enfrentan un poder que las sobrepasa. Por los días en que Carmelita fue asesinada, la región estaba crispada por un incidente relacionado a la minería: apenas dos meses antes del crimen, una subcontratista de la minera Yanacocha había derramado más 150 kilos de mercurio en inmediaciones de un pueblo llamado Choropampa, en lo que se recuerda como uno de los peores desastres ambientales en la historia del Perú. Cientos de personas resultaron contaminadas. Aunque las autoridades anunciaron una investigación, la compañía minera llegó acuerdos extrajudiciales que comprendían el pago de dinero a los afectados y el compromiso de financiar obras municipales a cambio de quedar libre de eventuales reclamos judiciales. Poco después, la Defensoría del Pueblo observaría que esos acuerdos afectaban el derecho constitucional de los pobladores a una tutela judicial efectiva. En el 2010, cuando el caso de Carmelita entraba a una fase crítica que podía derivar en la libertad del asesino, una mujer campesina llamada Máxima Acuña empezó a resistir los intentos de Yanacocha por desalojarla de sus tierras para ampliar sus operaciones, lo que incluía el secado de una laguna cercana. Los videos de Acuña mientras soporta el embate de policías y máquinas retroexcavadoras en un paraje de los Andes convirtieron su solitaria resistencia en un símbolo global de la lucha por proteger el medioambiente. En el lapso que separa ambas historias, el caso de una niña trabajadora del hogar asesinada por su empleador, hermano de un empresario que hacia trabajos para esa minera -aunque fue un incidente ajeno a la compañía- adquirió un sentido similar, el de una batalla desigual, o eso recuerdan varias personas cercanas a esta historia.

El rasgo más claro está en los giros del largo proceso judicial seguido para esclarecer el crimen. En el 2006 el inculpado, Kalinin Percy Pereira, fue condenado a cuatro años de cárcel, pero su defensa impugnó la sentencia. Al año siguiente, un tribunal aumentó la condena a cinco años, pero también la eludió con otros recursos. Tres años después, la defensa de Kalinin Pereyra logró que el juzgado admitiera su pedido para cambiar el tipo penal de la acusación: de homicidio simple, que tenía una pena de hasta 20 años, a homicidio por emoción violenta, que no pasaba de cinco años. Con ese último giro, ya podía darse por cumplido el plazo de prescripción.

-Allí nomás moría el caso, pero logramos presentar una apelación- recuerda Mariano Guzmán, un abogado de ojos pequeños y mirada alerta, sentado en una sala de audiencias vacía de la Corte Superior de Cajamarca.

Guzmán fue uno de los litigantes a lo largo del proceso que aceptó representar a Teófila Sifuentes sin pago de por medio o con una compensación simbólica, hasta que la sobrecarga los hacía desistir. Al momento de tomar el caso, por ejemplo, Teófila Sifuentes ya había perdido contacto con su anterior defensor. La intervención de Guzmán impidió que la causa terminara por ese recurso legal. Tiempo después solicitó que Pereira, quien ya estaba en la clandestinidad, fuera declarado reo contumaz. Hubiera seguido por más tiempo, por lo que llama un acto de justicia, de no ser porque sus propios casos le hicieron inmanejable la tarea. La sola lectura del expediente tomaba demasiado tiempo, así que también tuvo que dejarlo.

Se puede hacer un recuento del caso Carmelita con los siguientes resultados: dos sentencias condenatorias contra el acusado, dos apelaciones a la Corte Suprema, un cambio de tipo penal, un pedido de prescripción, prórrogas, demoras por sobrecarga procesal, y hasta un confuso incidente que alimentó las sospechas justo después de que el juzgado fijó una fecha para la lectura de sentencia definitiva: uno de los tomos del expediente se perdió. Hay un oficio del administrador de la sede judicial de Cajamarca que confirma el extravío. Allí se indica que, en diciembre 2017, tras una nueva apelación presentada por el acusado, el juzgado que veía el caso detectó la falta de un tomo y dispuso su búsqueda. El ejemplar estuvo inubicable por más de cuatro meses, hasta que apareció en una sede judicial distinta. La explicación posterior fue que una trabajadora lo había traspapelado antes de mudarse de oficina.

El congresista Marco Arana hizo seguimiento a la pérdida del expediente a pedido de la madre de Carmelita. Arana, un exsacerdote ecologista que fundó un movimiento político de izquierda, es uno de los seis representantes de Cajamarca en el Congreso de la República y es conocido por su cercanía a grupos de afectados por la minería en esa región. Cuando Teófila Sifuentes le hizo llegar detalles del juicio, el parlamentario decidió indagar. Durante uno de sus viajes de representación para sostener reuniones con sus electores, Arana llegó a comentar el tema con las autoridades judiciales de Cajamarca. Allí confirmó dos cosas: la primera fue que, en efecto, hasta ese momento el tomo con parte del proceso estaba extraviado; la segunda fue que las sospechas sobre los giros extraños del proceso penal no eran infundadas.

-El propio presidente del Poder Judicial nos señaló que, cuando él había visto el caso cuando fue juez de la corte, la defensa legal de Kalinin Pereira lo hostilizó, lo acusó y lo quiso apartar del caso- recuerda Arana en su oficina de Lima.

En los meses siguientes, el parlamentario envió oficios a distintas instituciones públicas para alertar sobre la excesiva lentitud del caso. Uno de esos documentos llegó al despacho del ministro del Interior: Arana recomendaba que se colocara al inculpado, Kalinin Percy Pereira Díaz, en la lista de los más buscados del país y que se le incluyera en el Programa de Recompensas, un recurso que había mostrado efectividad para dar con el paradero de requisitoriados por toda clase de delitos. Poco después, en agosto de ese año, el ministerio hizo público un cartel digital que incluía a Pereira en la lista de prófugos, con la foto de su documento de identidad sobre un recuadro que anunciaba 15 mil soles a quien ofreciera información que ayudara a su captura. En el encabezado del cartel se leía la frase: “Ellos no están alertas todo el tiempo. Nosotros sí”. Habían pasado más de 18 años del crimen.

Mientras el juicio por el crimen de Carmelita seguía su curso, hubo otros abusos graves, violaciones sexuales y homicidios contra trabajadoras del hogar en el Perú -según expedientes judiciales que se revelarán en próximas entregas de esta investigación-. En el 2001 una niña de la misma edad llamada Rosa Ch. fue captada en un pueblo de Amazonas, una región selvática al norte del país, para ser enviada como trabajadora del hogar a Jesús María, un distrito de clase media de Lima; cuatro años después denunció que durante ese tiempo fue violada repetidas veces por el hijo de la dueña de casa, un odontólogo y docente universitario. En enero del 2008 una trabajadora del hogar adulta llamada Irma Gárate fue encontrada muerta en un pozo de agua de la residencia donde trabajaba en Chaclacayo, una zona de casas de descanso en las afueras de Lima; al inicio se acusó del crimen al jardinero, pero luego el hombre fue absuelto. En agosto del 2010, una trabajadora del hogar llamada Martha E.Y. fue condenada a tres años de prisión debido a que su empleador la despidió y enseguida la acusó del robo de un reloj, cuya existencia previa no pudo demostrar ante el juzgado; ella contaría que el propietario de la casa llegó a chantajearla pidiendo sexo para no presentar la denuncia. Ninguno de estos casos terminó en una reparación para la víctima.

Solemos ver episodios así como hechos aislados, pero son parte de una cultura de abuso cuyas evidencias a menudo quedan sepultadas incluso en los archivos del Estado. Una muestra está en medio centenar de expedientes de inspección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), obtenidos por un pedido de acceso a la información, que contienen denuncias atendidas entre los años 2010 y 2018. Uno de esos casos corresponde a una trabajadora del hogar llamada Cirila Huayaconza, quien denunció al MTPE que su empleador la sometía a condiciones humillantes en una casa de Miraflores, un distrito conocido por sus hoteles de lujo y restaurantes famosos: la hacía dormir en la cocina, al lado del balón de gas, y, en el colmo de la insania, defecaba en el suelo por toda la casa y a los gritos la obligaba a limpiar sus excrementos sin instrumentos de protección. El inspector que acudió a verificar el caso dijo en su informe que al momento de la inspección Huayaconza no estaba presente y, por lo tanto, no pudo detectar infracciones a la ley. Otro expediente registra el caso de una trabajadora llamada Doris Cárdenas, quien denunció que había trabajado durante 41 años sin cobrar un sueldo en la casa de otra familia en Miraflores, hasta que un día simplemente la pusieron en la calle con lo que tenía puesto y junto a su hijo de 34 años que padece retardo mental. El inspector del caso confirmó que la trabajadora fue echada de manera abrupta y sin beneficios, pero solo pudo consignar que la dueña de casa ya se había mudado. La respuesta del Estado a denuncias de las propias víctimas no siempre ofrece resultados. En los últimos seis años, la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) –un organismo supervisor adscrito al Ministerio de Trabajo- recibió más de setecientas denuncias por diferentes situaciones de abusos contra trabajadoras. Apenas la quinta parte concluyó en una sanción.

En el país donde una niña trabajadora del hogar fue asesinada a golpes por cometer un descuido, todo dato estadístico es una explicación. Tan solo entre el 2015 y 2018 el Ministerio de la Mujer registró más de 5 mil denuncias por violencia física y psicológica interpuestas por personas, en su mayoría mujeres, que tenían como oficio el trabajo del hogar. Muchas veces los abusadores fueron sus propias parejas, convivientes, hijos o cuñados. Se puede leer muchas cosas de una sociedad donde cinco mil personas –el número legal de ciudadanos que puede pedir la derogatoria de una ley– padecen violencia sin que surja un escándalo. Si se hablara de cinco mil abogadas o cinco mil ingenieras o cinco mil psicólogas violentadas, es probable que la lectura de la situación y sus efectos fueran distintos.

Para costear parte del juicio, Teófila Sifuentes tuvo que vender todo su patrimonio: un terreno y un par de mototaxis. Ahora vive en una habitación prestada. Es un cuarto pequeño, con el espacio justo para dos camas, una mesa de noche y un televisor. La casa pertenece a una experimentada periodista cajamarquina que en su momento se conmovió con los detalles del crimen y durante años siguió los giros del juicio. Se llama Consuelo Lescano y es una de las personas que acumula más preguntas no resueltas sobre el caso: ¿Por qué se retiró a la esposa del acusado de la denuncia original? ¿Por qué la única testigo, la otra trabajadora de la casa, dio versiones contradictorias sobre la presencia del acusado en la escena? ¿Por qué esa testigo murió tiempo después y el hecho pasó desapercibido? ¿Por qué los médicos que hicieron la autopsia pusieron en su informe cosas que resultaron tan abiertamente falsas?

-Ha existido insensibilidad por parte de todas las autoridades- dice Lescano, una mujer de voz gruesa y gestos enérgicos, sentada al borde de una mesa cubierta de recortes periodísticos pasados y copias del expediente judicial.

Uno de esos recortes muestra la única foto que existe ahora de Carmelita, bajo un titular que dice: “¿Se hará justicia con crimen de niña cometido hace 11 años?”. Es un artículo escrito hace mucho por Lescano, en que detalla las circunstancias de la muerte y una cadena de personajes que incluye a médicos, paramédicos, forenses, fiscales, jueces. “Todo el mundo se complotó para dejar impune el homicidio”, señala una línea del texto. Ocho años después de esa publicación, tras el laberinto legal que estuvo a punto de asegurar la impunidad de ese asesinato, Lescano confirma su hipótesis: la muerte de una trabajadora del hogar a manos de un empleador con recursos y buenas conexiones estaba marcada desde el inicio.

-El poder económico puede más, mucho más- comenta.

La última etapa de juicio llegó cuando en Lima, muy lejos de allí, el Congreso de la República discutía la ratificación del Convenio 189, un acuerdo en que todos los países firmantes se comprometen a adoptar normas que respeten los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Mientras la madre de esta niña asesinada movía cielo y tierra para el crimen tuviera castigo, la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) enviaba un documento al Congreso para recomendar que no se ratifique el convenio, porque las labores de las trabajadoras del hogar “no persiguen ningún fin de lucro de orden empresarial” y porque sus miembros consideraban “totalmente inadecuado e inaceptable que se pretenda, a través de proyectos de ley, equiparar a las trabajadoras del hogar con los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada común”, de acuerdo a documentos revisados para esta investigación. Un mes después de que el juzgado anunciara la fecha de sentencia contra el empleador que mató a la niña de esta historia, el Ministerio de Economía y Finanzas mandó un informe al Congreso para observar proyectos de ley que incorporaban beneficios como sueldo mínimo o vacaciones completas para las trabajadoras porque “incidirían negativamente en la formalización” y “afectarían negativamente el acceso de los trabajadores del hogar a los servicios de salud y al sistema de pensiones”. Tres meses antes de que se dictara la última sentencia contra Kalinin Percy Pereira, el Ministerio de Trabajo envió un informe al Congreso que consideraba inviable la misma iniciativa porque el análisis de costo beneficio “no tiene en cuenta los efectos que las medidas propuestas en él puedan tener sobre el Estado y otros actores involucrados”, como los propios trabajadores y trabajadoras del hogar.

A fines de junio del 2018, un nuevo tribunal condenó a Kalinin Pereira Díaz a 12 años de prisión por el asesinato de Carmelita Vázquez Sifuentes. El asesino seguía prófugo de la justicia, pero esta vez con una recompensa por su captura.

La noche del 19 de marzo del 2019, un informante anónimo avisó a la Policía que Kalinin Pereira estaba caminando en los alrededores de un conocido centro comercial de Trujillo, una ciudad costera a cinco horas de Cajamarca. Según el reporte de la intervención, un equipo de agentes encubiertos lo interceptó y comprobó fácilmente su identidad. En las imágenes de la detención, Pereira, ahora de 52 años, aparece con anteojos y una notoria barba que lo hace ver distinto, incluso mayor. Un diario de Trujillo anunció así la intervención: “Capturan a hombre que está sentenciado por homicidio de una menor de 13 años”. En Cajamarca la noticia no tuvo mayor seguimiento.

Días después, Pereira fue recluido en el penal de Cajamarca. Su abogado no aceptó una entrevista para recoger su versión.

Debía ser el cierre de una larga historia de crimen y castigo, pero hay quien duda. Hay quien piensa que una captura así, tan fácil y tan cerca, podría ser una estrategia para aprovechar algún tecnicismo legal. Incluso un hombre acusado del violento asesinato tiene todos sus derechos reconocidos. La madre de la víctima, una trabajadora del hogar, no.