Expedientes del abuso: el riesgo de ser trabajadora del hogar en el Perú

La mañana del sábado 4 de mayo del 2019, un diario popular limeño publicó en su portada un titular de corte policial que daba cuenta de una masacre: una pareja de ancianos había sido asesinada a tiros y sus cuerpos calcinados en su vivienda de La Molina, una urbanización residencial en la zona Este de la capital peruana. El crimen había ocurrido cuatro días antes, en la madrugada del jueves, y quedó al descubierto a raíz de una explosión que desató un incendio al interior de la casa. La policía encontró el cuerpo de la dueña de casa en un pasadizo y el de su esposo en la habitación. Poco después apareció un tercer cuerpo en la zona de servicio: el de Abigail Ramos, la trabajadora del hogar, una joven de 19 años. La noticia pasó desapercibida en medio de los escándalos políticos que remecen estos días a toda la clase política del país.

Abigaíl Ramos estudiaba cosmetología y al momento de morir estaba a una semana de celebrar su cumpleaños número veinte. Ahora es parte de una estadística que refleja los peligros que enfrentan las trabajadoras del hogar en todo el país. Tan solo en el 2018 se registraron más de 1.686 denuncias por agresiones físicas y psicológicas a trabajadoras del hogar, según cifras del Ministerio de la Mujer. Hay rastros de ese clima de abusos en la historia reciente. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2011 arrojó que la mayoría de trabajadoras del hogar en el régimen de cama adentro prestaron servicios durante 57 horas semanales; también indicó que  8 de cada diez trabajadoras recibían pago en especies, como en los regímenes de siglos pasados, y que nueve de cada diez tenían un sueldo menor a la remuneración mínima de la época, que era de 750 soles, unos 230 dólares de hoy. La Encuesta Nacional de Hogares solo vino a confirmar que una casa de familia puede ser uno de los peores lugares para trabajar.

El problema es que el riesgo está más allá de un sueldo bajo por mucho trabajo. Tras revisar expedientes fiscales, judiciales y de organismos supervisores, OjoPúblico presenta ahora cuatro historias que demuestran las críticas condiciones que enfrentan las trabajadoras del hogar en el país: desde abusos laborales y atropellos legales hasta situaciones de violencia e incluso asesinato, mientras los políticos y las autoridades siguen discutiendo los alcances de sus derechos.

Miedo en casa del embajador

La noche del 16 de julio de 1992, una mujer llamada Carmen Almeida se dirigía a su casa cuando escuchó la explosión más atroz de esa década en Lima: dos coches-bomba cargados con media tonelada de anfo y dinamita devastaron varios edificios de la calle Tarata, en Miraflores, uno de los distritos más acomodados de la capital peruana. El atentado causó la muerte de 25 personas, más de cien heridos, millonarias pérdidas materiales, y una secuela de vidas afectadas. Almeida, una de ellas, perdió su empleo de manera instantánea: la onda expansiva destruyó la boutique que administraba.

Carmen Almeida, quien entonces tenía treinta años y una hija recién nacida, no conseguía trabajo. Había estudiado secretariado comercial y esta profesión la había llevado a ocupar puestos administrativos en empresas de transporte y en la tienda de ropa, pero después del atentado las opciones se cerraron casi por completo en medio de un país en crisis. Ella pasó dos años sin recuperar la estabilidad económica. En medio de esa incertidumbre, tuvo que acudir a una agencia de empleos, donde la opción más probable era la de un puesto como trabajadora del hogar. Allí le dijeron que había un posibilidad interesante para trabajar cama adentro en un departamento del exclusivo distrito de San Isidro.

El empleador era Hugo de Zela Hurtado, un reconocido diplomático, por esos días ya retirado, que había sido embajador del Perú en seis países y ante el Vaticano. Con el tiempo, Carmen Almeida iría conociendo los pergaminos del dueño de casa, entre los que destacaba su labor para gestionar la primera visita al Perú del Papa Juan Pablo II en 1985, distinciones otorgadas por distintos gobiernos, e incluso que descendía de un prócer de la Independencia.

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:desc:INJUSTICIA. El sistema judicial resulta apabullante para las trabajadoras del hogar que denuncian a sus empleadores. Las secuelas que se llevan tras un juicio las persigue a través de los años.

Carmen Almeida pasaría 13 años trabajando en casa del exembajador, una posición que necesitaba para mantener a una hija y a su madre. En una entrevista para esta investigación, Almeida dijo recordar que en los primeros tiempos recibió un trato cordial, aunque trabajaba más de 48 horas semanales. Con el tiempo ocurrirían una serie de episodios que la fueron golpeando. Cosas del tipo que en ocasiones, la encerraron con llave cuando atendía las labores cotidianas en la casa de playa que alquiló la familia; o que una vez, en su cumpleaños, se le impidió salir para que no pudiera ir a celebrarlo con su propia familia; y que recibía constantes insultos y maltratos de la hija del exembajador, que un día tuvo un arrebato y arrojó al piso toda la ropa que le había tomado horas planchar. Lo que en un recuento de hoy parecen episodios aislados, en la memoria de Carmen Almeida son hitos de una etapa cuyo recuerdo la puede quebrar. El rasgo más angustioso es que, según afirma, también fue acosada sexualmente por su empleador, en una época en que nadie se preocupaba por el acoso, y menos a una trabajadora del hogar.

Almeida entendió que las cosas no iban a mejorar cuando, hacia el 2003,  descubrió que su empleador recortaba las noticias de los periódicos de la época sobre los alcances de una Ley de las Trabajadoras del Hogar, que daba derechos limitados pero iniciales, como un sueldo mínimo equivalente a la mitad del regular, la mitad de vacaciones, compensación por tiempo de servicios e indemnización por despido arbitrario. El exembajador le decía que eso era solo un proyecto, que ella no tenía esos derechos. Todavía tendría que mantenerse allí algunos años, siempre por necesidad, hasta que en el 2007 Carmen Almeida renunció y presentó una demanda para recibir una compensación por trece años de derechos no reconocidos.

El juicio estaba en una etapa inicial cuando el exembajador Hugo de Zela Hurtado fue incorporado como consultor para la histórica demanda presentada por el Perú ante la Corte Internacional de la Haya con el fin de resolver el diferendo marítimo con Chile. Por los días en que la causa peruana avanzaba en el terreno internacional, el exdiplomático presentaba recursos legales para evitar pagar la liquidación de beneficios sociales en favor de su trabajadora del hogar. Carmen Almeida no cedió en la demanda y en abril del 2011 obtuvo un fallo judicial a su favor que reconoció una deuda por gratificaciones truncas, vacaciones no gozadas y otros derechos postergados por más de una década. El juzgado estableció el pago de una indemnización laboral de más de S/13 mil.

El rasgo más angustioso es que fue acosada sexualmente por su empleador, en una época en que nadie se preocupaba por el acoso, y menos a una trabajadora del hogar.

-Él apeló varias veces- recuerda Carmen Almeida, ahora dirigente de un sindicato que apoya a otras trabajadoras en el reclamo de sus derechos.  

Los documentos del proceso -revisados para esta investigación- revelan que en los meses siguientes, mientras recomendaba públicamente al entonces presidente electo, Ollanta Humala, que ratificara al equipo legal del Perú ante La Haya, el exembajador Hugo De Zela apeló a la sentencia bajo el argumento de que los montos eran inflados. La apelación fue declarada improcedente por estar fuera de plazo. El influyente diplomático llegó a decir que no fue notificado de la sentencia de indemnización, pues a su casa solo había llegado una comunicación dirigida a su esposa. Tras evaluar ese planteamiento, el Juzgado Especializado Laboral y Contensioso señaló que “[...] don Hugo De Zela Hurtado y Eva Martíznez De Zela tienen el mismo domicilio y es obvio que en [el] peor de los casos haya tomado conocimiento del contenido de la sentencia [...]”. El proceso tomaría siete años en total.

Luego de arduas gestiones, Carmen Almeida logró obtener el monto total de beneficios cancelados por su exempleador en mayo del 2014, tres meses después del fallo de la Corte de La Haya que ratificó el dominio del Perú sobre una zona marítima del tamaño de un pequeño país europeo.

A una consulta realizada por OjoPúblico, el exembajador Hugo de Zela dijo que cumplió con todo los beneficios, pero sin extender ningún medio comprobatorio a pedido de su antigua trabajadora del hogar. También señaló que en el juicio presentó un documento firmado por Carmen Almeida que señalaba el cumplimiento de todos los derechos legales, aunque reconoció que fue desestimado por el juez. “Eso ya quedó saldado con lo que tuve que pagar”, indicó. Sobre el señalamiento que hace Almeida por el presunto acoso sexual que sufrió de su parte, el antiguo diplomático respondió: “Es un argumento que usan casi de cajón, que me imagino la indujeron. Absolutamente nada”.

Desde el sindicato que lidera, Carmen Almeida dice que hay un costo personal más profundo que el dinero para las trabajadoras del hogar que dedican su vida a otras familias por largos años. El de ella es que no pudo criar a su hija, pues debía dejarla al cuidado de su madre.

-Nos quedan secuelas de todo lo que pasamos - señala Almeida-. Son heridas que con el tiempo las he sanado.

La máquina para destruir vidas

Una noche de febrero del 2004, una trabajadora del hogar fue arrestada por el presunto delito de hurto agravado en el distrito financiero de San Isidro. Esta vez se trataba de Martha E.Y., quien entonces tenía 33 años y llevaba seis meses en casa de un empresario importador de frutas. Su empleador la acusaba de haberse apoderado de un reloj de pulsera marca Omega, valorizado en  US$2.600, que, según dijo, estaba en el velador junto a su cama. De acuerdo a la primera versión de Falconerio Jara, el empresario, ambos vivían solos, de modo que la trabajadora era la única persona con acceso al dormitorio.

Lo que siguió fue la muestra de un mecanismo que suele apabullar a la parte más débil de una controversia.

Desde el primer momento, Martha E.Y. -quien accedió a una entrevista bajo condición de reserva de su identidad- rechazó las imputaciones. Según su manifestación a la Policía y en las instancias judiciales, el día del supuesto robo hubo más gente en la casa, familiares de Falconerio Jara. Aunque admitió haber ingresado al dormitorio de su empleador, para ordenar objetos que estaban fuera de lugar, negó haber visto el reloj en cuestión. En los días siguientes, a la advertencia de Jara, hizo una búsqueda en la casa, sin resultados. Entonces ocurrió algo que las autoridades no valoraron: según Martha E.Y, su empleador, que ya antes la había acosado sexualmente, empezó a amenazarla con presentar una denuncia si no cedía a sus requerimientos para tener relaciones sexuales. Un día le dijo que iba a llevar dos policías para que se la llevaran presa. Falconerio Jara presentó la denuncia 2 semanas después de ocurrido el presunto robo. La Fiscalía asumió como cierto casi todo lo que alegó.

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:desc:OCULTAS. En la privacidad de un hogar se hallan los crímenes más atroces: tan solo en el 2018 se registraron más de 1.686 denuncias por agresiones físicas y psicológicas a trabajadoras del hogar, según cifras del Ministerio de la Mujer.

En septiembre del 2008, Martha E.Y. fue condenada a tres años de privación de la libertad y a la reparación civil de S/500 por el presunto robo. El único detalle que no calzaba es que el empleador no pudo demostrar la existencia previa de ese reloj. Cuando el juzgado pidió pruebas, el empresario entregó la proforma de una casa relojera, donde había anotaciones de un presunto trabajo de reparación. Si no había un comprobante de compra, según dijo, era porque había sido un regalo de una hija que vivía en el extranjero.

La sentencia no solo hizo caso omiso a la alegación de la trabajadora sobre el chantaje de parte de su empleador, sino que la desestimó por completo: “[...] los argumentos de que presuntamente era acosada sexualmente no son materia de discusión para los efecto de estos, deben tenerse como un mero argumento de defensa con el único fin de eludir su responsabilidad penal”. En esa época, el delito de acoso sexual no estaba regulado en el Código Penal, que solo lo incluye desde el 2018. A la fecha existen tres sentencias. Catorce años atrás, Martha no tenía un instrumento legal, ni testigos ni pruebas que la amparen.

Su empleador, que ya antes la había acosado sexualmente, empezó a amenazarla con presentar una denuncia si no cedía a sus requerimientos para tener relaciones sexuales.

Los hechos pueden ser más graves. La noche de la pérdida del reloj, hubo un hecho confuso que Martha E.Y. jamás denunció: el exempleador le dio una pastilla para el dolor de cabeza. Una vez en su cuarto, ella la tomó y se quedó profundamente dormida. Al otro día amaneció con mareos, y se dio cuenta que tenía la camiseta y el sostén rotos, y los aretes en el piso. Desde esa noche el acoso no cesó, recordaría la trabajadora durante la investigación. Su testimonio quedó registrado en los documentos policiales, pero finalmente pasó al archivo, como muchos casos que desaparecen en el anonimato o incluso en los expedientes del Estado. Cifras del Ministerio de la Mujer consultadas para esta investigación indican que en los últimos cuatro años se registraron apenas 37 denuncias de trabajadoras del hogar víctimas de acoso sexual y 48 denuncias por actos contra el pudor. El panorama de abusos es bastante más amplio: 1.085 trabajadoras fueron agredidas con puñetazos; 750, con jalones de pelo; y 698, con bofetadas. De acuerdo a la información oficial, al momento de presentar su denuncia, 529 de esas trabajadoras del hogar se encontraban bajo riesgo severo.

En el 2014, la Corte Superior de Justicia revisó el caso y absolvió a Martha E.Y al no existir medios probatorios consistentes sobre el delito. Para entonces, Matha E.Y, quien todavía se desempeña como trabajadora del hogar, padecía otras afectaciones adicionales que agravaron su situación: desarrolló cáncer, su padre falleció y perdió un terreno que tenía en San Juan de Lurigancho.

-Tuve que quemar todo [el expediente]-dijo para este reportaje-. Fue como para borrar algo que me hizo demasiado daño.

La única compensación que tuvo a lo largo de esta historia se la dio un juzgado laboral que ordenó a su empleador el pago de una indemnización de 700 soles -poco más de 200 dólares- por seis meses de trabajo. El suyo tampoco es un caso aislado: en los últimos diez años, más de 32 mil trabajadoras del hogar acudieron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para realizar algún tipo de consulta laboral a la Subdirección de Asesoría del Trabajador y Defensa Legal Gratuita. Las denuncias deberían traducirse en órdenes de inspección, pero la data oficial del MTPE -obtenida por OjoPúblico mediante un pedido de acceso a la información pública- solo consigna 56 órdenes de inspección, de las cuales apenas en seis casos se emitió una sanción. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por su parte, registró 706 órdenes de inspección como parte de sus atribuciones como organismo autónomo. De ese universo, impuso sanciones en 142 casos.  

Varias veces víctima

La tarde del  27 de junio del 2005, en una oficina de la División de Investigación de Personas Desaparecidas, un policía tomó la declaración de una trabajadora del hogar de 16 años que denunciaba ser víctima de abuso sexual. La transcripción de ese momento, escrita con el lenguaje impersonal de los documentos policiales, dice lo siguiente:

-¿Cuándo usted indica que era víctima de acoso sexual por parte de la persona de José Antonio Cabrejos Álvarez, precise si fue víctima de violación sexual?

-Esta persona me violó cuando contaba con la edad de 14 años fue un día sábado a hrs. 23:00, aprovechando que me encontraba sola, posteriormente con chantajes y amenazas ha venido abusando sexualmente de mi persona.

Esa fue la primera vez que Rosa Ch., una joven que fue traída de Amazonas desde los 13 años para trabajar cama adentro, reportaba ante una autoridad lo que le había pasado. Los hechos ocurrieron en un departamento de la Residencial San Felipe, un emblemático conjunto habitacional de clase media de Lima, donde debía atender a una familia integrada por la dueña de casa, la anciana madre de la dueña de casa y el hijo de la dueña de casa, un sujeto que rondaba los cuarenta años. En esa vivienda había sido sometida a una rutina que, a decir de la niña, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Por ese trabajo recibía un pago de S/100 al mes, poco más de treinta dólares. Era un régimen opresivo: la empleadora la maltrataba, la insultaba y la tenía encerrada para evitar que escapara. Rosa Ch. debía dormir en la misma habitación de la anciana, para atender cualquier necesidad durante la madrugada. Una noche en que la dueña de casa y su madre habían salido, el hijo se metió al cuarto y la violó por primera vez. Ella tenía 14 años. Los detalles del hecho aparecen en la transcripción del testimonio de la menor con una acotación escrita por el agente policial: “En este estado, la adolescente se puso a llorar”.

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:desc:RECUERDO. El cuaderno de Rosa Ch., una trabajadora del hogar de 16 años que sufrió de abuso sexual por el hijo de su empleadora.

Las agresiones llegaron a repetirse cada semana. De acuerdo al testimonio de la niña, antes de consumar el acto sexual, el agresor la obligaba a ver películas pornográficas. Un día la dueña de casa regresó de improviso y, al entrar al cuarto, encontró a su hijo mientras manoseaba a la niña. Enfurecida, en vez de increpar al sujeto, la mujer empezó a golpear a la víctima. Rosa Ch. aprovechó un instante de descuido para escapar. Ese día llegó al Museo de Pueblo Libre, donde se encontró con una amiga, también trabajadora del hogar. Ella la llevó a buscar ayuda al Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar (CCTH), una institución que ofrece apoyo legal a personas ejercen este oficio.

-Siempre le preguntaba cómo estaba, pero nunca me dijo nada. De seguro no quería que me preocupe - lamenta la madre de Rosa Ch., en una llamada telefónica, desde el pueblo amazónico de Pomacochas-. Tantas cosas que ha pasado mi hija que no se merecía.

Una noche en que la dueña de casa y su madre habían salido, el hijo se metió al cuarto y la violó por primera vez. Ella tenía 14 años.

El juicio fue otro tormento para Rosa Ch. Tuvo que pasar varias veces por interrogatorios en los que se cuestionaban los detalles de la violación y los abusos que había padecido. La defensa de José Antonio Cabrejos Álvarez, el agresor, intentó desacreditar el testimonio de la niña usando algunas cartas amorosas y su forma de vestir para decir que había tenido otras parejas sexuales, un marco de especulaciones alimentado incluso por el Certificado Médico Legal, que señaló que la víctima presentaba himen complaciente.  Aunque el dictamen pericial de psicología evidenció indicadores emocionales de abuso sexual, el juez del caso concluyó que esos indicadores no eran suficientes para establecer la responsabilidad del acusado, y en abril del 2007 Cabrejos Álvarez fue absuelto del delito de violación sexual.

El Ministerio Público apeló el fallo. Pasarían otros siete años antes de que el agresor de Rosa Ch. fuera condenado a 6 seis años de pena privativa de la libertad efectiva y a la reparación civil de cinco mil soles. La justicia llegó tarde: ese mismo año, ella murió en circunstancias extrañas. Una versión decía que se había suicidado. Otra versión, que su madre tiene hasta ahora como más probable, señaló que había sido víctima de un feminicidio. Ninguna de las personas entrevistadas para esta investigación conoce con certeza las causas de su muerte.

Tres años después, en el 2017, José Antonio Cabrejos Álvarez -quien no respondió a un pedido de entrevista para este reportaje- se acogió al beneficio de semilibertad por buena conducta. Ese año, el Ministerio de la Mujer registró 31 casos de abusos sexual contra trabajadoras del hogar.

Irma: el asesinato impune

A las 7 de la noche del 29 de enero del 2008, la Policía de Chaclacayo  recibió el aviso de un hallazgo macabro: el jardinero de una residencia encontró el cuerpo de una mujer sumergido en el pozo de agua. La víctima tenía 26 años, se llamaba Irma Gárate, y era la trabajadora del hogar. Al momento del hallazgo, Gárate llevaba ocho días desaparecida. Los peritos describirían que su cadáver presentaba cortes por arma blanca y que había sido amarrado a una pesa de cemento que la arrastraba hacia el fondo del pozo.

El crimen ocurrió en la casa de un abogado llamado Leoncio Jáuregui Maldonado, quien en ese tiempo se desempeñaba como asesor jurídico del Ministerio de Justicia. Era una propiedad que constaba de una vivienda de dos pisos, rodeada de jardines, una cancha deportiva con césped artificial y una piscina. Gárate atendía allí a Jáuregui y a su madre, una mujer de 78 años de edad. La joven trabajadora, natural de Moyobamba, tenía casi un año en esa casa, donde también laboraban un chofer y un jardinero. Este último sería el principal sospechoso del homicidio.

En las primeras pesquisas, la Policía encontró vasos y botellas de cerveza en la habitación de la víctima, que había permanecido cerrada desde su desaparición. Por las manifestaciones de los testigos se estableció que la noche del crimen se había realizado allí una despedida para el jardinero Alejandro Ramos, quien debía partir a otra ciudad al día siguiente. El empleador de Irma Gárate declararía que al llegar la mañana, ella no se levantó a tiempo para preparar el desayuno, y que cuando fueron a buscarla, encontraron que la puerta de su habitación estaba cerrada con candado por fuera. Por esa razón había mandado al nuevo jardinero a que abriera la puerta y una vez en el interior encontraron parte de sus pertenencias. Según el empleador, esos detalles le hicieron pensar que Gárate se había marchado sin avisar, y que tal vez regresaría en unos días. No era la primera vez que ocurría algo así, según dijo.

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:desc:VÍCTIMAS. Buscador reúne el historial de abusos y crímenes cometidos contra trabajadoras del hogar en América Latina. Desde episodios de abuso sexual, homicidio y falsas acusaciones de robos hasta juicios por abusos laborales.

El hallazgo del cuerpo reveló detalles siniestros. La policía detectó a simple vista unas manchas rojizas en las paredes del dormitorio de Irma, que dieron los primeros indicios de cómo se produjeron los hechos. Una semana después, los peritos de criminalística hicieron una prueba con luminol que evidenció la brutalidad del asesinato: el reactivo mostró manchas brillantes que se esparcían por la habitación y por una vereda que conducía al pozo. Una testigo de ese peritaje, entrevistada para esta investigación, recordaría un detalle que la estremecería para siempre: las huellas de las manos de la víctima en el suelo, como si hubiera sido arrastrada por su victimario.

-Esa imagen ha sido lo más impactante para mí- dice Leddy Mozombite, una extrabajadora del hogar que ahora dirige uno de los principales sindicatos del sector-. Creo que ella murió sabiendo que no tenía familia acá, como muchas que vinimos.

A pesar de la violencia del asesinato, el empleador dijo que no escuchó ruido alguno en la noche del crimen. La sospecha recayó casi de inmediato en el jardinero que también se había marchado en esos días. Alejandro Ramos sería acusado del asesinato, pero poco después fue absuelto por falta de pruebas. En la resolución que lo liberó se señalaron algunos detalles poco claros. Uno de los principales era una versión del dueño de casa que dijo haber supervisado arreglos en los jardines de la casa, cerca del pozo, cinco días después del crimen, pero no percibió ningún olor extraño ni detalle alguno de lo que descubriría poco después. La fiscalía consideró que esa versión no era creíble, considerando que en ese momento el cadáver ya tenía cinco días escondido en el pozo. En septiembre del 2011, el Ministerio Público recomendó investigar al empleador por el presunto delito de homicidio. Jáuregui no pudo ser ubicado para esta investigación, pero no registra denuncias por este caso. El expediente fue archivado en marzo del 2012.

-No se pudo llegar hasta el final, fue un crimen que quedó impune- dice el abogado Gustavo Reyes, quien representó a la parte agraviada.

Irma Gárate estaba realmente sola en Lima. Su cuerpo fue velado en el local de un sindicato de Breña, en un ataúd donado por la Beneficencia Pública, que además otorgó un nicho para ella en el cementerio Presbítero Maestro. Solo su madre, hermana, el abogado y algunas trabajadoras del sindicato cargaron el féretro.

Historias como estas pasan de las páginas policiales a los archivos del Estado en medio de una indiferencia generalizada. En los cuatro últimos años, unas cinco mil trabajadoras del hogar sufrieron maltratos físicos o psicológicos por parte de distintos agresores, desde sus propios familiares hasta sus empleadores. El clima de abusos tiene todavía muchos casos ocultos.